El título de esta columna puede sorprender, pero a poco que uno se detenga en los detalles, encuentrará más similitudes de las que imagina entre la compra por parte del Estado de la estancia María Dolores, y la venta de la radio M24, motivo de afiebrada controversia en las redes en estos días.
Veamos. El primer caso consiste en la compra a inversores extranjeros (sucesores del millonario peruano-marroquí Víctor Lumbroso) por parte del Estado, de una estancia en 32 millones de dólares, con el pretexto de homenajear al extinto José Mujica a través de de la entrega de 16 parcelas a otras tantas familias de tamberos.
Un capricho político en toda la regla, que sembró de más dudas que certezas la decisión de la compra, al punto de que el presidente del INC debió renunciar, porque había sido nombrado en el cargo en forma ilegal. Ese defecto formal que invalidó la compra desde el minuto uno, fue seguido por otros tropiezos, hasta llegar al absurdo de tener que dejar sin efecto un llamado para explotar algunas parcelas por errores insanables en el texto de la convocatoria. Mientras tanto, las 16 familias siguen esperando que se cumplan las promesas, que maquillaron de «justicia social» un negocio muy oscuro.
Pasemos al segundo caso. Esta vez se trata no de una compra sino de la venta de la explotación de un bien público como lo es una onda de radio y televisión. A priori nada llamativo, sobre todo porque en las últimas dos décadas cambiaron de mano alrededor del 80 por ciento de las emisoras de radio AM y FM con asiento en Montevideo.
Pero qué es lo que hace a este último negocio algo tan especial? En primer lugar, la prevalencia de capitales extranjeros en el paquete accionario de los nuevos concesionarios, algo que la legislación prohíbe, al punto de que un negocio similar concretado hace varios años, y que implicó la venta de varías emisoras a un empresario mexicano, derivó en el uso de testaferros para cumplir con la formalidad exigida por la ley.
En segundo lugar: la afinidad política clara y manifiesta de la emisora, verificable en el contenido de la mayor parte de su programación y en la conocida filiación de sus principales figuras, con el MPP. Es más: el rápido crecimiento en audiencia de la radio se debió a esa adhesión política, que representa una parte significativa del electorado, y, por lo tanto, de la audiencia. Pero éxito de audiencia no significa necesariamente éxito económico, especialmente cuando la fragilidad de la empresa que alberga esa programación no permite absorber los costos de la misma.
Esta razón explica en gran parte las últimas adquisiciones y fusiones en el sector. Es claro (y lo saben quienes conocen por dentro el negocio) que la acumulación de frecuencias en manos de un mismo grupo económico lo que hace es abrir nuevas «bocas de venta» de publicidad, de modo de repartir los costos más pesados de la programación entre emisoras de distinto perfil.
El caso de M24 se asemeja bastante a este modelo. En efecto, sus compradores (grupo argentino Werthein -Hochbaum) ya explotan el portal de El Observador, así como la filial uruguaya de Directv. Con lo cual podrán ofrecer a los anunciantes un abanico de opciones comerciales, es decir, maximizar su inversión, poniendo «los huevos en distintas canastas».
Ahora bien. Dónde están las similitudes, entonces?
La primeras y más evidente es el rol decisivo del gobierno en ambos negocios tan polémicos y controvertidos. En la compra de la estancia es obvio: los 32 millones de dólares en los bolsillos de un poderoso grupo económico extranjero los puso el gobierno. En el segundo caso, sin la intervención preceptiva del gobierno, y la autorización para la transferencia de la explotación de la onda, el negocio no podría haberse hecho. Más aún, el grupo inversor extranjero no habría dado ni un paso para concretar la compra sin tener la certeza de esa aprobación final. Quienes saben cómo se manejan estos asuntos saben que es así, y no pueden llamarse a sorpresa.
Como se ha señalado en redes por tuiteros afines al gobierno, llama la atención el silencio de políticos y dirigentes del partido de gobierno ante este negocio, que deja sin trabajo a unos 40 profesionales del sector. Ni siquiera los que hace unos días se escandalizaban por el retiro de publicidad de una empresa de embutidos a una murga, hoy elevan su protesta contra la «censura» y el ataque a la «libertad de expresión». Sólo silencio, lo cual es muy elocuente.
La compra de la estancia María Dolores trajo consigo, además de la protesta de quienes se oponían a ese negocio por el evidente desbalance entre el lucro de los vendedores y la utilidad para el Estado, el apoyo de entidades afines a la izquierda en el ámbito rural.
Siguiendo la misma lógica, el hecho de que el gobierno otorgue el aval a este negocio entre privados que tanta controversia ha generado, seguramente tendrá alguna contrapartida. No se asume tanta «prensa negativa» frente a este negocio, sin la expectativa de un algún tipo de «retorno» en el plano político. Esta vez ni siquiera las voces de izquierda han tratado de minimizar en las redes el claro impacto negativo en la imagen del gobierno que el negocio ha tenido.
La respuesta a la pregunta de fondo la tendremos en los próximos meses, cuando quede claro el rumbo que tome el multimedio de los empresarios argentinos. Y como no hay nada más aburrido que la historia -que cada tanto se repite con parsimoniosa cadencia- basta ver la orientación que tomaron los medios en manos del empresario mexicano que se hizo de un gran surtido de radios en el primer gobierno del Frente Amplio.