De todas las actividades comerciales que requieren autorización del Estado para poder operar, ya sea a través de un permiso o licencia a nivel nacional o departamental, la de la radiodiusión en un sentido amplio, abarcando radio y televisión, tiene características que la hacen única.

A diferencia de lo que sucede con los permisos para taxis, farmacias, líneas de transporte de pasajeros, estaciones de servicio, pesca comercial y tantas otros rubros, en el caso de la radiodifusión las relaciones entre el aspirante a una licencia con el poder político son un factor determinante,que supera el vínculo con el gobierno de turno para convertirse en una especie de «institución» más de la República. Fue así desde las primeras licencias para estaciones de radio, a fines de los años 20 del siglo pasado, pasando por las licencias para estaciones de televisión, 30 años después, hasta el presente.

Ese vínculo especial puso a cubierto a los permisarios de radio y televisión de las viscitudes del resto de los actores económicos del país. Leyes especiales, tratamiento privilegiado en materia tributaria, ambiente laboral más o menos armónico, sin grandes sobresaltos y casi ausencia de conflictos que hayan tomado trascendencia pública, han caracterizado en líneas generales el escenario del sector en el último siglo.

Una huelga histórica

Lo anterior no significa que no hayan existido sobresaltos en la vida de estas empresas. Quienes conocen de cerca del tema saben que los ha habido, pero se fueron resolviendo en ámbitos reservados, a veces gestionando nuevos beneficios del poder político, y en otras abriendo el sector -especialmente el de las radios- a la participación extranjera, mediante subterfugios o testaferros que permitieron eludir la prohibición que rige para que ciudadanos de otros países puedan operar medios nacionales.

Con menor o mayor trascendencia, ya que a ningún medio le ha interesado cubrir como noticia lo que sucede en este sector, todo esto ha ido transcurriendo en un ámbito de discreción y reserva. Aunque en la mayoría de los medios, especialmente aquellos con un número significativo de dependientes, han existido históricamente sindicatos, los mismos se han manejado con una agenda concentrada en obtener beneficios para sus asociados, manteniéndose al margen del escenario político más amplio que es el característico de los sindicatos afiliados al pitcnt.

Todo esto cambió drásticmente con la huelga de los últimos días en Teledoce, decidida por su sindicato en protesta por unos 25 despidos decididos por la empresa en el marco de una amplia reestructura. La inédita huelga obligó incluso al  personal superior o de confianza a asumir las tareas que habitualmente hacían los huelguistas, para mantener el canal en el aire. Algo sin precedente alguno en el sector.

Un modelo obsoleto

En la televisión privada se mantiene prácticamente incambiada en los últimos 60 años una práctica que en apariencia es de competencia, pero que en los hechos funciona con las reglas clásicas del oligopolio. Tarifas de publicidad fijadas de común acuerdo, una programación calcada en su contenido y en sus horarios -especialmente en el de los noticieros- para que todos ofrezcan más o menos el mismo producto, incluso coordinando el horario de las tandas para que la publicidad se emita a la misma hora en cada canal, evitando así la «fuga» de los televidentes para mantenerlos cautivos.

En ese mismo contexto, la movilidad de los recursos humanos entre los canales es poco frecuente, salvo las excepciones que confirman la regla, lo cual también supone la existencia de cierto techo no escrito para las remuneraciones más altas, que son aquellas que perciben las figuras emblemáticas de cada canal.

En los temas que le son comunes, los canales han actuado siempre en forma coordinada. Los memoriosos de los comienzos de la tv en los años 60 recuerdan que en más de una ocasión un mismo comprador adquiría para los tres canales los paquetes de series y películas que se vendían en las ferias del sector en Estados Unidos, de modo de evitar la competencia y una «guerra de precios». Algo similar sucedía con los acuerdos con los canales argentinos, cuya programación se compraba «en paquete» por sus colegas uruguayos.

En los años 90, cuando la tv abierta enfrentó la competencia de la tv para abonados, los tres canales acordaron compartir el mismo cableado en Montevideo, y compitieron por el mercado de suscriptores ofreciendoo los mismos precios y el mismo contenido, con leves modificaciones, para mantener el clima de «paz comercial» existente hasta el momento.

Así, la baja en los ingresos publicitarios por el descenso en la cantidad de televidentes que se iban volcando al cable, fue compensada por los ingresos que devengaba el nuevo segmento, y que le otorgó a los canales una «sobrevida» de 30 años.

El streaming lo cambió todo

El reto que trajeron de la mano las transformaciones tecnológicas marca el fin de una época. Ya no resulta posible, como en el pasado, acordar una estrategia común, y ni siquiera es viable un pacto como el realizado con Francisco Casal para la televisación del fútbol.

El streaming lo ha cambiado todo. Y, para colmo, ni siquiera se necesita licencia o permiso alguno del Estado para operar esta nueva modalidad de comunicación a través de imagen y sonido. La puerta del Estado para detener la nueva competencia no está disponible, salvo que a algún político creativo se le ocurra proponer algo para congraciarse con los permisarios en crisis.

Aunque la televisión abierta y generalista seguirá existiendo, su sobrevida depende de una reestructura muy amplia, que necesariamente habrá de repercutir en la reducción de puestos de trabajo,para acompañar la baja en los ingresos publicitarios, fruto de la fragmentación de las audiencias.

Este proceso es doloroso pero irreversible. Poco puede hacer el Estado para impedir estos cambios. Aunque sí podría ayudar a aliviar la transición eliminando algunas restricciones que todavía pesan, para defender la posición dominante de los operadores tradicionales, a los cuales ya les llegó el Uber que cambia para siempre las reglas del juego.

Más canales, más competencia, búsqueda de nichos específicos para concentrar audiencias por intereses compartidos, ayudarían a canalizar la transformación en favor del público, el gran postergado de siempre.

