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Contraviento

Presentan Recurso en FCEA en defensa de Laicidad

22 diciembre, 2023

El jueves 21 se presentó ante la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR un Recurso de Revocación y Jerárquico en subsidio contra la Resolución dictada diez días atrás por el Consejo de dicha Casa de Estudios, por la cual no se hiciera lugar a una investigación solicitada ante una probada violación a la laicidad.

Como es de público conocimiento, el pasado 22 de noviembre tuvo lugar un “Conversatorio” en favor de la reforma constitucional que impulsan el Pitcnt y sectores del Frente Amplio.

El evento llamado “Seguridad Social: Estructura y plebiscito, una mirada desde la Economía” fue realizado el pasado miércoles 22 de noviembre y organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y el Pit-Cnt.

Los expositores fueron el ingeniero Benjamín Nahum, el magíster en Economía Antonio Elías, el contador y economista Carlos Viera, y el contador público y economista Jorge Notaro. La actividad fue moderada por el periodista Juan Miguel Carzolio.

Antonio Elías, uno de los expositores, declaró al Portal del PIT-CNT, “la iniciativa surgió en colaboración con Notaro y Viera” a raíz del “desarrollo de un material de estudio que refuta los lineamientos centrales contrarios al plebiscito promovido por la central sindical en relación con la seguridad social”. En dicho trabajo, los especialistas “cuestionan las falacias relacionadas con las consecuencias que se pronostican en caso de aprobarse la convocatoria popular.”

“La idea”, remarcó Elías. “es mantenernos en campaña, es decir, cuando alguien haga afirmaciones sin sentido, poco fundamentadas o refutables, estaremos dispuestos a responder. Estamos comprometidos a rebatir cualquier declaración que se realice en temas económicos”.

Actividad No Autorizada

Lo real del caso es que en rigor esa actividad en el edificio de la FCEA jamás fue autorizada por las autoridades universitarias. En efecto, el 13 de noviembre el orden Estudiantil planteó en el Consejo de Facultad la solicitud de autorización para realizar un evento de ese tipo en el Aula Magna, decisión que fue postergada por unanimidad a raíz de la oposición de algunos Consejeros, al constatar que no se trataría de una actividad académica sino de puro corte proselitista.

En la sesión siguiente, 20 de noviembre, se plantea nuevamente la solicitud, cambiando para el Salón 4 de la Facultad, propuesta que fue retirada por sus formulantes del orden del Día y por ende jamás se llegó a considerar por el órgano de gobierno.

No obstante, el 22 de Noviembre tuvo lugar el citado acto, con amplia difusión pública.

Por ello, los delegados del Orden de Egresados electos por la CGU, luego de comprobar el uso indebido de un salón de esa Facultad para hacer proselitismo político en favor de la propuesta de reforma constitucional para dejar sin efecto la Reforma Previsional votada por el Parlamento, solicitaron una investigación administrativa por tratarse de una actividad no autorizada.

La solicitud, como informara Contraviento en la oportunidad, fue rechazada con los votos de  los delegados del Orden Docente, algunos del orden estudiantil y de egresados. CGU quedó en minoría, pese al apoyo del Decano Xavier, que estuvo de acuerdo en investigar el hecho denunciado.

Ciencias Económicas rechaza investigar violación a la laicidad: Decano quedó en minoría

Lo mismo sucedió en una segunda votación sobre el tema, en la que el Decano Cr. Jorge Xavier volvió a quedar en minoría, en tanto el Consejo de la FCEA rechazó el 11 de diciembre la realización de una investigación administrativa para deslindar responsabilidades internas sobre la autorización para que se realizara en uno de sus salones una actividad proselitista en favor de la reforma constitucional sobre la seguridad social, promovida por el Pitcnt y sectores del Frente Amplio.

Ciencias Económicas: rechazan por segunda vez investigar proselitismo político y Decano vuelve a quedar en minoría

En virtud de ello se presenta entonces en tiempo y forma el correspondiente Recurso de Revocación, que obligará al Consejo de Facultad a reconsiderar el tema y, en caso de mantener el criterio, deberá elevar el caso al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, al haberse interpuesto el Recurso jerárquico en forma conjnta y subsidiria.

El Recurso

Esta pieza, presentada con la firma del Contador Enrique Barla, Consejero del Orden Egresados por la CGU, hace caudal en elementos substanciales, en tanto la Resolución impugnada del Consejo no permite acceder a un mecanismo administrativo regulado y pacíficamente sostenido por décadas en toda la Administración Pública y también, como es lógico, en el ámbito de la UDELAR, cual es la investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades ante un hecho no ajustado a derecho.

Asimismo, hace hincapié en el concepto de laicidad que debe ostentar el Estado, y la UDELAR como parte de éste, y en la obligación de investigar de la Administración ante eventos que violenten los derechos de los administrados, como en el caso donde se produjo una abierta violación al Artículo 2 de la Ley 12.549, Ley Orgánica de la UDELAR, que establece que a ésta le incumbe «a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.»

Una nueva raya al tigre

De esta forma la Facultad de Ciencias Económicas y Administración deberá hacer frente a un nuevo problema, en tanto como informara recientemente en exclusiva Contraviento el 11 de diciembre se presentó una denuncia penal contra el ex Ministro y ex Senador frenteamplista Daniel Olesker por usurpación de título y utilización de certificado falso, donde también se solicita investigar a las autoridades de esa Casa de Estudios que, por acción u omisión, habrían sido partícipes necesarios de esas eventuales irregularidades.