Inseguridad vial. Pandemia oculta sin tratamiento

La inseguridad vial, provoca 1.300.000 muertos y 50.000.000 de lesionados/año en el mundo. La magnitud de esta pandemia, llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a organizar una reunión de alto nivel para buscar soluciones.

 António Guterres, Secretario Gral. de la ONU,  recordó que el 90% de los accidentes de tráfico ocurren en  países de renta baja y media y que son la primera causa de muerte entre los 5 a los 29 años.

“Es una tragedia inaceptable puesto que muchas de estas muertes se pueden evitar.”

Uruguay, sufre también esta pandemia, con 434 muertos y 23.400 heridos en 2021. 

Al igual que a nivel global, la inseguridad vial afecta sobre todo a los sectores pobres de la sociedad. 

El 50% de los muertos y el 70% de los heridos graves son motociclistas. 

El 70% de las muertes en el tránsito ocurren en peatones, ciclistas y motociclistas

 

“Guterres advirtió que las carreteras inseguras constituyen un gran obstáculo para el avance de las naciones en desarrollo, puesto que les generan pérdidas anuales de entre 2% y 5% de su Producto Interno Bruto.

El titular de la ONU señaló que familias enteras pueden caer en la pobreza debido a la pérdida del principal sostén económico o a los gastos médicos prolongados y la pérdida de ingresos.”

 

Uruguay presenta una situación estancada en la mejora de la seguridad vial, con cifras similares a las del 2016, producto de la indiferencia de las autoridades.

 No se ha actuado con ahínco, ni en la mejora de la flota de vehículos, ni en la estructura y diseño de las vías de tránsito para hacerlas más seguras; tampoco se mejoró la escasa fiscalización, ni la deficitaria atención médica post-siniestro. 

La legislación con exigencias en seguridad vehicular, avanza con parsimoniosa lentitud, acorde a los deseos de ACAU (Asociación del Comercio Automotor del Uruguay).

 Hace 6 años se comenzó a elaborar la ley que exige frenos ABS/CBS en motos y ESP/ESC o Control de Estabilidad en automóviles; lleva 3 de aprobada ya, sin reglamentar. 

Sumado al lento avance en legislación, el Estado aplica una política impositiva distorsiva sobre el sector automotriz, haciendo que la mayoría de la población utilice vehículos viejos, de baja seguridad, con una alta tasa de siniestralidad, y haya un gran número de motos de muy mala calidad. 

Esta política impositiva que se supone tiene como objetivo redistribuir riqueza, lo que está redistribuyendo es la mortalidad y morbilidad en el tránsito, provocando una altísima tasa de muertos y heridos entre los más pobres.

El Estado gasta mucho más de lo que recauda en impuestos a los vehículos, en atención sanitaria a las víctimas del tránsito.

Lo recaudado por el sector automotor es una porción pequeña del total. La contribución por este rubro de IMESI sería menor al 1%, representando apenas 0,5 puntos de IVA. 

Mientras que el gasto generado al Estado por la siniestralidad vial, se estima en un 3% del PBI. El doble o el triple de lo recaudado.

Las autoridades perciben el pésimo resultado que genera su política global en seguridad vial? Parece que no. 

 El Estado está provocando un nivel alto de inseguridad vial, que recae sobre los más pobres, sumado a que gasta más de lo que recauda, además del enorme costo en sufrimiento humano, por las vidas perdidas, las lesiones graves invalidantes, y la profundización de la pobreza en las familias afectadas por la siniestralidad vial.  

Necesitamos medidas más ambiciosas y urgentes para reducir los mayores riesgos, como el exceso de velocidad; la conducción bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga; la falta de uso de cinturones de seguridad, cascos y sistemas de retención infantil; la infraestructura vial insegura y los vehículos inseguros; la poca seguridad para los peatones; y la aplicación inadecuada de las leyes de tránsito”, recalcó Guterres, el Secretario Gral. de la ONU.

El objetivo de las columnas que iré publicando en este portal, será promover el cambio de enfoque de las políticas públicas sobre la epidemia de inseguridad vial, para que las autoridades  tomen conciencia de que se puede y se debe tratar esta enfermedad, con un enfoque basado en obtener un sistema seguro en el tránsito, dejando de lado el clásico enfoque culpabilizador de la víctima, como único y predominante responsable de los siniestros. 

  Actuando en este sentido, estaríamos evitando la pérdida de capital humano y económico tanto a nivel individual como a nivel del país, y sobre todo, promoviendo la equidad de todos los ciudadanos, con el objetivo puesto en que estén todos en igualdad de condiciones de seguridad en el tránsito, democratizando el acceso al mismo nivel de seguridad vial, independientemente de que sean ricos o pobres. 

No es admisible que la mayoría, sobre todo los más pobres, tengan que pagar con su vida el ejercicio de su derecho a la movilidad.