El Frente Amplio (FA) llegó al poder en 2025 cacareando que heredó un Uruguay en ruinas, un país «sin timón» y endeudado hasta el alma por el gobierno de Lacalle Pou, según las palabras de su presidente, Fernando Pereira. ¡Vaya drama! Nos pintaron un paisaje apocalíptico: pobreza galopante, desigualdad rampante y un Estado ausente en los territorios. Pero a poco menos de un mes después de que el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, confesara el 25 de agosto que el programa estrella del FA es una quimera «impagable» —cinco o seis puntos del PIB, nada menos—, el gobierno decide que la prioridad es… ¡instalar Oficinas de derechos humanos y diversidad en cada intendencia!
Mientras se hacen evidentes las carencias en asistencia a personas en situación de calle, algunos de los cuales mueren por causa de la ceguera ideológica de la izquierda vernácula, existe una alarmante crisis en áreas sensibles como salud mental o seguridad, y habiéndose prometido “no más impuestos” instalan el impuesto TEMU, el FA, con la pompa de un circo de tres pistas, anuncia en el Mes de la Diversidad que las intendencias tendrán áreas para la población LGBTIQ+. ¡Qué conmovedor! Collette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos, nos vende la fantasía de «territorializar» la inclusión, como si un escritorio con arcoíris en cada pueblo fuera a sacar a los niños de la calle o a curar la esquizofrenia sin medicamentos.
¿Y de dónde sale la plata? No se preocupen, que el uruguayo de a pie ya paga el pato con el «impuesto TEMU», ese 22% de IVA a los envíos baratos que no compiten con nadie más que con la codicia del fisco. Eso mientras también pregonan el mantra del “impuesto al 1% más rico”:
Aquí entran los colectivos LGBTIQ+, esos eternos beneficiarios de la victimización rentada.
No contentos con leyes que ya garantizan todo lo que piden —matrimonio igualitario, ley trans, cupos laborales e ainda mais—, ahora reclaman oficinas exclusivas para seguir agitando banderitas mientras el país se desangra.
Soy homosexual, eso todo el mundo lo sabe y no necesito un arcoiris para decirlo, porque no tengo necesidad de gritarlo a los cuatro vientos, pero honestamente me repugna ver cómo estos colectivos se trepan al pony del Estado para ordeñar recursos que podrían ir a los que duermen en la vereda o a los que esperan meses por un psicólogo. ¿Inclusión? ¡Por favor! Esto es un negocio de aplausos, un circo de selfies con pancartas que no llena estómagos ni soluciona nada. La «agenda de derechos» se ha convertido en un chantaje emocional: o te sumas al desfile de purpurina, o sos un cavernícola.
Y mientras tanto, el FA, que no tiene un peso para cumplir su propio programa, encuentra fondos para estas oficinas de fachada. ¿Prioridades? Ninguna.
Pereira puede seguir llorando que Lacalle Pou dejó un país en bancarrota social, pero su gobierno no hace más que tirar manteca, ajena siempre, al techo. Vallcorba ya lo dijo: no hay plata. Pero parece que para los colectivos siempre hay un cheque en blanco, mientras los vulnerables de verdad se comen las migajas, o hacen refuerzos con pedazos de aire y rebanadas de viento.
Esto no es inclusión; es una burla. La purpurina no tapa la miseria, pero, como siempre, se prefiere el aplauso fácil al trabajo sucio de gobernar y trabajar en los temas importantes.