Graziano Pascale
El orgullo es un legítimo sentimiento personal. El diccionario de la Real Academia lo define como «sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida». Pero invocarlo, como hace el nuevo presidente de Colonización, Eduardo Viera, para refutar la acusación de haber sido designado en forma inconstitucional, es al mismo tiempo un error y una provocación. Pero no conforme con eso, el novel funcionario adjudica las críticas a un supuesto rechazo «a los pobres», adjudicándose él mismo una condición que no tiene, que es la de la pobreza.
No hay nada que haya salido bien en el operativo anunciado a los gritos el pasado 14 de mayo por el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en medio del funeral del ex presidente José Mujica. Ni la compra de una estancia de 4000 hectáreas a un precio récord, como homenaje al difunto, ni la participación de dos jerarcas impedidos de actuar en la firma de la correspondiente resolución, ni la defensa del negocio en sí mismo, ni la negación de la ilegalidad. Nada de nada.
Los hechos son conocidos por los lectores, por lo que el columnista ahorrará al lector el descenso a los detalles, para limitarse a compartir la perplejidad que despierta todo este oscuro episodio, que se ha convertido en una trampa que el gobierno se ha hecho a sí mismo.
No hay una explicación lógica al hecho de que Colonización, sin estudio previo ni asesoramiento técnico que lo avale, haya decidido comprar la estancia «María Dolores» -con instalaciones adecuadas para la explotación ganadera además de contar con un suntuoso casco apropiado para hotel rural- para transformarla en asiento de una decena larga de tamberos.
Menos se explica la urgencia en hacerlo, ante el vencimiento de los plazos legales, apurando el nombramiento de un jerarca impedido de ocupar ese cargo por mandato constitucional, con el agravante de haber omitido en la información remitida al Senado el antecedente que hubiera impedido votar su venia.
Pero las sorpresas no se agotan aquí. Tras algunas horas de vacilación, en las que Sánchez trató de negar lo evidente, el presidente Orsi, con buen criterio, admitió el error cometido, confirmando que Viera no puede ser si mismo tiempo colono y presidente del Instituto, con el cual además está omiso en regularizar la situación de la vivienda construida en su predio para casa habitación.
Fraude a la ley
La solución propuesta, definida por el propio Jefe de Estado como un «paréntesis» en la actividad de colono de Viera, para seguir ocupando el cargo para el que fue designado violando la Constitución, consiste en lo que se conoce como «fraude a la ley».
Se trata, como lo entiende la doctrina, de la realización de un acto jurídico que, aunque formalmente se ampara en una norma legal existente (norma de cobertura, en este caso la transmisión a otra persona de la condición de colono), tiene como finalidad eludir la aplicación de otra norma imperativa (norma defraudada), produciendo un resultado contrario al ordenamiento jurídico o al interés público.
Más burdo no puede ser el procedimiento. Sólo quien está habituado a vivir en los suburbios de la ley, haciendo de su violación una forma de vida, puede haber concebido una maniobra tan torpe, que revela al mismo tiempo la mala fe.
De consumarse la idea por ahora en borrador, se elude el claro impedimento del artículo 200 de la Constitución, dando un barniz de aparente legalidad a la violación de la Carta Magna. Esa maniobra no hace más que empeorar la situación, al generar un antecedente que será muy útil a los abogados que buscarán la anulación del acto jurídico que dispuso la compra de la estancia.
Si bien el «fraude a la ley» no está contemplado a texto expreso en nuestra legislación, el concepto deriva de principios generales del derecho, como la buena fe, la prohibición del abuso de derecho y la protección del espíritu de la ley, que son fundamentales en el sistema jurídico uruguayo. El Poder Ejecutivo podría sufrir un histórico revés ante la justicia si opta por este camino.
El gobierno se ha conducido a sí mismo a un callejón sin salida. De persistir en el intentar de llevar adelante en forma simultánea la compra del campo y la permanencia de Viera al frente de Colonización, se le abrirán dos frente de conflicto al mismo tiempo: uno político y otro judicial.
En el campo político, obligará a la oposición a seguir adelante con su reclamo de transparencia, que puede llegar a la instancia de la interpelación, y su consiguiente réplica en los medios de comunicación. No hay que descartar que algún «as en la manga» se reserve la oposición para esa instancia.
En el plano judicial, con los elementos conocidos -nombramiento inconstitucional de los jerarcas y fraude a la ley- la posibilidad de que el acto sea anulado por la justicia administrativa es muy alta.
El comienzo del quinquenio se tiñe de un tono muy oscuro