La Reforma Previsional, una inoportuna responsabilidad

por Jorge Martinez Jorge

 

“Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos eludir las consecuencias de eludir nuestras responsabilidades” Josiah Charles Stamp

“Un gobernante nunca carece de razones legítimas para romper sus promesas” Nicolás Maquiavelo

 

En uno de los capítulos semanales, mensuales, diarios, de las “crónicas de un desvarío” aún por escribirse, las hordas frenteamplistas, afectadas del Síndrome Postraumático posterior a las sucesivas derrotas electorales desde 2019, acuñaron por algún tiempo una frase, la de “un gobierno sin rumbo” que fue repetida hasta el hartazgo, ajeno y propio.

De la miríada de calificaciones y acusaciones que brotan de la toldería de la calle Jackson, tal vez la más injusta es precisamente esa, la de carecer de un rumbo. Veamos por qué.

Un rumbo de gobierno

 

El rumbo propuesto por los Partidos coaligados tras la candidatura del actual presidente estaba contenido en un documento llamado “Compromiso con el país”, síntesis de Programa de Gobierno común, que en definitiva fue el que apoyó la mayoría de la población.

Dentro del Capítulo 9 del “Compromiso” -de título tan paternalista como el de “proteger a los más débiles”-, el contrato propuesto a los orientales y ratificado por la mayoría en las urnas decía “Iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”

Se podrá decir que el rumbo no es el adecuado, y ello forma parte del derecho democrático de la libertad de pensamiento y expresión, pero lo que no se sostiene es que no haya rumbo.

Se podrá argumentar que muchas de las cosas comprometidas no han sido hechas, que en otras se ha avanzado poco, o los resultados no son los esperados. Todo ello es legítimo y materia opinable.

Lo que NO se puede (o no se debe) discutir, con un mínimo de base racional, es la voluntad -en especial del Presidente de la República- de cumplir con el Compromiso asumido, aún a costa de pagar costos políticos que otros, y otras fuerzas políticas, han evitado sistemáticamente.

La ética de la responsabilidad en el gobierno

 

Una señal clara de que, a pesar de los inevitables imprevistos -la pandemia, entre otros- se proponía cumplir hasta donde fuera posible con el compromiso asumido, lo tuvimos con la presentación, discusión, aprobación y posterior defensa de la Ley de Urgente Consideración. También entonces, el Frente Amplio amenazó con incendiar la pradera, aunque votó media ley, y terminó haciéndolo cuando el PIT-CNT lo puso contra las cuerdas lapicera en mano.

Constituida la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) bajo la presidencia del Dr. Rodolfo Saldain, con 15 integrantes pertenecientes a todos los partidos -Frente Amplio incluido, naturalmente- y diversas “fuerzas sociales” -el PIT-CNT entre ellos, obviamente- ya en el segundo semestre de 2020, y aún cuando los plazos se vieron prorrogados en más de una oportunidad, era claro que desde la Coalición de gobierno, y en especial, del Presidente Lacalle, existía la voluntad expresa de cumplir con lo prometido.

En medio, por parte de la oposición se puso en cuestión lo que pretendía ser un trabajo técnico, con la renuncia de sus delegados con Murro a la cabeza, en un intento de desmarcarse del resultado final.

Visto lo visto, y tras una eterna negociación a la interna del redil sobre “cuánta agua era posible agregarle a la leche sin que la leche deje de ser tal”, el Proyecto se acordó, se tramitó y se convirtió en Ley.

Es el resultado de la aplicación, por parte de un gobernante, de la ética de la responsabilidad como marco de acción (más adelante, veremos una posible interpretación política del apego a esta forma de actuar que, obviamente, hace caso omiso de costos de oportunidad).

Aprobación e histeria opositora

Tras la aprobación y como era de preverse, las oposiciones políticas, sindicales y corporativas salieron con toda la munición disponible a practicar una suerte de escrache público al satánico gobierno que, de manera artera y sin darle participación (¡Murro, diga algo!) a “la gente” descargarle el mazazo de obligarles a trabajar, en un futuro más o menos lejano, dos años más y cobrar menos cargando sobre las espaldas “de-las-y-los-trabajadores-y trabajadoras” el peso de los costos.

Cuando una persona o partido es (o cree serlo) el campeón moral de las causas populares, se siente relevado de presentar prueba alguna y hasta de ignorar sus propios dichos en sentido contrario.

Sin embargo, el lector al cual esta columna apela seguramente ya ha visto, escuchado y leído, por ejemplo, a los dos integrantes de la fórmula del segundo gobierno frenteamplista, Mujica y Astori, diciendo lo que todos ya sabíamos: que la de la Seguridad Social era la Reforma inevitable. Más años de aportes, cambio en los años y tasa de reemplazo, entre otras cosas.