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De todas las explicaciones que estos días hemos leído sobre el colapso en las encuestas del gobierno del Frente Amplio, hay una que por las derivaciones que tiene ha sido omitida por los principales analistas y comentaristas de la realidad política: la ausencia de un liderazgo claro al frente del gobierno. De esa carencia se derivan los demás problemas, entre ellos el tan manido «falta de rumbo», que es imposible corregir si el timonel está ausente.

El «estilo colectivo», con libertad absoluta de los ministros, incluso para discrepar públicamente con el Presidente de la República sin que ello apareje consecuencia alguna, no es un mérito, sino una patología del sistema presidencialista. En el caso uruguayo, además, es la consecuencia del cambio en la arquitectura del poder dentro del Frente Amplio, que se hizo manifiesto luego de la muerte de José Mujica. Hasta entonces lo que había funcionado era una especie de «triunvirato», integrado por Vázquez, Mujica y Astori, que encarnaban las tres vertientes del FA, pero con respaldo electoral propio. Y ese triunvirato funcionaba porque las decisiones finales eran tomadas por quien estaba al frente del Poder Ejecutivo, que reflejaba a su vez el peso político relativo de cada tendencia.

Hoy todo eso ha desaparecido. En su lugar, hay un reparto de cuotas de poder dentro del gobierno y de los entes autónomos, marcado no sólo por el peso electoral de los diferentes grupos, sino también por el poder de hecho que las estructuras sindicales ejercen dentro del FA, algo que se refleja en la propia presidencia de la coalición, que ha recaído en una figura que proviene del mundo sindical, como es el caso de Fernando Pereira.

Ese híbrido de coalición de partidos y sindicatos no es el más apropiado para el ejercicio del gobierno dentro del sistema democrático, porque sus integrantes responden a ecuaciones de poder diferentes. El criterio de la mayoría, que es propio de la democracia representativa, no tiene cabida en el mundo sindical, que se rige por el control de estructuras y asambleas, donde el voto secreto es inexistente.

Al ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le ha caído la responsabilidad de conducir ese conglomerado, al que se ha agregado una figura como la del Dr. Jorge Díaz, que no proviene ni de los partidos ni de los sindicatos, sino de una estructura estatal como es la Fiscalía, transformada por una equivocada decisión del Parlamento en un nuevo poder de hecho dentro del Estado, que en materia penal al menos ha pulverizado la independencia del Poder Judicial, apartándose así de la Constitución de la República.

Del triunvirato anterior, Orsi conservó la idea de otorgar independencia al manejo de los principales asuntos de la economía. Ante la ausencia de un liderazgo político claro de ese sector -podría haber sido Mario Bergara, pero las urnas no lo acompañaron- optó por designar al economista Gabriel Oddone, sin militancia partidaria intensa, aunque reconocido por su afinidad con el Frente Amplio. Esa carencia de «espalda política» propia lo ha dejado expuesto a una lucha interna que lo desgasta, algo que ha quedado claro tanto con el tema del impuesto del 1% a «los más ricos», como con la reforma que apunta a desandar lo hecho hasta ahora en la materia jubilatoria.

Divide al FA y enfrenta a la oposición 

Navegar en estas aguas requiere un tipo de liderazgo que no es el que muestra Orsi. Mientras Vazquez ejercía el poder con un criterio más personalista que colectivo, Mujica cultivaba una ambigüedad, pero ser reservaba la última palabra o actuaba de bombero según las circunstancias.

Orsi no tiene margen para ninguna de las dos opciones. Cuando toma decisiones personales, deja en evidencia las facturas internas, como en el caso de la visita al portaaviones Nimitz, o cuando evita secundar posiciones extremistas en las relaciones con el Estado de Israel.

Pero al mismo tiempo acompaña una estrategia de enfrentamiento absoluto a la administración anterior encabezada por el presidente Lacalle Pou, que no escatima tema alguno. Así, el proyecto Arazatí fue sustituído por la represa de Casupá; la compra de las patrulleras fue rescindida por un diferendo sobre las garantías, que no afectaba el núcleo central del contrato, y la reforma de la seguridad social -respaldada además por un plebiscito- se dinamita por una asamblea político-sindical conocida como»Diálogo Social».

En ese escenario, marcado por una división del propio partido gobernante, y una guerra sin cuartel contra la oposición, es imposible que las encuestas arrojen un resultado diferente al que muestran en forma coincidente.

No se trata, entonces, de «expectativas insatisfechas» (todos los gobiernos sufren el mismo problema), ni de «desgaste de la oposición», que en líneas generales ha acompañado con benevolencia y a veces hasta con algún voto en el Parlamento, la gestión del gobierno.

Las dificultades crecientes en la economía, con ajustes impositivos y pérdidas de fuentes laborales por cierre de empresas agobiadas por sus costos, y el descontrol de la seguridad pública, hicieron lo suyo, también. Del mismo modo que las tempranas crisis derivadas de la caída de la ministra Cairo o el pluriempleo del Dr.Danza -que lo hacían inelegible para presidir Asse- fueron mellando en su momento el respaldo al gobierno.

Pero al pasar raya queda claro que la fragilidad del liderazgo del Presidente Orsi, y la estrategia del «todo o nada» contra la gestión anterior, como salvoconducto para retener el gobierno en el 2029, son las razones principales del descrédito que hoy muestran las encuestas.

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Aunque entre nosotros los vocablos «sindicato» y «gremio» o «gremial» suelen usarse para designar entidades diferentes, en rigor todos aluden al mismo concepto, que se concreta en la agrupación de personas en función de sus intereses económicos específicos. Así, un sindicato de obreros de la construcción busca la defensa de los intereses de su afiliados, del mismo modo que lo hace una cámara de empresarios del sector. Ambos son en esencia lo mismo, en la medida en que su accionar está marcado por la defensa de los intereses de sus representados.

Estas entidades son legítimas y necesarias en una sociedad en la que conviven intereses opuestos, pero su rol se agota en las acciones que procuran satisfacer los mismos. Cuando salen de ese cauce, y pretenden ser la voz política única y aceptable de sus miembros, su rol choca con otras entidades legitimadas para ello como son los partidos políticos, base del sistema democrático representativo de gobierno. Que se toleren desbordes de este tipo refleja un síntoma que denota una enfermedad del sistema, que con el paso del tiempo se transforma en una puerta abierta a situaciones más graves.

