Entre clientelismos y privilegios: separando la paja del trigo

por Jorge Martinez Jorge

“El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. En la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema…no conociendo otro límite que el fijado por la oportunidad” Friedich A. Hayek (Camino de servidumbre)

 

Queda dicho: “Los fuegos artificiales impiden ver el verdadero problema: la hipertrofia estatal. Tirios y Troyanos pelean con denuedo por su porción de grasa estatal. Sin él no habría el dedo benefactor ni el sobreprecio en obras faraónicas para impulsar carreras políticas”.

Una vivienda provoca un choque cultural

 

Pasadas las horas de la explosión de la bomba en el Ministerio de Vivienda, y a medida que se disipan los humos y se acallan los griteríos mediáticos, podemos sentarnos a pensar en torno a lo sucedido. A lo que siempre hay detrás de los hechos y que suele decir de ellos mucho más que la mera anécdota del hecho aislado.

Permítanme sugerir lo que hay detrás del asunto (la denuncia, el presunto clientelismo, juegos de poder, intrigas y operaciones) no es otra cosa que lo del título: un choque cultural.

En las siguientes líneas, trataré de fundamentar el aserto, a priori tan extraño a la parafernalia mediática escuchada y vista hasta el hartazgo durante las pasadas horas.

Si aludo a un choque, para que exista debería probarse la existencia de dos fuerzas contrapuestas, esta vez en el campo cultural que, en direcciones diferentes, coliden entre sí. Resulta útil hacer mención expresa a qué nos referimos con “cultural” en esta idea. Es al aspecto que dice relación con la moral social y valores éticos que se encuentran en una nación, no necesariamente unánimes, sino frecuentemente divergentes como es el caso.

A riesgo de incurrir en un reduccionismo que deja por fuera otros aspectos, podemos afirmar con bastante certeza que existe en nuestro país, en relación con el papel del Estado, la libertad y las libertades, el rol del individuo y de la sociedad y de estos respecto de la economía como factor determinante, una división bastante clara entre quienes mantienen posiciones individualistas de cuño liberal y los que profesan la fe colectivista que prioriza el “ser social”  por sobre el “ser individual” al que busca anular.

Disparen a la ministra

 

Apenas se hizo pública la denuncia rompiendo la usual calma chicha, se empezaron a vivir horas convulsas. Como  con los mercados financieros en momentos de inestabilidad e incertidumbre,  a los mercados político-partidarios les sucede lo mismo: tornan en el paraíso de los especuladores y observamos cómo, operadores de cuarta fila, corren tratando de hacerse la América con ganancias inesperadas.

Visto desde la ciudadanía, en un ejercicio de “nube de palabras” no tengo dudas que la palabra corrupción, se llevaría el número uno. Ello porque el hecho que desató el temporal se identifica como tal por parte de un Ministro de Estado, y que por tanto, merece el mayor de los reproches: la renuncia del funcionario y la asunción de los costos políticos derivados de ello.

¿Es un acto de corrupción otorgar discrecionalmente una vivienda cuando esta ha sido designada para ser sorteada? Sí, lo es.

Ahora vayamos al fondo del asunto: de qué hablamos cuando hablamos de corrupción.

Asomémonos al Diccionario:

  1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse.
  2. f. Deterioro de valores, usos o costumbres.
  3. f. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores.

Como se aprecia, en las tres acepciones es un término que bien podríamos definir como un amplio paraguas, bajo el cual pueden resguardarse conductas varias que, por motivaciones, efectos y fines buscados, deberían ser analizadas de manera independiente.

Aclarando los tantos

En procura de centrar el análisis, estimo oportuno referirme a dos conductas o aspectos que se enmarcan en la definición de corrupción y que resultan centrales para analizar el hecho concreto y, no menos importante, las reacciones al mismo según al bando -de aquellos señalados más arriba- al que cada uno pertenezca. Ellos son el clientelismo y los privilegios.

 

El clientelismo como privilegio de un funcionario. El privilegio como supuesto derecho de una oligarquía dirigente. Ambos como dos aspectos, distintos, pero no excluyentes, de un mismo fenómeno: el de la corrupción, agravada por el ejercicio del poder.

El clientelismo como proyecto personal, familiar o de grupo en contraposición al privilegio de casta (política, racial, económica) como derecho adquirido. El uno con lógica de oportunidad, el otro como lógica de permanencia.

El clientelismo como tara en un sistema destinado a crearlas y corregirlas, sin dinamitar el sistema. El privilegio sectario como sistema destinado a permanecer en una organización social totalitaria (o en camino a serlo) donde aquellos obtienen el aliciente para actuar como verdugos de estos, sintiendo el privilegio como justa paga.

La necesidad del clientelismo de ocultarse, de ser negado, por falta de legitimación del causante.  El privilegio que se auto justifica en la necesidad de premiar a las vanguardias gestoras de la supuesta igualdad.