 

Desde la incuria de tres gobiernos, convenientemente avalada por el silencio cómplice de los compañeros de ruta -esos que, eternos turiferarios del poder se sienten tributarios de la munificencia estatal- pasando por los actuales voceros de esa vocinglera oposición, no han hecho otra cosa que el uso y abuso de la oportunidad que, llevada al terreno de los eventuales costos políticos de asumir responsabilidades, se llama lisa y llanamente oportunismo.

Dejar un presente griego a quien ha de venir, con intencionalidad manifiesta sea el otro quien deba asumir los costos, es el ejercicio obsceno de un oportunismo que es la antítesis de la responsabilidad exigida a un gobernante.

La ética de la oportunidad, la política y el gobierno

El aserto de Maquiavelo del acápite refiere en buena medida, a que, ineludiblemente el gobernante ha de atender, dadas determinadas circunstancias, por optar por “romper” o postergar una promesa, si de estas pudiera provocarse un perjuicio mayor que los eventuales beneficios.

Ello nos lleva a dejar anotado que, la oportunidad vista desde la óptica del ejercicio responsable del gobierno no siempre tiene un aspecto negativo, sino que, bien aplicada es parte de la propia responsabilidad. Una oportunidad perdida no solamente tiene un costo, sino que pone en cuestión esa responsabilidad.

Por contrario, el aprovechamiento de oportunidades por parte del gobernante es parte del ejercicio de su responsabilidad.

En cambio, cuando ambas lógicas se trasladan al campo de la política, en especial de la política partidaria, la lucha de ideas y de propósitos electorales y construcciones de poder, suele ser bastante distinto, frecuentemente lo contrario.

Es razonable conceder a la actividad política se rija por la ética de la oportunidad, porque los resultados muchas veces dependerán de su correcto aprovechamiento, a condición de que sea ejercida con la debida responsabilidad.

Como dijimos antes, la ética de la oportunidad, cuando es ejercida como mera oportunidad, carece de ética y es, simplemente, oportunismo.

La Reforma Previsional

¿Pudo el presidente, dadas las oposiciones y renuncios que atentaban contra lo que el propio enunciado preveía en cuanto a impulsar “una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político”, con el argumento, real y concreto, que no estaban dadas las condiciones políticas? ¿Debió hacerlo?

Que una reforma previsional, junto con cualquier ajuste que implique aumento de impuestos, constituye el tándem de medidas gubernamentales más impopular, es indesmentible. Por ello, es casi unánime la idea que se trata de una iniciativa que, en el plano político, por lo menos en corto plazo, es todo costo y escaso beneficio.

A largo plazo todos estaremos muertos, pero quienes no, probablemente reconozcan algún beneficio, pero ese es el terreno del estadista, no del político que se mueve en la inmediatez de un período electoral al otro.

Hay aquí, un elemento de nuestro sistema institucional y arquitectura electoral, que no es menor, suele soslayarse y, a juicio del columnista podría ser o haber sido determinante en la decisión de sigo adelante mientras la leche, rebajada, siga siendo leche. Tiene que ver con que en Uruguay no existe la reelección.

Analizar cómo funcionan, las lógicas bajo los cuales fueron diseñados y luego qué mecánicas disparan los sistemas reeleccionistas, daría para otra y otras columnas.

En el caso, remitámonos a un solo concepto: el presidente Lacalle no puede ser reelecto, terminará su período con 51 años y probablemente con un respetable índice de aprobación.

Postergar la Reforma, si el próximo gobierno fuera de su propio Partido o Coalición constituiría un doble presente griego: una situación mucho peor y dejada por propios y no ajenos. Si, en cambio, el gobierno recayera en la oposición -que durante 15 años evitó hacerla- le estaría brindando una excusa perfecta para tomar medidas a las que son particularmente afectos, todo porque fulano les dejó la herencia maldita.

En cambio, aprobando la Reforma asume los costos inmediatos, pero toma distancia para recoger los frutos un período después.

¿Si esto hipoteca las posibilidades electorales de la Coalición?

El día de la aprobación, anotaba este concepto: “en el caso colisionaron el deber ser, la ética de la responsabilidad del gobernante, con la ética de la oportunidad de la política (entendida esta como vehículo de obtención y retención de poder) en especial en su aspecto más pedestre, el electoral. Pero es que, sin atender a éste, posiblemente haya hipotecado el otro.”

El último párrafo, responde a otro aspecto que debería atenderse, en caso de que la respuesta a la pregunta antes formulada fuera positiva.

Dejar de lado el aspecto electoral, con el eventual retorno de una oposición exacerbada y radicalizada al poder, terminaría siendo determinante en el propósito de continuidad de la gestión.  Y junto con ello, la amenaza bastante explícita, de que ello echara por tierra las mismas reformas por las cuales se hipotecó.

No tengo (y quién podría tenerla) la respuesta a estas interrogantes, sino que son, apenas, una invitación a reflexionar. Especialmente de aquellos que como yo somos votantes sin partido de una Coalición Republicana que aspiramos sea un vehículo para consolidar un proyecto de nación distinto al que nos tiene reservado el Foro de San Pablo.