Una alerta sobre el verdadero trasfondo del proyecto de «regulación democrática» de plataformas digitales
Nos consta que ustedes enfrentan en este momento un dilema crítico, respecto de la custodia de los derechos y libertades ciudadanas, que la Constitución les confía.
Sobre sus escritorios tienen un proyecto de «regulación democrática de plataformas digitales» que llega, envuelto en el salvífico lenguaje de los derechos humanos, impulsado por organismos internacionales –presuntamente- prestigiosos como la UNESCO y presentado como una necesidad urgente frente al «descontrol» de la inteligencia artificial.
Llega, además, con el aval de cumbres pretendidamente “progresistas”, con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, y con la promesa de proteger a los ciudadanos del poder desmedido de las grandes tecnológicas.
Pero bajo este manto de legitimidad se esconden señales de alarma que merecen su atención más rigurosa. Porque cuando uno investiga quiénes impulsan este proceso, de dónde viene el dinero, quiénes son los protagonistas y cuál es la verdadera trayectoria de esta iniciativa, emergen contradicciones tan profundas que debería obligar a una pausa reflexiva antes de aprobar cualquier regulación con implicancias en la libertad de expresión.
El pedigrí cuestionable de los impulsores
A) Fundación AVINA: El legado del amianto
Comencemos por el dinero. La organización local que impulsa el proceso, Datysoc en conjunto con OBSERVACOM, fue creada con apoyo del fondo INDELA de Fundación Avina y Luminate. Pero ¿quién es Avina?
La Fundación AVINA fue fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan Schmidheiny, quien amasó su fortuna con el negocio del amianto, mineral letal que provocó la muerte de miles de personas. La historia de Schmidheiny no es un detalle menor: en 1976, en una conferencia en Neuss (Alemania), reconoció ante sus gerentes que el asbesto era nocivo y peligroso, pero les instruyó que debían decir que no era perjudicial y que no causaba la muerte.
Décadas después, Schmidheiny fue condenado a 18 años de prisión por «desastre ambiental doloso permanente», acusado de mantener a trabajadores y población en ignorancia sobre los efectos letales del mineral con el único objetivo de aumentar su riqueza. La creación de VIVA Trust (que financia AVINA) en 2003 y la interposición de demandas en 2004 sugieren que el dinero dedicado a filantropía fue sustraído a las víctimas en su millonario reclamo judicial .
No es todo. Organizaciones sociales y ambientales latinoamericanas y españolas han denunciado que AVINA actúa para legitimar formas de producción tremendamente negativas en lo social y ambiental. AVINA cuenta entre sus socios al argentino Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores productores de soja transgénica que provoca consecuencias socioambientales devastadoras.
Primera pregunta incómoda: ¿Es casualidad que quien ocultó la letalidad del amianto por décadas (AVINA Found), mintiendo deliberadamente para aumentar su riqueza a costa de vidas humanas, ahora financie iniciativas para «regular» la información digital?
B) El ecosistema de «filantropía»: Open Society y el círculo del poder
Pero AVINA no está sola. El ecosistema que impulsa este proyecto incluye a Access Now, una de las organizaciones que paradójicamente critica las Directrices de UNESCO por riesgo de censura, pero que ha recibido financiamiento de Open Society Foundations de George Soros, quien ha aportado más de 32 mil millones de dólares a su fundación.
Lo que tenemos aquí no es un proceso genuinamente democrático surgido de la sociedad civil, sino una red de fundaciones multimillonarias con agendas propias que operan a través de organismos multilaterales para impulsar regulaciones que afectarán la vida de millones de ciudadanos.
De Silicon Valley a Montevideo: El mapa de la influencia
Para entender verdaderamente lo que está ocurriendo, es necesario trazar el origen y la trayectoria de este proyecto regulatorio. La historia es reveladora.
A) 2018: Los Principios de Santa Clara en el corazón de Silicon Valley
Todo comienza en 2018, en Santa Clara, California, literalmente a la sombra de las grandes tecnológicas. Allí, un grupo de organizaciones de derechos humanos, defensores y expertos académicos desarrollaron y lanzaron un conjunto de principios sobre transparencia y rendición de cuentas en la moderación de contenidos de las plataformas de Internet.
Entre las organizaciones creadoras originales, se encuentran ACLU Foundation of Northern California, Center for Democracy & Technology, Electronic Frontier Foundation (EFF), New America’s Open Technology Institute, Access Now, y ARTICLE 19.