En un nivel diferente al anterior, pero que en sustancia se apoya en la misma fragilidad de los partidos, el Uruguay conoció en el pasado otros desbordes, que llevaron a un enfrentamiento que desembocó en una dictadura militar, en la cual un sector de la sociedad, sin tener legitimidad para ello, asumió funciones que la Constitución les tenía vedadas.

Mientras los sindicatos -en el sentido amplio que señalamos antes- defienden intereses propios y concretos, los partidos políticos reflejan ideas, valores y tradiciones de sus miembros, que van más allá de sus intereses particulares. Esas ideas se plasman luego en programas y planes de gobierno, que se someten a la consideración de los ciudadanos, para que finalmente sean ellos los que decidan el rumbo y las líneas generales de los gobiernos, para ejecutar en el plazo acotado de sus mandatos constitucionales. Cuando llega la etapa de recoger los consensos del resto de los actores políticos, los gobiernos acuden al Parlamento, donde está representada la expresión de la soberanía, para acordar sobre los puntos en los que no hay acuerdo, o para recoger las mayorías necesarias que permitan aplicar esos programas.

Así funciona el sistema democrático. Se escucha a todos, y luego los representantes de la mayoría ejecutan lo que han propuesto y ha recibido el respaldo político suficiente. Este mecanismo supone asignar a los partidos representados en el Parlamento la última palabra sobre el rumbo que debe seguir el país.

La tentación totalitaria

Desde el regreso del Frente Amplio al poder -esa vez sin mayoría absoluta – se ha intensificado una práctica de larga data de la izquierda, que consiste en minimizar el rol del Parlamento, depositario de la soberanía popular, para privilegiar a los «colectivos», «organizaciones sociales», etc. Esta estrategia potencia el rol de esas entidades minoritarias, en las que la militancia continua y el activismo permanente de la izquierda las vuelca a su favor. Al asignarle a las mismas la condición de «representantes de los intereses de la población», en detrimento de los partidos, el copamiento del liderazgo de esas organizaciones deja en manos de la izquierda el control de sus decisiones.

El proceso descrito es la antesala del sistema fascista de gobierno. Con estas palabras lo definía su fundador, el dictador italiano de origen socialista Benito Mussolini: «El Estado fascista hace sentir su acción por medio de sus instituciones corporativas, sociales y educativas; y todas las fuerzas políticas económicas y espirituales de la nación circulan dentro del Estado» (La Doctrina del Fascismo, 1932)

Dos ejemplos recientes tenemos en estos días en el Uruguay: el llamado «Diálogo Social» y la flamante «Estrategia Nacional de Desarrollo», lanzada hace pocos días, en la que participan el pitcnt y las cámaras empresariales.

En ambos casos -el primero ya en acción- las conclusiones a las que se llegan son el insumo de acciones de gobierno, que se lanzan a la opinión publica incluso pasando por alto no sólo lo que en su momento votó el Parlamento, sino también lo que ratificó la ciudadanía en las urnas.

Gran favor se le hace a esta estrategia de deslegitimar a la democracia cuando, en lugar de señalar el vaciamiento de las instituciones republicanas que ésta conlleva, se pone el acento en lo que esas entidades deciden.

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Frédéric Bastiat, *Lo que se ve y lo que no se ve* (1850). 30 páginas. Disponible gratis en Internet en todos los idiomas. No hay excusa.

Bastiat murió de tuberculosis en Roma a los 49 años, el 24 de diciembre de 1850. Llevaba seis años escribiendo sobre economía. Solo seis. En ese tiempo produjo más claridad que la mayoría de los departamentos de economía del mundo en un siglo. Y este ensayo de 30 páginas — dividido en doce capítulos que se leen en una tarde — es probablemente la pieza más importante de divulgación económica que se haya escrito jamás.

La tesis cabe en una línea: en economía, lo que se ve casi nunca es lo que importa. Lo que importa es lo que no se ve.

La parábola es famosa. Un niño rompe el cristal de un comercio. Los vecinos, después de compadecer al comerciante, empiezan a razonar: bueno, al menos el cristalero tiene trabajo. El cristalero comprará pan. El panadero comprará zapatos. La economía se mueve. El niño, sin quererlo, benefició a la industria. Bastiat dice: miren lo que no ven. El comerciante iba a gastar esos seis francos en un par de zapatos. Ahora tiene el mismo cristal que antes y no tiene zapatos. La industria zapatera perdió lo que la cristalería ganó. La sociedad no ganó nada. Perdió un cristal.

Es un argumento tan simple que parece trivial. Hasta que se aplica.

Cuando un gobierno dice que un programa de obra pública «genera empleo», lo que se ve son los obreros trabajando. Lo que no se ve es de dónde salió el dinero: de impuestos que un contribuyente habría gastado en otra cosa, o de deuda que alguien va a pagar en treinta años. El empleo no se creó. Se trasladó. Y en el camino, un burócrata decidió por el contribuyente en qué gastar su dinero. Eso no es estímulo económico. Es redistribución con escenografía.

Cuando un monopolio estatal de combustibles dice que «garantiza soberanía energética», lo que se ve es una refinería con bandera nacional. Lo que no se ve es cada empresa de energía alternativa que nunca existió porque el monopolio hacía inútil intentarlo. Cada ingeniero que no diseñó, cada inversor que no apostó, cada idea que murió antes de nacer. La soberanía del Estado se financia con la innovación que el consumidor nunca llegó a ver.

Cuando un arancel protege a una industria local, lo que se ve son los empleos protegidos. Lo que no se ve son los miles de consumidores que pagan más por un producto peor para que unos pocos productores sigan vendiendo sin competir. El proteccionismo es un impuesto que no aparece en ningún recibo — y por eso es el favorito de los políticos.

