Compromisos laborales me han mantenido alejado de nuestro público ya por demasiadas semanas. Hoy quiero corregir eso en tren de iracundia, retomando un tema que me preocupa cada vez más: la libertad individual. Estamos retrocediendo, por muchas razones, a tiempos en que todos los días perdemos un poco más de esa libertad que significa que el Estado no se meta en las acciones privadas de los individuos cuando ellas no perjudican más que al actor.
Sin duda que el Estado tiene que intervenir para asegurar que los derechos de uno terminen donde empiezan los de los demás. Concepto difuso que se parece a lo de lo de si la pelota estaba afuera o no porque un pequeño pedacito de la globa coincidía con el extremo externo de la raya de cal. Activistas, organizaciones, periodistas, especialistas en lobby, políticos, fiscales, jueces, y, en general, todo lo que llamamos el sistema, aspiran a tener cada vez más control de los actos individuales, sobre bases totalmente voluntaristas, económicas y morales propias, sin soporte democrático mayoritario.
Uno de los ejemplos más clásicos, sobre el que centraré este artículo, es la dictadura de la salud. Sé que mucha gente pegará un respingo cuando lean estas palabras porque pensarán que estoy adhiriendo a las tesis de mis denostados “negacionistas”, pero no, no es así. A lo que me refiero no es al cometido real, concreto, sensato y razonable de la administración y el cuidado de la salud pública, sino a la interferencia con la vida personal para evitar daños individuales que eventualmente (esa es en definitiva la justificación) les salen “muy caros” a la sociedad.
Detengámonos en la lucha contra el tabaco, como un caso particular del combate a las drogas. No voy a abundar acá en la conocida prohibición del alcohol en USA en los 20 del siglo pasado (un fracaso reconocido y enmendado) o la lucha contra las drogas sicoactivas (un fracaso conocido, pero no reconocido y mucho menos enmendado) sino a la fantástica y orwelliana prohibición completa de adquirir productos de tabaco a las personas nacidas después de 2009 en Nueva Zelandia [1]. La justificación, según la Ministra de Salud Ayesha Verrall es
“Miles de personas vivirán vidas más largas y saludables y el sistema de salud tendrá una mejora de $5.000 millones al no tener que atender las enfermedades causadas por fumar, como numerosos tipos de cáncer, ataques cardíacos, derrames cerebrales, amputaciones”,
Lo peor de esa justificación es que sea aceptada pacíficamente e incluso con loas. El Estado toma por mí decisiones sobre lo larga y saludable que será mi vida. Pensé que ese era un detalle que me correspondía decidir a mí. Pero, además, nótese el verdadero cangrejo debajo de la piedra: el gobierno se va a “ahorrar $5.000 millones al no tener que atender…”. Dólares neozelandeses, pero bueno. En ningún lado se dice que ese dinero se lo van a retribuir a los ciudadanos, recuperando para sus bolsillos parte de lo que pagan. No señor. Se los va a ahorrar el gobierno que podrá usarlos para otras cosas, usualmente su propio mantenimiento. Muy de acuerdo con la veta fundamentalista y autoritaria de la Primera Ministra.
Veamos ¿es conveniente no fumar? Claro que sí. ¿Es conveniente que un gobierno adopte políticas de salud pública que protejan a quienes no quieren consumir aire enrarecido (sea por el tabaco, la marihuana o los gases contaminantes del transporte)? Sí, claro que sí. Ahora, ¿es razonable que un gobierno le diga a un individuo cómo debe comportarse en su intimidad, cuando no dañe o perjudique la salud de otros? ¡No! ¡Rotundamente no! ¿Es que no hay manera de proteger la salud pública sin afectar los derechos individuales? Y de nuevo la respuesta es negativa: sí existen formas de proteger la libertad individual sin afectar la salud pública. Y también sin afectar las finanzas del sistema de salud, que aparentemente es el cogollo de la prohibición.
Veamos por ejemplo nuestro caso nacional, emblema del fallecido Dr. Tabaré Vázquez. Por ley se prohibió el consumo de productos de tabaco (por el momento incinerado, en cualquier momento también calentado) en espacios cerrados. Razonable desde el punto de vista de la salud pública, de aquellos que están obligados a convivir en un espacio viciado debido al gusto y la preferencia individual de otro. Pero ¿por qué no es posible tener espacios de recreación diferenciados? En particular, ¿por qué no permitir que un restaurante, un bar, una confitería, una disco, se declaren “adictos al humo” y adviertan clara y públicamente que en ese espacio está permitido fumar en el interior? Cualquier cliente que concurra al establecimiento habrá dado su consentimiento informado de que puede ser afectado por el humo de tabaco y puede retirarse libremente. No así los trabajadores, por lo cual estos comercios deberían pagar un seguro especial para ellos por desempeñar una tarea insalubre. De tal forma que si su salud se viera afectada, no fueran ni ellos ni la sociedad los que se encargaran de cubrir los gastos asociados. Libertad responsable.
Pasemos ahora al tema del “costo para la salud pública”. Este es un argumento muy falaz, que en otro momento podemos discutir con números. Desdeña tres aspectos. Primero, que los fumadores que efectivamente tienen problemas de salud viven menos y, por lo tanto, se sustituye un gasto extenso en el sistema de salud por uno intenso. Que, segundo, esta mortalidad y problemas de salud ocurren normalmente en el final de la etapa productiva del trabajador, por lo cual le ahorra el costo de su pensión al sistema de seguridad social. Y tercero, que hasta el momento en que tiene una afectación de salud específica, el trabajador es un contribuyente neto al sistema de salud, muy al contrario de lo que pretenden hacer creer los gobiernos.
El que no se encuentren alternativas para paliar estas cosas es simplemente falta de inteligencia. A vuelapluma, podemos considerar un sistema donde la contribución al sistema de salud funcione como un seguro a futuro: una parte como ahora, para pagar gasto corriente, y otra acumulativa como en las AFAPs. En caso que en el momento de acceder a la última etapa de su vida el trabajador esté sano de cualquier enfermedad derivada específicamente del tabaquismo (u otras adicciones), esa parte acumulada del seguro se le devuelve con las utilidades generadas, justo en un momento en que el tratamiento de los problemas de salud relacionados exclusivamente con el envejecimiento se vuelve más oneroso. Por el contrario, si se constata que el trabajador tiene una de esas enfermedades relacionadas con algo que eligió voluntariamente hacer (no me refiero a trabajadores afectados por lugares contaminados, p.ej.) ese seguro se usa para cubrir los tratamientos necesarios, haciendo que ya le “cueste” poco al sistema. Y sin ni siquiera considerar los tres ítems que mencioné en el párrafo anterior.
El fracaso de la prohibición del alcohol, de la guerra contra las drogas y el combate del tabaquismo (en otro momento escribí cómo en realidad la baja de consumo de una droga incide en el aumento de consumo de otras) deberían demostrarnos que existe un único sistema teóricamente sustentable para aproximarnos al tema de los vicios individuales con consecuencias en la salud del paciente (sea obesidad, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, etc.) que intento presentar en esta rueda de conceptos.
En algún otro artículo les hablaré de estos conceptos y el flujo de caja implícito y explícito, que puede financiarse fácilmente desmontando los instrumentos fracasados que hemos usado hasta el presente.
Pero respecto a la libertad individual inocua para los demás ¡prohibido prohibir!