La paradoja fundamental: Estos principios nacen en el epicentro de Silicon Valley y son promovidos por organizaciones financiadas por las mismas fundaciones (Open Society, entre otras) que ahora impulsan las «regulaciones democráticas». Es decir, el marco regulatorio que ahora se presenta como «protección frente a las big tech» fue diseñado en el mismo lugar y con el dinero de los mismos ecosistemas de poder que supuestamente deben ser regulados.
B) 2023: La legitimación en París – El rol de Gustavo Gómez
El segundo paso fue legitimación internacional. En febrero de 2023, Gustavo Gómez participó en el evento «Transparencia, moderación de contenidos y libertad de expresión. Perspectivas multi-actor en América Latina», organizado por OBSERVACOM (es decir, por el propio Gómez) y la UNESCO, en el marco de la Conferencia Global «Por un internet confiable» en París.
Aquí Gómez hizo una admisión crucial que merece ser destacada: «Tenemos unas ansias regulatorias en la región que son brutales y que no van a parar. Haya o no una guía de UNESCO». Textual. Sincericidio donde los haya.
Y luego reveló su estrategia: «En ese escenario, en opinión de Observacom preferimos tener una actitud proactiva y tener referencias para dar ese debate, para tener qué anteponer a las malas iniciativas legislativas».
Lean bien esas palabras, señores legisladores. Gómez no está diciendo que la regulación sea necesaria por razones democráticas. Está diciendo que hay «ansias regulatorias brutales» inevitables, y que su estrategia es adelantarse para controlar el marco de ese debate antes de que otros lo hagan.
C) 2025: La politización en «Democracia Siempre»
El tercer paso fue la politización en la cumbre «Democracia Siempre» realizada en Santiago de Chile en julio de 2025. Esta cumbre de mandatarios progresistas se desarrolló bajo tres ejes: el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo (Chile), la reducción de las desigualdades (Brasil) y la lucha contra la desinformación y la regulación de tecnologías emergentes (¡España!).
El tercer eje —regulación de tecnologías emergentes— es exactamente la agenda que Gómez ha venido impulsando desde la conferencia de UNESCO.
La Declaración de la Cumbre menciona explícitamente: «impulsar mecanismos participativos que favorezcan el aprendizaje mutuo» y «apoyar el establecimiento de una red global de centros de pensamiento» —exactamente el tipo de estructuras que OBSERVACOM y sus aliados han estado construyendo.
El timing es perfecto y revelador: Gómez presenta la iniciativa ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado uruguayo en mayo de 2025, justo dos meses antes de la cumbre «Democracia Siempre» en julio. Las propuestas serían presentadas en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025.
D) 2025: La implementación local en Uruguay
El cuarto y último paso es la presión sobre ustedes, legisladores uruguayos, para que aprueben en meses un proyecto presentado como «iniciativa democrática local», cuando en realidad es el resultado de una estrategia global de siete años que nació en Silicon Valley, fue legitimada por UNESCO con dinero de Avina/Soros, fue politizada en una cumbre progresista, y cuyo propio impulsor admite que responde a «ansias regulatorias brutales» que «no van a parar».
Entonces, segunda pregunta incómoda: ¿Casualidad o diseño? ¿Es coincidencia que un proceso que comienza en California en 2018 termine precisamente en el Parlamento uruguayo en 2025, impulsado por las mismas organizaciones, con el mismo protagonista, siguiendo exactamente la misma agenda?
III. El protagonista problemático y su historia: Gustavo Gómez y la Ley de Medios
Hablemos ahora del protagonista principal de este proceso: Gustavo Gómez, director de OBSERVACOM. Su historial en materia de regulación de medios debería encender todas las alarmas.
Gómez fue uno de los redactores de la Ley de Medios original de 2014. Esa ley nunca se llegó a reglamentar del todo o como la propia ley especificaba. Pero la reforma de 2024 contenía el polémico artículo 72 que establecía censura a medios y periodistas, siendo violatorio de la libertad de expresión e inconstitucional.
Las críticas a esa Ley no vinieron de «la derecha» o de intereses corporativos. Vinieron de organismos internacionales de derechos humanos:
- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH afirmó que la reforma «podría implicar censura previa y generar impactos en la concentración de medios, la transparencia y la participación ciudadana«.
- La propia UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron que la ley «es contraria a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión«.
La paradoja insostenible: El mismo Gómez que ahora promueve «regulación democrática» de plataformas digitales impulsó una Ley de Medios que fue cuestionada por organismos internacionales —incluida la propia UNESCO— por atentar contra la libertad de expresión.