 

En principio el clientelismo suele ser una modalidad de corrupción en sistemas políticos o regímenes donde le es conveniente al aspirante a obtener o retener el poder, la utilización de los recursos públicos a su disposición -para otros fines, bajo otras reglas- con el fin de cooptar la voluntad de un votante o grupo de potenciales adherentes. De modo que, en primera instancia, el sujeto que practica el clientelismo -propio de los populismos tan en boga- no se procura un beneficio directo para sí mismo, sino de manera subalterna para su partido político, sector, o propósitos políticos o electorales.

Cuando ese clientelismo es practicado por un funcionario público, el mismo constituye un indebido privilegio, como si se tratare de un derecho adquirido, llevado a cabo bajo la lógica de la oportunidad.

Si tal conducta constituye un accionar aislado, el propio sistema debería contar -y de hecho cuenta- con los medios para ponerle fin, sancionando al ejecutor de los hechos. Si en cambio, no ha sido convenientemente erradicado en sus manifestaciones puntuales, puede -y de hecho lo hace- convertirse en sistémico, y entonces es el propio sistema que lo cobija el que está en un serio problema.

Respecto del privilegio, o privilegios, suele ser un sistema en sí mismo, frecuentemente -aunque no exclusivamente- con ocurrencia en regímenes de gobierno o partidos políticos con poder de corte colectivista y totalitario. Tales sistemas, en poder del control social y político, suele generar una selecta aristocracia partidaria -clásicamente los Partidos únicos- que cuenta para ello con una minoritaria clase de cuadros encargados del control y policía del régimen, al que éste les acuerda privilegios exclusivos que actúan como incentivos para desarrollar con celo su papel de policía política de la única restante clase social, la de los sin derecho.

Bajo la óptica totalitaria donde se desarrollan, estos privilegios no son cuestionables sino perfectamente justificados y justificables en tanto se le acuerdan a una clase privilegiada por su propia función de clase.

En tanto tales, los funcionarios gozan de esos privilegios por derecho propio, sin necesidad ni posibilidad del escrutinio público, ni mucho menos del judicial. Salvo frente a la reducida aristocracia del poder, ninguna explicación debe a nadie y, por tanto, suelen sentirse y mostrarse con total impunidad. La misma impunidad que lleva a negar cualesquiera clases de pedido de explicaciones.

Acciones, reacciones y enseñanzas

 

Respecto de las acciones tomadas por los distintos actores, son del todo conocidas ya. Enterada la Presidencia de la denuncia, luego que esta tomara estado público, convocó a la funcionaria involucrada a dar explicaciones del asunto en cuestión.

Tras un intenso período de reuniones y declaraciones, fruto de ellas, se produjo -no sin reticencias, exorbitadas, por cierto- la renuncia de la funcionaria, y por estas horas resta saber qué hará el partido involucrado.

Dicho esto, lo que constituye objeto de análisis de esta columna, son las reacciones políticas suscitadas por la denuncia, y analizadas estas, las enseñanzas que debería dejarnos.

Con algunas excepciones menores, los actores políticos, sociales y factores de opinión vinculados al gobierno, mostraron una actitud de condena y, con matices, exigiendo una pronta resolución con la salida de la ministra cuestionada. Actitud para tener en cuenta, toda vez que la funcionaria señalada era parte de un socio importante de la Coalición de gobierno.

Por su parte, la reacción de la oposición era la de preverse: una unánime gritería pidiendo la cabeza de la ministra en la pica presidencial de inmediato, a ser posible en medio de la plaza pública y con transmisión directa por cadena de radio y televisión. Exagera el articulista, pero no mucho. Por lo menos, nadie pidió la renuncia del presidente. Y de las similares situaciones sucedidas en el pasado, cuando los inquisidores estaban del otro lado del mostrador, mutis por el foro, cero menciones.

El choque cultural

 

Tras este largo rodeo, hemos llegado a mostrar cómo, dadas las mismas situaciones, tanto sea de clientelismos como de privilegios, cada sector de opinión -según pertenezca al del individualismo identificado con los valores republicanos y liberales, o al del colectivismo identificado con el Partido-Estado como expresión única- reacciona de diferente manera, respondiendo a sus patrones culturales, distintos, por cierto.

Desde el bando damnificado, reivindicando la necesidad de actuar con firmeza ante cualquier desvío de la ética de la responsabilidad debida de un funcionario de confianza política. Y, por otro lado, lamentándose por la falta de autocrítica del otro bando que, haciendo abstracción absoluta del largo collar de clientelismos y privilegios dejados en su década y media de uso y abuso de poder, se erigieron en guardianes de la moral con las manos llenas de piedras destinadas a hacer justicia.

Queda claro que las diferencias en torno a un mismo hecho son irreconciliables en tanto obedecen a una ética diferente -o la ausencia de ella- y a una concepción de la legalidad diametralmente opuesta, en la medida en que para unos es condición sine qua non en cualquier circunstancia, en tanto para los otros -volviendo a Hayek- “donde hay un fin común que todo lo domina, no hay espacio para normas o preceptos morales generales”.

Deberíamos tenerlo en cuenta en cada circunstancia. Quien no lo entienda, arriesga perder sin haber planteado la más mínima resistencia.

 

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