Bastiat lo dijo con una elegancia que ningún economista posterior superó: la diferencia entre un buen y un mal economista es que el mal economista se limita al efecto visible, mientras que el bueno tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever. El mal economista persigue un beneficio inmediato seguido de un gran mal en el futuro. El buen economista persigue un gran bien para el futuro aun a riesgo de un pequeño mal presente.

El ensayo aplica el mismo principio a doce temas distintos. En cada caso, el patrón se repite: alguien propone una medida con un beneficio visible e inmediato; Bastiat muestra el costo invisible y diferido. El lector termina cada capítulo sintiéndose un poco más estúpido por no haberlo visto antes. Eso es señal de que funciona.

Lo extraordinario de Bastiat es que escribió en 1850 y cada capítulo describe con exactitud políticas que se siguen aplicando en 2026. No porque los gobiernos no hayan leído a Bastiat — algunos lo leyeron. Sino porque las políticas que Bastiat denuncia tienen un beneficio concentrado en pocos y un costo difuso entre muchos. El cristalero sabe que gana. Los que pierden los zapatos no saben que los perdieron. Mancur Olson formalizó esto ciento quince años después. Bastiat ya lo había entendido con un niño y una ventana.

Es un ensayo de 30 páginas que se lee en una hora. Fue escrito hace 176 años por un francés que se moría de tuberculosis y que sabía que no le quedaba tiempo para ser diplomático. No tiene jerga. No tiene ecuaciones. No tiene notas al pie. Tiene claridad, que es lo único que los poderosos no pueden comprar.

Léanlo. Y después miren cualquier presupuesto público y cuenten cuántas ventanas rotas les están vendiendo como progreso.

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Aunque todavía no se ha disipado la niebla que impide ver con claridad en qué consiste la idea lanzada por el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para inyectar dinero a las empresas estatales, lo que puede adelantarse desde ya es que no se trata de algo novedoso, más allá de lo disruptivo que encierra el concepto de abrir al capital privado el paquete accionario de Ancap, Ute o Antel. Y no lo es no sólo porque UTE ya ha lanzado Obligaciones Negociables, con una tasa de interés garantizada, para financiar el despliegue de parques eólicos, sino porque una convocatoria lanzada hace 60 años en medio de un déficit fiscal en alza y una economía en contracción, ya había fracasado.

Si miramos la idea como una especie de «colecta popular» para financiar los monopolios estatales, o para ayudar a cubrir sus déficits, la historia reciente (y olvidada) nos trae a la memoria el fracasado intento del entonces Ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gestido, Amílcar Vasconcellos, de ayudar a pagar la deuda externa mediante el aporte voluntario de los ciudadanos, invitados a depositar dólares en la «cuenta patriótica 18 de Julio», abierta en el Banco República a tales efectos.

Una crisis devastadora 

El año 1967 fue  particularmente difícil para la economía uruguaya. El país había dejado atrás la severa crisis de 1965, calificado como «devastadora» por comentaristas de la época. Una intensa sequía había afectado la producción agropecuaria y la generación de energía eléctrica por el escaso volumen de agua que alimentaba las represas del río Negro. Además había quebrado la textil CUOPAR, propiedad de los empresarios Cuomo y Pardiñas, y el sistema bancario había experimentado una fuerte sacudida por la caída del Banco Transatlántico. Aunque al año siguiente la economía empezó a mostrar signos de recuperación, los malos resultados de 1965 determinaron la derrota del Partido Nacional (había ganado las elecciones de 1958 y 1962) y las vuelta al poder del Partido Colorado.

El gobierno del presidente Oscar Gestido buscó contener la creciente inflación, que había pasado del 62% anual en 1965 al 73% en 1967, lo cual impactaba en el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, generando protestas sindicales que se traducían en paros y huelgas en diferentes sectores. El PBI había pasado de 705 dólares per cápita en 1965 a 668 dólares al año siguiente, lo cual representaba una contracción de la economía del 5,25%.

La tarea para lidiar con estos temas se le había encomendado al Ing. Carlos Végh Garzón, quien asumió el Ministerio de Hacienda -antigua denominación del Ministerio de Economía y Finanzas- al comienzo de la gestión de Gestido, el 1 de marzo de aquel año. Végh Garzón era un empresario y político vinculado al ala conservadora del Partido Colorado, y había sido presidente de la Cámara de Comercio. El agravamiento de la crisis llevó a Gestido a un cambio de gabinete, que alcanzó al Ministro de Hacienda, que fue sustituido el 28 de junio por el senador Amílcar Vasconcellos, líder de una corriente colorada de tinte socialdemócrata.

La «cuenta patriótica» para pagar la deuda externa

El domingo 16 de julio, dos semanas después de haber asumido el cargo, el ministro Vasconcellos dirigió un mensaje al país de 55 minutos de duración por la cadena de radio y televisión. Sus primeras palabras reflejaban la gravedad de la situación: «Estamos en el momento en el que el país toca fondo. Nos proponemos la recuperación nacional, y en esta tarea cada uruguayo bien nacido tiene su puesto. Vivimos horas difíciles, pero tenemos confianza en el futuro, porque creemos en el pueblo».

Los anuncios, recogidos por los diarios al día siguiente (sólo se publicaban el matutino comunista «El Popular»  y el vespertino «Extra», cercano a la izquierda, que no adhirieron a una extensa huelga en el sector prensa), incluían una restricción de las importaciones, la unificación del mercado de cambios en el Banco República, la tipificación de delitos económicos «contra el agio y la especulación» y la creación de la «Cuenta 18 de Julio» en el Banco República, «capaz de servir para que los uruguayos contribuyan a la solución de los problemas nacionales».

El llamado a depositar dólares para pagar la deuda externa -había vencimientos en el segundo semestre por 65 millones- se basaba en estudios de técnicos que apuntaban a la existencia de una cantidad importante de la divisa estadounidense en manos de pequeños ahorristas, que buscaban refugio en esa moneda ante la constante depreciación del peso y para protegerse de la inflación. El gobierno se comprometía a pagar en forma semestral una tasa de interés anual del 8% de interés en dólares. Pero esa oferta no resultó convincente.