¿Cómo puede alguien con este historial presentarse como garante de una regulación que protegerá la libertad de expresión en el ámbito digital?
Tercera pregunta incómoda: ¿Por qué el protagonista principal de un proyecto que busca «regular democráticamente» la información digital es precisamente quien impulsó una ley de medios tradicionales que fue declarada contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión?
Las señales de alarma de la propia UNESCO
Pero no hace falta ser escéptico por naturaleza para dudar de este proceso. Las propias organizaciones de derechos digitales ya advirtieron sobre los riesgos:
- No hay claridad respecto a qué se entiende por «información como bien público» y existe preocupación de que este concepto aluda a una visión aséptica incompatible con el pluralismo.
- Las Directrices no definen específicamente cuál sería el contenido potencialmente dañino, y el documento promueve la censura previa por parte de las plataformas.
- El lenguaje amplio y vago de las Directrices de UNESCO corre el riesgo de facultar a los reguladores para censurar la disidencia y restringir la libertad de expresión.
Estas críticas provienen de Access Now y otras organizaciones que, irónicamente, forman parte del mismo ecosistema que impulsa el proceso. Es decir, hasta los propios actores involucrados reconocen los riesgos liberticidas del marco que están promoviendo.
La conexión con Giuliano Da Empoli: «La hora de los depredadores»
Para entender el contexto más amplio de este debate, vale la pena volver a recurrir a Giuliano Da Empoli y su ensayo «La hora de los depredadores», como lo hicimos en nuestra anterior columna.
Da Empoli plantea que la inteligencia artificial es una forma de inteligencia autoritaria, que centraliza datos y los transforma en poder, y que, en lugar de desarrollarse bajo la tutela del gobierno, como fue el caso de las armas atómicas, la IA se despliega sin control alguno, en manos de empresas privadas que se elevan al nivel de Estados-nación.
Da Empoli identifica dos especies de «depredadores»: los autócratas políticos y los señores feudales de la tecnología (Silicon Valley). Su argumento clave es que, en el mundo digital, atacar es fácil; defenderse es mucho más difícil, incluso a veces imposible.
Es un análisis lúcido y preocupante. Pero aquí es donde emerge la triple ironía que debe llamar su atención:
Ironía 1: Los «depredadores filantrópicos»
Da Empoli habla de los señores de la tecnología como depredadores. Pero ¿qué pasa cuando quienes impulsan la regulación son fundaciones creadas con fortunas de otros depredadores? Schmidheiny y el amianto es apenas un ejemplo. La «filantropía» que financia este proceso regulatorio proviene de fortunas amasadas en contextos donde la información fue deliberadamente ocultada para maximizar ganancias a costa de vidas humanas.
¿Es esa la fuente moral legítima para «regular democráticamente» la información digital?
Ironía 2: El poder privado regulando al poder privado
La «solución» al poder concentrado de las big tech viene impulsada por otras estructuras de poder privadas: fundaciones multimillonarias (Avina, Open Society) que operan a través de organismos multilaterales (UNESCO) para presionar a Estados nacionales a adoptar regulaciones diseñadas en… Silicon Valley.
El círculo es perfecto y cerrado: el problema y la solución provienen del mismo ecosistema de poder.
Ironía 3: La narrativa del «descontrol» como justificación
La narrativa de que la IA está «fuera de control» y que los señores de la tecnología son «depredadores» sin freno sirve perfectamente para justificar regulaciones urgentes, amplias y con lenguaje vago que, paradójicamente, concentrarían aún más poder. Mera excusa para el avance: en nuestra anterior columna, dejamos demostrado que la propia IA descarta, por inexacto, que se esté fuera de control.
Porque, señores legisladores, pregúntense: cuando este proyecto se apruebe, ¿quién tendrá realmente más poder? ¿Las big tech «sin control» o los Estados (y los organismos multilaterales que los influyen) con capacidad de definir qué es «información como bien público» y qué contenido es «potencialmente dañino»?
Da Empoli tiene razón en algo: vivimos en la hora de los depredadores. Pero el problema es que los depredadores vienen en muchas formas, y algunos se disfrazan de reguladores democráticos.
Las preguntas que deberían hacerse antes de votar
Antes de aprobar cualquier regulación con implicancias en la libertad de expresión, parecería prudente –en aras de preservar garantías democráticas- de hacerse estas preguntas:
Sobre el proceso:
- ¿Por qué tanta urgencia? Si el problema es tan complejo y las consecuencias tan profundas, ¿por qué la presión para aprobar en meses un proyecto de siete años de gestación internacional?
