Graziano Pascale
Se le atribuye a Giulio Andreotti (1919-2013), siete veces Presidente el Consejo de Ministros de Italia, la frase que da título a esta columna. Su larga trayectoria en la vida pública italiana, casi siempre formando parte del gobierno, ya sea de su partido, la Democracia Cristiana, como de coaliciones con otras formaciones liberales y democráticas, otorga legitimidad a su amarga conclusión, que bien puede considerarse una máxima política de todos los tiempos en todo lugar.
El panorama político uruguayo de estos días es la enésima comprobación de la validez de la frase de Andreotti. La fortaleza que exhibe el gobierno del presidente Orsi en todas las encuestas conocidas hasta ahora, en medio del peor comienzo de un gobierno desde la vuelta a la democracia en 1985, refleja el valor que la opinión pública asigna a la capacidad de capear las tormentas que exhibe quien ejerce el poder, sin mostrar fisuras en sus líneas, al tiempo que deja al desnudo las debilidades de quienes se le oponen.
Este es el mejor resumen de lo que, en medio de un escenario marcado por la perplejidad, estamos viendo estas semanas en el Uruguay. Ni los insultos de un ministro al principal partido de la oposición («que se vayan a cagar», dijo el ministro Fratti el 5 de mayo); ni la designación inconstitucional de un colono al frente del INC, – que finalmente tuvo que renunciar-; ni la renuncia de una ministra de Vivienda que reside en una casa irregular sin abonar los impuestos correspondientes; ni la emisión de 17.000 pasaportes sin cumplir con los requisitos que se exigen en la materia; ni la dudosa compra de una estancia en 34 millones de dólares; ni la admisión por parte del ministro de Trabajo de que en la pesca se exige afiliación sindical obligatoria violando la libertad de trabajo consagrada en la Constitución, lograron hasta el momento generar mayor inquietud en el gobierno, que sigue disfrutando de una prolongada «luna de miel» con la sociedad.
Que este tembladeral no tenga por ahora consecuencias políticas sólo puede explicarse por el colapso que está viviendo la oposición, que aún no logra ni explicar ni asimilar el resultado electoral del año pasado. Particularmente visible es esto dentro del Partido Nacional, que completados ya nueve meses -plazo muy sugestivo- de la derrota de noviembre, aún no ha dado señales claras de iniciar el proceso de «autocrítica» anunciado en su momento. En su lugar, se enfrascó en un tormentoso proceso electoral interno, coronado con abucheos y abandonos intempestivos en la última Convención, luego de conocerse la victoria de Álvaro Delgado en la carrera para presidir el Directorio. Lo cual, como era esperable, abrió otra minicrisis, al instalarse el debate sobre si era posible acumular la banca en el Senado -sin ocuparla efectivamente- con el cargo de Presidente del Directorio.
El panorama no es muy diferente en el Partido Colorado, en el que se agrega la incertidumbre sobre el liderazgo real, algo que en el Partido Nacional no parece ser -por ahora- un problema grave, ya que todos asumen que ese liderazgo reposa en la figura de Luis Lacalle Pou, pese a que ni se postuló para presidir el Directorio ni asumió la banca de Senador por la cual fue electo. Entre los colorados lo que se advierte es una puja entre el joven senador Andrés Ojeda y el ya experimentado colega Pedro Bordaberry, que en cada tema de la agenda política buscan marcar un perfil propio para no ceder posiciones en la carrera que ya se lanzó con la mira en el año 2029.
Por último, el novel partido Cabildo Abierto, que jugó un papel clave en la victoria de Lacalle Pou en el año 2019, hoy se muestra más cercano al gobierno que a sus (ex?) socios de la Coalición Republicana, como lo muestra la votación de la Rendición de Cuentas, en la que sus dos votos en la Cámara de Diputados le permitieron al gobierno superar ese primer gran test legislativo.
En medio de este panorama, quien obtiene más beneficios es el propio gobierno, ya que logra instalar su propia agenda en base a acciones de marketing apoyadas por la aplastante mayoría de los medios de comunicación, cada vez más dependientes de la pauta publicitaria del Estado o de leyes y reglamentaciones que los ponen a cubierto de la zozobra económica que sufren a diario el resto de las empresas del país.
Sólo las redes sociales asoman hoy como la caja de resonancias de los ciudadanos inmunes al reparto de cargos en el Estado, a la designación de embajadores en el Exterior, o a la distribución de «partidas especiales»para pagar sueldos de empleados municipales, como sucede en las Intendencias del interior del país.
Lo que viene ahora, si la oposición no logra representar fielmente a sus frustrados votantes, es el control total del poder a través del Ministerio de Justicia, y el avance sobre las redes sociales -el nombre que hoy tiene la «libertad de expresión» consagrada en la Constitución- siguiendo el modelo que está aplicando el presidente Lula y su fiel escudero Alexandre de Moraes en Brasil. El futuro será del que alcance primero sus objetivos.