Algunos días después del anuncio, se habían recibido depósitos por un monto de 53.000 dólares, una cifra sensiblemente inferior a la esperada. La iniciativa corrió la misma suerte que el propio ministro que la impulsó, que renunció a su cargo en el mes de octubre, apenas tres meses después de la puesta en marcha de su plan de ajuste. Fue sustituido por César Charlone, que ya había ocupado la cartera de Hacienda 30 años años, durante el gobierno del presidente Gabriel Terra.

El anuncio de Sánchez

Aunque la iniciativa del año 1967 no se ajusta a la planteada por Alejandro Sánchez, tiene, sin embargo, la misma inspiración y un contexto similar de estrecheces económicas, en un escenario en el que la recesión empieza a ser admitida por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone. La inflación no es hoy un problema, pero si lo sigue siendo el peso del sector público sobre los hombros del sector productivo. En 1967 revistaban en las filas de oficinas públicas, ministerios, entes autónomos e intendencias 184.495 funcionarios presupuestados y otros 33.000 contratados, lo cual representaba el 27% de la población activa. En términos porcentuales, 60 años después esas cifras no son muy diferentes, lo cual determina una presión fiscal al límite para poder pagar cada mes esos sueldos, además de las jubilaciones y pensiones.

En ese contexto, sin la claridad que es exigible para una propuesta de esa importancia, Sánchez planteó vagamente la idea de acudir al capital privado de los pequeños y medianos ahorristas para enfrentar las inversiones de las empresas públicas, es decir, de los entes autónomos del área comercial e industrial del Estado.

Endeudarse no es abrir el capital accionario

En las últimas horas se conoció el llamado a invertir en Obligaciones de UTE para financiar un nuevo emprendimiento de generación eólica. Como el precio final de esa energía lo fija el propio organismo, no resulta difícil asegurar una tasa de interés competitiva. Se trata de un instrumento similar en cuanto a garantía a un Bono del Tesoro, por lo cual es dable esperar una buena respuesta del público.

Pero nada tiene que ver con la apertura del capital accionario, que implicaría que los accionistas particulares tengan acceso al Directorio de las empresas, y puedan participar de las utilidades que la misma genera. Se trata aquí de una inversión de riesgo, ya que hay negocios que pueden salir mal, como los que hizo hace algunos años Ancap en Argentina, en cuyo caso no hay utilidades para repartir.

Apelar al sentimiento patriótico en momentos de dificultades no funcionó en el pasado. Y nada hace pensar que esta vez vaya a funcionar. Salvo que la idea (inconfesable por ahora) consista en abrir las empresas públicas al capital privado, e incorporar una gestión empresarial y no política a la dirección de las mismas, algo que tampoco funcionaría, aunque por razones distintas a la anterior.

La analogía con el año 1967, salvando todas las diferencias, sigue siendo de recibo. Los próximos meses, especialmente cuando se eleve la Rendición de Cuentas al Parlamento, confirmarán el alcance de ese paralelismo. Y permitirán avizorar cómo será el «1968» de siglo XXI.

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Sin necesidad de recurrir a colaboradores para filtrar noticias a la prensa, ahora es Jorge Díaz quien se encarga personalmente de la tarea, que complementa con una cabalgata por los medios de comunicación acusando a la oposición de ser cómplices de una estafa y de un estafador, en perjuicio del país. Casi nada….

Lo hace desafiando a todas las encuestas, que coinciden en marcar la caída más notoria de la aprobación del gobierno a partir del mes de octubre, cuando -en un intento por apagar el incendio del pluriempleo inconstitucional del Dr. Danza- puso en marcha su «operación Cardama», que en los hechos fue una declaración de guerra al gobierno saliente.

Desde entonces la caída del gobierno no sólo no se detuvo -primer y obvio objetivo de la maniobra – sino que se acentuó.

El resultado de la estrategia no podría haber sido otro. La historia política del país está plagada de ejemplos que muestran que una actitud constructiva, de grandeza, que una en lugar de dividir, siempre termina siendo apoyada por los votantes. El caso paradigmático es el de la «gobernabilidad» de Wilson al primer gobierno de Sanguinetti. En lugar de apostar por una oposición a rajatabla, como respuesta al Pacto del Club Naval que lo marginó injustamente de las elecciones de 1984, Wilson actuó en forma constructiva, en una estrategia que aunque no lo benefició porque falleció antes de las elecciones siguientes, fue clave porque condujo con su «mano invisible», como escribió Enrique Beltrán en una memorable columna, al Partido Nacional y a Luis Lacalle Herrera a la victoria.

Jorge Díaz, heredero y discípulo de la ideología que entiende la política como la extensión de la «lucha de clases» del marxismo, impulsó al gobierno a una estrategia opuesta. Y ahora se empiezan a ver los resultados.

Su último y más reciente error es haber impulsado la rescisión del contrato de Cardama al amparo del artículo 70 del Tocaf. Esa estrategia coloca al astillero español en una mejor posición, ya que en lugar de demandar al Estado ahora actuará como demandado, obligando al gobierno a mostrar todas las cartas, una posición que los abogados expertos en litigio suelen preferir porque mejora sus posibilidades si tienen un «caso fuerte».

El placebo del titular de prensa «Cardama desiste de la demanda», como si fuera una gran victoria judicial del gobierno, dejará de surtir efecto en pocas semanas, cuando el astillero de Galicia despliegue su estrategia.

El artículo 70 del Tocaf

El gobierno se decantó por rescindir el contrato con Cardama utilizando el mecanismos previsto en el artículo 70 del Texto Ordenado de Contabilidad y Finanzas (TOCAF), en lugar de hacerle conforme a lo que establece el Código Civil en materia de rescisión.

La norma invocada por el gobierno establece lo siguiente:

«La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.»

Este es un caso excepcional, en el que el cumplimiento y la ejecución o no del contrato queda sujeto a la voluntad de una de las partes, sin intervención de un tercero, como podría ser un juez o un árbitro.