- ¿Por qué este origen? ¿Por qué una regulación que afectará a ciudadanos uruguayos debe seguir principios diseñados en Santa Clara, California en 2018?
- ¿Por qué este financiamiento? ¿Por qué aceptar que el proceso sea impulsado por organizaciones financiadas por una fundación cuyo creador fue condenado por ocultar información letal?
- ¿Por qué este protagonista? ¿Por qué el impulsor principal es quien ya intentó censurar medios tradicionales con una ley declarada contraria a estándares internacionales?
Sobre el contenido:
- ¿Quién define «información como bien público»? El concepto es tan amplio que puede significar todo o nada. ¿Quién tendrá el poder de definirlo en la práctica?
- ¿Quién determina qué contenido es «potencialmente dañino»? Si ni siquiera las Directrices de UNESCO lo definen específicamente, ¿cómo evitarán que sea usado para censurar disidencia legítima?
- ¿Uruguay como laboratorio? AVINA ha usado históricamente a Uruguay como «laboratorio» para sus intervenciones. ¿Estamos siendo usados nuevamente para testear un modelo regulatorio que luego se exportará a la región?
- ¿Qué pasó con «Democracia Siempre»? ¿Por qué una cumbre de mandatarios “progresistas” incluye en su agenda exactamente los mismos temas que Gómez viene impulsando desde la conferencia de UNESCO? ¿Quién realmente escribió esa agenda?
Sobre el resultado:
- ¿Quién termina con más poder? Al final del día, ¿quedarán las big tech más débiles o los Estados con más capacidad de control sobre la información?
- ¿Quién protege a los ciudadanos? Cuando tanto el «depredador tecnológico» como el «regulador democrático» tienen intereses propios y financiamiento cuestionable, ¿quién realmente protege la libertad de expresión de los ciudadanos comunes?
VII. El verdadero dilema
Nadie duda de que las plataformas digitales tienen un poder enorme. Nadie niega que hay problemas reales de concentración, algoritmos opacos, y efectos negativos en la conversación pública. La regulación de plataformas digitales puede ser necesaria.
Pero la pregunta no es si regular, sino cómo, quién, con qué legitimidad y con qué garantías.
Y este proyecto, señores legisladores, falla en todos esos aspectos:
- El «cómo» es opaco: lenguaje vago, conceptos indefinidos, riesgos de censura previa reconocidos hasta por los propios impulsores.
- El «quién» es cuestionable: un protagonista con historial de promover censura en medios tradicionales, financiado por fundaciones con fortunas de origen éticamente dudoso.
- La «legitimidad» es artificial: un proceso diseñado en Silicon Valley, legitimado por UNESCO con dinero privado, politizado en cumbres progresistas, e impuesto con urgencia a legisladores nacionales.
- Las «garantías» son inexistentes: ni siquiera hay definición clara de qué contenido será considerado dañino, quién lo decidirá, ni cómo se protegerá la disidencia legítima.
Los legisladores uruguayos tienen la responsabilidad de no caer en la trampa de pensar que la solución a un poder concentrado es crear otro poder concentrado con distinto nombre.
Conclusión: Una pausa necesaria
Cuando alguien llega con un proyecto «urgente» de regulación democrática, financiado por fortunas del amianto y otras fuentes cuestionables, protagonizado por quien ya intentó censurar medios tradicionales, diseñado en Silicon Valley, legitimado por UNESCO, politizado en cumbres progresistas, y con lenguaje tan vago que hasta sus propios impulsores reconocen riesgos de censura…
Quizás sea momento de hacer una pausa.
Quizás sea momento de preguntarse: ¿a quién beneficia realmente esta regulación?
Quizás sea momento de recordar que, en la hora de los depredadores, algunos depredadores vienen disfrazados de salvadores.
Y quizás, sobre todo, sea momento de defender la libertad de expresión no con regulaciones vagas y urgentes, sino con marcos claros, transparentes, democráticamente construidos, y libres de la influencia de poderes privados con agendas propias.
Uruguay merece más que ser un laboratorio de experimentos regulatorios diseñados en el extranjero. Los ciudadanos uruguayos merecen que sus representantes legislen con prudencia, no con prisa.
Y la democracia merece que desconfiemos tanto de los depredadores tecnológicos como de los depredadores regulatorios.
La regulación puede ser necesaria. Pero no esta regulación. No de esta forma. No con estos actores. No con esta urgencia.