Graziano Pascale
El atentado contra la Fiscal de Corte, perpetrado en la madrugada del día en el que la prensa se hacía eco de las negociaciones para nombrar a alguien en su lugar, es el mejor ejemplo de la ineficiencia del sistema político para encarar la realidad, que en forma obstinada golpea un día si y otro también a la sociedad uruguaya.
El plan en marcha para concentrar la suma del poder político en el Poder Ejecutivo no termina de ser entendido por la oposición (porque no le conviene o porque en el fondo no cree que sea tan malo), pero tampoco es capaz de unificar a todo el gobierno, en el que ya se advierten grietas que amenazan la estabilidad de lo que resta del quinquenio.
Comencemos por lo último.
El atentado contra la Fiscal de Corte, Dra. Mónica Ferrero, tuvo un efecto que superó largamente lo que en teoría buscaban sus presuntos autores. Entendido como una «advertencia», o una «señal de poder del narcotráfico», que busca defender su lucrativo negocio mediante una amenaza explícita a quienes buscan acotarlo con las armas del Estado de Derecho, el ataque desnudó la fragilidad de ese mismo Estado, incapaz de diseñar un mínimo esquema de seguridad para proteger la vida de la Fiscal y de su familia.
Prueba lo anterior la facilidad con la que los delicuentes accedieron al domicilio, cometieron el atentado, y fugaron sin ser detenidos.
La audacia del plan fue facilitada por un defectuoso plan de prevención, cuyas carencias quedan aún más al descubierto luego del reconocimiento por parte de las autoridades de que un ataque de este tipo era esperable luego de los golpes recibidos últimamente por los grupos narcos.
Pero los efectos no se agotaron allí. En lo que puede constituir un acto de insubordinación intolerable en un instituto armado sujeto a disciplina, el sindicato de la Guardia Republicana – fuerza encargada de la custodia- criticó el esquema montado para dar seguridad a la Fiscal, y demandó la renuncia del Ministro del Interior, algo que ni siquiera osó reclamar la oposición.
Pero hay más. El propio presidente de la República se vio obligado a comparecer ante la opinión pública para asumir la gravedad del atentado, y en cierto modo fungir como escudo de protección de un Ministro del Interior que luce superado por los hechos. Es decir, el mundo al revés.
En paralelo, y para buscar él mismo su propia red de protección, el presidente Orsi convocó a su despacho a todos los partidos opositores, junto a cuyos líderes se fotografió buscando dar una señal de unidad nacional frente al desafío de la delincuencia, y al mismo tiempo atar a la oposición a su propio destino.
Así las cosas, la debilidad del gobierno se transformó en su propia fortaleza. Y así como la Fiscal de Corte se aseguró la permanencia en el cargo del que pocas horas antes el gobierno buscaba desplazarla, el presidente Orsi neutralizó con una sola foto todo posible movimiento opositor, que en otras circunstancias, y con otros líderes, hubiera generado una crisis de gobierno de consecuencias imprevisibles.
Tantas insospechadas derivaciones llevan a la inevitable conclusión de que los mandantes del atentado son, además de delincuentes audaces, unos estrategas políticos de alto vuelo, aún en la ignorancia de semejante capacidad y talento para mover las piezas del ajedrez político del país.
Resta por saber si esa insospechada e involuntaria capacidad estratégica de los patrocinadores del atentado logrará también neutralizar los desafíos que aguardan al gobierno en el Parlamento, hasta el punto de pacificar los reclamos y lograr los votos necesarios para aprobar el Presupuesto. Si eso llegara a ocurrir, el gobierno habrá contraído una especie de «deuda de honor» con quienes irrumpieron en la madrugada del domingo en el insólitamente desprotegido domicilio de la Dra. Mónica Ferrero.