Increíblemente, esta movida del gobierno favorece a Cardama, al perder sentido el extenuante juicio de reclamación de daños y perjuicios por la vía civil. El desestimiento del juicio es una pésima noticia para el gobierno uruguayo.

El camino elegido tiene un flanco débil como marco general, que es la dudosa constitucionalidad de una norma que de hecho genera indefensión en una de las partes, violando el principio de igualdad y legítima defensa.

Pero a eso hay que agregar que el argumento invocado por el gobierno -un defecto en la garantía- no constituye un «incumplimiento grave», ya que la garantía es un contrato accesorio, y el contrato principal se venía cumpliendo sin mayores apartamientos de lo previsto en el contrato. Más aún, los problemas surgieron en octubre, cuando el gobierno anunció que iba a rescindir, lo cual impactó negativamente en los proveedores de Cardama, que veían peligrar el pago de sus suministros.

Más que dos patrulleras oceánicas, el gobierno del presidente Orsi, con el asesoramiento del Dr. Jorge Díaz, se ha comprado un problema gigantesco. El famoso «ahorro en los dineros del Estado» terminará en una sangría gigantesca de recursos, para financiar lo que en el fondo no es otra cosa que una operación política contra el gobierno de Lacalle Pou, que además terminará muy mal.

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El cambio de estrategia para llegar y mantenerse en el gobierno ha llevado al Frente Amplio a una situación inédita, que entraña riesgos como nunca antes había enfrentado

Veamos las razones en esta columna.

Las tres victorias consecutivas del FA se basaron en la esperanza del cambio luego del colapso del año 2002, y en la promoción de un programa renovador, que incorporó a la legislación temas que hasta entonces estaban fuera del debate político u ocupaban un lugar marginal dentro del mismo, como el matrimonio de personas del mismo sexo, la despenalización del aborto o la parcial legalización del mercado de drogas hasta entonces prohibidas.

Aunque varios de esas leyes dividieron a la sociedad, su aprobación por parte de un Parlamento democrático o el fracaso de plebiscitos para derogarlas terminaron legitimando el cambio político que supuso la victoria electoral de la izquierda. Los 15 años ininterrumpidos del gobierno del FA llegaron a su fin en el 2019 con la victoria de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou, como consecuencia -lo usual en las dinámicas de alternancia en el poder en sociedades democráticas- del desgaste en el ejercicio del poder, la falta de relevos a la altura del desafío electoral y el surgimiento de una opción de renovación y recambio generacional.

Hasta aquí nada que pueda considerarse como un apartamiento de los pilares sobre los cuales se construye el consenso y la armonía política en una sociedad democrática.

La gran novedad vino en la elección del año 2024. Agotados por imperio de la biología los liderazgos que cimentaron las victorias anteriores, el Frente Amplio se encontró con una inesperada victoria, en el epílogo de un quinquenio en el cual el liderazgo de Lacalle Pou no pudo sostenerse en el último tramo de su gobierno -respaldado por una mayoría social reflejada en todas las encuestas conocidas- como para llevar a la Coalición a un segundo mandato, lo cual parecía el desenlace lógico de su gestión..

El desconcierto ganó entonces a todo el sistema político. El oficialismo no pudo reponerse de la sorpresa del resultado, y se sumergió en una amarga cadena de reproches, algunos públicos y otros más reservados. El Frente Amplio, sin un liderazgo del tipo que había conocido hasta entonces, se organizó en torno de las fuerzas que lo habían llevado a la victoria: el poderoso MPP, dueño de la gran maquinaria político-electoral de la coalición, y el Partido Comunista, de menor caudal electoral, pero decisivo en el control del aparato sindical y de las llamadas «organizaciones sociales», minorías organizadas por fuera del Parlamento que ejercen poderosa influencia en el entramado político de la izquierda, y desde allí se desparrama al resto de la sociedad.

Huérfanos de la esperanza del cambio, y sin un programa renovador como el mostrado en los gobiernos anteriores, el Frente Amplio optó por lo que podríamos llamar una «estrategia de la discordia», consistente en oponerse a rajatabla a la gestión del gobierno saliente, confiando en que ese factor de irritación social ayudaría a mantener unida a una coalición que empezaba a mostrar prematuros signos de desgaste desde el inicio mismo de la gestión. Para no abundar, una prueba de esto último la encontramos en la resistencia generada en los sectores más radicales del FA ante la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía. El sucesor de Azucena Arbeleche entendió que esa estrategia de confrontación con el gobierno saliente sólo agregaba «ruido» innecesario a una tarea que ya se perfilaba difícil por las restricciones presupuestarias impuestas por el gasto, fuera de toda previsión posible, generado primero por la pandemia y luego por la prolongada sequía.

Un criterio distinto siguió el «triunvirato» encabezado por Orsi e integrado además por Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, que apostó a la confrontación sin tasa ni medida desde el primer día. Así quedó de manifiesto con el desconocimiento de la licitación para la planta potabilizadora en el Río de la Plata (proyecto Arazatí) en las primeras semanas de gobierno, el desmantelamiento de la reforma promovida en la educación, la revisión de varios capítulos de la LUC -pese a su ratificación plebiscitaria- y la denuncia penal por la compra de las patrulleras al astillero español Cardama.

Esta última operación, seguida por la rescisión del contrato, ha llevado al clímax a la estrategia de la discordia, piedra angular del cuarto gobierno del Frente Amplio. En este aspecto se advierte una diferencia notoria en el relacionamiento de los gobiernos de Vázquez y Mujica con la oposición, más allá de desencuentros puntuales o breves escaramuzas. Aquí estamos en presencia de un plan de vasto alcance, del que parece cabeza visible el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y que es la continuación del concepto de «lucha de clases» llevado al terreno político. La paz política del país está en juego, y cualquiera sea el desenlace de este conflicto en pleno desarrollo la armonía de base del sistema democrático republicano quedará gravemente herida.

