Nunca un fiscal tuvo un caso más sencillo como el que aparentemente va a tener que dilucidar, cuando llegue a sus manos la denuncia sobre el uso indebido del Hospital Policial, dispuesto por el ex Director General del Ministerio del Interior, y actual senador por el MPP, Charles Carrera, en beneficio de su esposa de la época. En efecto, para cerrar el caso bastará que el ex jerarca y actual legislador exhiba un recibo de su sueldo, en el que conste el descuento que se le practica a todos los funcionarios presupuestados del Ministerio del Interior, para financiar la prestación a cargo de la Dirección de Sanidad Policial.
Las leyes y decretos que regulan la prestación de ese servicio no incluyen a los civiles que son titulares de cargos políticos en ese Ministerio, ni mucho menos a su familia. Si además del caso verificado con la esposa del actual senador Carrera surgen otros, es de esperar que se proceda del mismo modo, sin hacer diferencias o distingos según la pertenencia de tal o cual jerarca a determinado partido político.
Así funciona el Estado de Derecho. Pero se ha acumulado ya demasiada evidencia para llegar a la conclusión de que en el Ministerio del Interior, al igual que en otras reparticiones del Estado, el cumplimiento de las normas jurídicas era un obstáculo que se podía salvar rápidamente, si para ello mediaban razones políticas, como con gran poder de síntesis expresó en su momento el ex presidente Mujica, cuando aseveró que «lo político está por encima de lo jurídico».
Lo político, además, ha sido un componente de tan alto peso en la gestión de los 15 años del Frente Amplio en el Ministerio del Interior, que ha impedido hasta ahora determinar quién disparó el balazo desde la casa del subcomisario de La Paloma, que dejó en silla de ruedas al militante del MPP (nada más ni nada menos) Víctor Hernández. Una investigación en principio bastante simple, se ha visto frustrada a lo largo de los años, al punto de que un perito policial llegó a sugerir la hipótesis de que el disparo pudo haber partido desde un árbol cercano. Hasta ese extremo llegó el afán de encubrir ese delito, sin que hasta ahora haya surgido una explicación razonable por esa cadena de omisiones y negligencias, incomprensibles en un instituo policial profesional.
El «caso Marset», junto al «caso Mutio» -ambos de más reciente data- incorporan un elemento que sólo puede aumentar la suspicacia de la población ante el grado de influencia que ciertos sectores de la delincuencia vinculada al tráfico de drogas pueden ejercer en el ámbito de la seguridad, y aún de la propia justicia.
Las respuestas, hasta ahora, no resultan del todo satisfactorias. Pero es imperioso que se pueda llegar a una explicación razonable, que además de corregir abusos en el uso de los recursos públicos, permita neutralizar vínculos entre entidades estatales y organizaciones criminales.