
Por José Matonte
Desde hace varios años la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo están trabajando para prevenir y resolver escenarios
de conflicto de intereses en el sector público porque pueden ser la puerta de entrada a la corrupción.
Ante los resultados limitados que ha logrado el enfoque tradicional de combate a la corrupción, la OCDE desarrolló una estrategia más amplia
denominada Integridad Pública, que implica el compromiso y la participación del sector público, el privado y las personas en cumplir los
valores y principios para “defender y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público”.
La estrategia, basada en tres pilares (Sistema, Cultura y Rendición de Cuentas) presenta las siguientes recomendaciones:
– Fomentar la transparencia y la participación de las partes interesadas en
todas las fases del proceso político y del ciclo de elaboración de políticas
públicas.
– Prevenir la captación de políticas públicas por parte de grupos de interés
mediante la gestión de conflictos de interés.
– Introducir medidas de transparencia en las actividades de lobbying, en el
financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales.
La aplicación en los programas de gobierno
Las recomendaciones anteriores resultan apropiadas para aplicar en este momento en nuestro país, puesto que todos los sectores políticos comienzan a publicar sus programas de gobierno de cara a las lecciones internas.
Los programas contienen propuestas en varios temas donde es deseable que se comience a mirar la Integridad Pública, pero quizás
donde sea imprescindible observar con lupa las propuestas es en el mercado de los combustibles por cuatro motivos:
– Es un mercado muy concentrado e hiper regulado que mueve miles de millones de dólares por año, y hace mucho tiempo que
requiere reformas profundas.
– Hay senadores, diputados e intendentes que a su vez son empresarios del sector, o familiares directos de jerarcas de empresas públicas vinculadas (esto no es negativo per se).
– Hay pocos especialistas del mercado y la gran mayoría trabaja en empresas privadas que pueden verse afectadas por cambios en
las políticas públicas.
– La Unidad Reguladora del sector está capturada por grupos de presión que han logrado postergar todos los cambios propuestos
por el actual gobierno.
Dar el primer paso
Todos los sectores políticos deberían comenzar a promover la cultura de Integridad Pública, y podrían dar una buena señal en sus programas
de gobierno. Podrían publicar los nombres de los técnicos que participan en la elaboración de cada propuesta, de modo que la sociedad pueda evaluar si existe conflicto de interés y si este es real, potencial o aparente.
Si además del tema combustibles lo hacen en la mayor cantidad de temas posible, mejor.
Sería un gran primer paso. Ojalá se animen.
“El que nada debe, nada teme”.