«Peor que un crimen. Un error»

Temiendo una amenaza monárquica a su gobierno, Napoleón Bonaparte ordenó en 1804 la ejecución del duque de Enghien, luego de un juicio sumario armado tras su secuestro en territorio extranjero.  Su jefe de policía, el temible Joseph Fouché, dijo entonces que la decisión de Napoleón «es peor que un crimen, es un error». Con ello quiso decir que el fusilamiento no sólo era reprobable moramente, sino que había sido una decisión políticamente torpe, porque lejos de fortalecer a Napoleón, lo debilitaba frente a a opinión pública europea, dominada entonces por monarquías en distintos países.

Dos siglos después, aquella advertencia de Fouché sigue siendo una luz amarilla en el tablero de cualquier gobernante.

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A estar por la impresión predominante hoy en los ambientes políticos vinculados a los partidos de la Coalición Republicana, las posibilidades de que finalmente se acuerde un lema único para participar del próximo ciclo electoral 2029-2030 (elecciones internas, primera vuelta de octubre y elecciones departamentales) son muy escasas, por no decir nulas.

Más allá de algunas declaraciones a favor de mantener la Coalición Republicana como espacio de coordinación común, no se han escuchado pronunciamientos claros y terminantes por parte de figuras de primera línea en favor de adoptar un lema único para competir en las próximas instancias electorales. Esto es un hecho.

Las razones que sustentan este comportamiento ambiguo son varias, y dependen del partido en el que se busque una explicación. En Cabildo Abierto, por ejemplo, hay grandes reticencias por el trato recibido durante el gobierno anterior, que no apoyó algunos de sus planteos más importantes, lo cual impidió un relacionamiento más fluido y coordinado, especialmente con el Partido Nacional.

En el Partido Colorado las diferencias se acentúan en su interior, ya que mientras el senador Andrés Ojeda, ganador de la elección interna y candidato presidencial, es un entusiasta partidario del proyecto del lema único, su rival interno, el senador Pedro Bordaberry, ha expresado su negativa, en el convencimiento de que mantener la identidad partidaria en lemas separados resulta más útil que coaligarse bajo un lema común.

En el Partido Nacional, por su parte, coexisten ambas posiciones, aunque sin abanderados tan claros. En los hechos, en este tema esa colectividad actúa como una federación de 19 partidos diferentes, ya que la realidad electoral de cada departamento plantea dudas a sus líderes locales sobre la conveniencia de un lema único, especialmente donde los caudillos nacionalistas ejercen una hegemonía tal que no necesitan aliados para mantenerse en el poder. Aunque también en este punto hay matices, como lo demuestra el departamento de Salto, donde el lema único fue clave para la victoria electoral del intendente Albisu.

No sin razón, los demás partidos plantean a los blancos que el lema único funcione también a nivel departamental, un reclamo que por lo expresado antes no encuentra mayor eco, y constituye un obstáculo que no puede ser salvado por una dirección nacional que en este punto debe contemplar a quienes representan al grueso de sus votantes.

Un antecedente clave

Hace tres años, en las puertas del ciclo electoral del 2024, publicamos en CONTRAVIENTO una encuesta de Radar, la consultora que dirige Alain Mizrahi, que mostraba claramente la existencia de un espacio político común de los partidos entonces en el gobierno, que superaba los límites de las colectividades que lo integraban. Este fenómeno sólo puede haber crecido desde entonces hasta hoy, habida cuenta de la adhesión decreciente de los nuevos votantes por las viejas divisas. Para confirmarlo, estamos evaluando repetir aquella encuesta, incorporando esta vez nombres de figuras emergentes para medir su adhesión dentro de este espacio político común.

Aquella encuesta fue el punto de partida de un movimiento de ciudadanos «de a pie», manifestado en las redes sociales, que dio nacimiento a una movida en favor de constituir el lema «Coalición Republicana», que finalmente fue seguido por los partidos formalmente constituidos, pero acotado a las elecciones departamentales, en las que el lema fue utilizado con suerte variada en Montevideo, Canelones y Salto.

Con el fracaso estrepitoso de la Coalición Republicana en la última elección nacional, que no hizo otra cosa que dejar en evidencia la separación entre los líderes y sus seguidores, resulta obvio que aquellos ciudadanos que se movilizaron por su propia iniciativa, y otros que se fueron sumando a la idea en los últimos dos años, no se quedarán de brazos cruzados mientras los jefes de los partidos se empeñan en repetir su error.

El espacio político existe. Sólo falta que una personalidad vigorosa, con experiencia probada de gobierno y amplia simpatía popular, convencida de la necesidad de darle a este poderoso movimiento ciudadano una expresión electoral, asuma el compromiso de levantar la bandera. Con o sin lema único.  Porque, al fin de cuentas, la suerte del país no puede quedar en manos de cinco dirigentes que desconfían el uno del otro, mientras que el Uruguay que una vez fue orgullo de sus habitantes, se va destruyendo a pasos agigantados.

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La decisión de llamar al Ejército a operar en un ámbito estrechamente vinculados a la seguridad pública, revela, entre tantas cosas, la colosal crisis que el país vive en ese sector, y la necesidad de encarar alguna acción que pueda mostrar resultados concretos.

La idea de utilizar la infraestructura y el personal militar para inculcar disciplina, valores ciudadanos básicos, instrucción militar y enseñanza de oficios a menores delincuentes -llamados «infractores» en la jerga legal – no es nueva. Ya la había propuesto en el año 2016, sin éxito, el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos.

En el período pasado, bajo el conducción de Javier García, el Ministerio de Defensa había formalizado un acuerdo con el INISA por cupos para egresados de hogares del Instituto en Liceos Militares.

Una década después, la idea inicial vuelve al tapete , esta vez como propuesta del propio INISA, que impulsará un acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional en procura de los mismos objetivos que en su momento propuso Manini.

El fracaso del Estado en la resocialización de los delincuentes menores de 18 años es una realidad, que retroalimenta un circuito de violencia y muerte, destruye el entramado social, y desalienta a pequeñas empresas barriales, que son el medio de vida de miles de personas.

Aunque este acuerdo entre el Inisa y el Ministerio de Defensa consiste en un plan para 20 menores voluntarios «en conflicto con la ley», como se dice en el lenguaje políticamente correcto, a nadie escapa que se trata de un primer paso en procura de un objetivo más amplio, que consiste básicamente en incorporar al Ejército en tareas vinculadas a la seguridad pública. Ya se había hecho con las guardias perimetrales en las cárceles, que si bien contribuyeron a evitar las fugas clásicas, fueron un factor de irritación en los vínculos entre la Policía y el Ejército, porque el control de la entrada y salida de los establecimientos se mantuvo en manos policiales.

Bien visto por la población en general, este acuerdo ha sido motivo de críticas sobre todo en medios de izquierda. Y si bien esas críticas se alimentan de un viejo recelo, deben ser tomadas en consideración, especialmente por lo que no se dice.

Como institución subordinada al mando civil surgido de un gobierno democrático, el Ejército está obligado a cumplir con las misiones que le encomienda el mando superior. Pero los hechos del pasado reciente, y sus secuelas que se mantienen hasta hoy, hacen presumir que acciones de esta naturaleza deben tener un marco legal que evite zonas grises, y que asegure al mismo tiempo el éxito de la misión encomendada.

Todo lo anterior, con ser importante, no agota la lista de preocupaciones que el tema pone sobre la agenda. Como en el ajedrez, es necesario imaginar los siguientes movimientos, para analizar los distintos escenarios que se conformarán en el tablero. Y eso lleva a que el marco legal sea lo más preciso posible, porque es muy posible que el avance de la criminalidad obligue a usar a la fuerza militar no sólo para inculcar valores de disciplina, respeto a la autoridad y hábitos laborales.

Es sólo cuestion de tiempo. Y más vale estar preparados por si ese momento llega.

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El petróleo, ese «excremento del diablo» como lo definió en los años 60 el ex ministro de Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonzo, ha sido al mismo tiempo bendición y condena para Venezuela. Fuente de su prosperidad en la segunda mitad del siglo pasado, lo fue también de su decadencia, corrupción, intervenciones extranjeras y pérdida de libertades al comenzar el siglo XXI.

El chavismo fue la última expresión de esa decadencia, nacida de la corrupción del bipartidismo Acción Democrática-COPEI que se alternó en el poder luego de la causa del régimen de Pérez Jiménez.

El joven militar Hugo Chávez encarnó en su época el descontento de la sociedad reflejado en las jóvenes camadas del Ejército, y si bien su intento de golpe de estado al estilo clásico fracasó, el descrédito de los partidos establecidos lo llevó rápidamente al poder.

En efecto, Chávez llegó a la presidente de Venezuela a través de elecciones libres, para imponer con el paso del tiempo un régimen cada vez más autocrático, al estilo de las dictaduras caudillistas clásicas del continente.

No pasó mucho tiempo para que ese movimiento renovador, que levantaba banderas de justicia social buscando derramar la riqueza petrolera a los sectores más humildes, terminara cayendo en la esfera de influencia de la Cuba de Fidel Castro.

Este columnista visitó Caracas en dos ocasiones. La primera en 1987, en ocasión de una actividad sobre periodismo y democracia auspiciada por una fundación alemana. El haber conocido en esa instancia a Carlos Alberto Montaner, y haber compartido con él actividades públicas e inolvidables conversaciones privadas, hicieron de aquel viaje un recuerdo para toda la vida. Aunque ya se percibían signos de hastío, la vitalidad y el entusiasmo que la bonanzas petrolera habia generador en círculos intelectuales eran evidentes.

La segunda visita ocurrió 15 años después. Chávez ya firmemente instalado en el poder, se aprestaba a su enésima victoria electoral, pero ahora ayudado por la inefable Tibisay y su recordado sistema informático de conteo de votos, que aseguraba la victoria del caudillo aunque el rival de turno -en este caso Capriles – cosechara más sufragios.

Ya entonces era visible en las calles la presencia de matones a sueldo piloteando motos de alta cilindrada, y -a un nivel más discreto pero admitido en círculos pequeños tanto por oficialistas como por opositores- el control cubano de los sectores claves de la sociedad: puertos y aeropuertos, fuerzas armadas y policiales y el equivalente a nuestras Dirección de Identificación Civil.

Fidel había conquistado un país más grande que el suyo sin disparar un solo tiro. Y gracias a esa operación militar de alto nivel, se aseguró los recursos económicos para mantener en pie a la dictadura luego del colapso soviético.

Lo que siguió es historia presente. Nicolás Maduro era el hombre de Castro en el corazón del gobierno de Chávez. Y así quedó demostrado en el manejo de la enfermedad del caudillo y en el proceso que desembocó en la presidencia de quien hasta entonces había sido ministro de Relaciones Exteriores.

A golpes de clientelismo, fraude, oposición a sueldo y reparto de cuotas de poder en el alto mando militar, el chavismo sobrevivió una década más, durante la cual Venezuela se abrió a intereses extra continentales. Esa maniobra arriesgada transformó lo que hasta entonces era un asunto apenas caribeño para Estados Unidos, en una cuestión de importancia estratégica clave.

La gesta de María Corina Machado y su Premio Nobel llevaron la cuestión por primera vez fuera del continente. Lo que se había tolerado más o menos en forma pacífica, llegó a un punto de no retorno.

Con Trump llegó la hora de la acción. Treinta años después de la captura de Noriega, también caído en desgracia por el tráfico de drogas, Estados Unidos sólo utilizaría el mismo pretexto para arrestar a Maduro, pero no repetiría la misma operación militar, basada en una invasión al estilo clásico. Y tampoco estaba dispuesto a seguir el «modelo Irak», con una presencia militar permanente.

El chavismo simplemente cambió de amo. La democracia puede esperar….y con Delcy ahora al mando, apuro no parece haber.

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