La corrupción de las mejores cosas da origen a las peores.” David Hume
Hasta hace relativamente poco tiempo, alrededor de tres años, pocos y contados uruguayos habían siquiera oído hablar del picudo rojo y, mucho menos, que las características casi clandestinas, ocultas a la vista y silenciosas en su labor destructiva, lo tornaban un enemigo casi imparable para una especie vegetal especialmente significativa para los uruguayos: las palmeras.
Tanto así que nuestro paisaje, el que vemos allí donde vayamos, pero también el que llevamos dentro, no sería el mismo sin ellas. Jardines, la cancha de Danubio, no sería la cancha de Danubio sin su palmera en el centro de la tribuna. ¡Y qué decir de Rocha, del litoral sanducero, de la Rambla de Punta del Este!
Las palmeras han sido desde siempre parte de nosotros, como el Palacio Legislativo un símbolo de las instituciones, tanto que hace unos días, nada más, alojándome en un hotel de Pocitos, en mi habitación había en cada pared, un tríptico formado por 3 ampliaciones de fotografías antiguas de la zona: 6 fotos con 3 palmeras cada una.
Sin embargo, recién ahora, el Estado parece reaccionar, en lo que parecen acciones puntuales y descoordinadas, sin un propósito claro de enfrentar la plaga hasta erradicarla. Con lo cual el picudo rojo acabará su obra exterminando parte importante de nuestra idiosincrasia paisajística y nuestra memoria histórica.
Quien detecta un peligro y no actúa de inmediato y con determinación, está condenado a hacerlo mal y tarde y con ello, resultar derrotado.
El picudo rojo institucional
El Dr. Jorge Díaz Almeida es nuestro picudo rojo institucional.
En Contraviento comenzamos a denunciarlo el 9 de diciembre de 2024 en una columna (https://contraviento.uy/2024/12/09/los-tantos-diaz-de-jorge-y-el-bayardo-bengoismo-en-torre-ejecutiva/) originada en la peculiar forma del entonces ex Fiscal General, de comunicar su designación, por parte del Presidente electo Orsi, como Prosecretario de Presidencia, tercer cargo en importancia dentro del Ejecutivo y, según se avizoraba ya entonces, quizás bastante más que eso.
En aquella oportunidad, Díaz, ajedrecista y aficionado a la literatura, eligió a la red “X” -ex Twitter- como canal, y a Borges citándolo en un terceto que pertenece a su poema Ajedrez para hacerlo decir “Dios mueve al jugador, y este, la pieza/ ¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza…?
Ya entonces advertíamos los propósitos demiúrgicos del “maestro tejedor” -como se define a sí mismo, suponemos que aludiendo a su indiscutible habilidad para tejer alianzas en el poder- y cómo para él, constructor de realidades, el Capítulo 33 de las Bases Programáticas referido a la Justicia parece haber sido redactado por y para él mismo.
A por las “palmeras” de Montesquieu
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.” — Montesquieu en “El espíritu de las leyes”
Las simetrías propuestas por la columna, entre la plaga del picudo rojo y el avance contra las instituciones liderado por Díaz, no son antojadizas y se pueden resumir en cuatro aspectos en común que comparten la aparición silenciosa del insecto y el inicio del proceso de concentración (¿o debiera decirse “subversión”? institucional:
Inicio imperceptible;
Expansión territorial de la plaga, similar al avance múltiple institucional;
Dificultad de control una vez avanzado;
Destrucción del núcleo estructural (la yema de la palmera versus los contrapesos republicanos)
El reformador reformado
“Cuando el arquitecto reforma su propia obra sin abrir las puertas del foro, el edificio deja de ser república y se vuelve recinto.”
La primera de las iniciativas de reforma, a la que se le ha otorgado prioridad, es la del Código del Proceso Penal, habiéndose anunciado por parte del Ejecutivo esta semana que ya hay un anteproyecto elaborado por el “grupo interinstitucional” coordinado por el Dr. Jorge Díaz e integrado por 13 miembros, de los cuales 8 corresponden al Poder Ejecutivo (la propia Prosecretaría, Interior, Educación y Cultura y Fiscalía General), 3 al Poder Judicial y 2 al Colegio de Abogados.
¿Se entiende que quien ideó hace 7 años la reforma, ahora se coloca como el Varela de la Justicia, ignorando a la Justicia con apenas 3 representantes en 12 y sin consulta preceptiva a la Suprema Corte de Justicia?
La inusitada rapidez -dados los tiempos que suele insumir este tipo de iniciativas- no sorprende, en tanto y en cuanto quien lidera y coordina es el autor de la anterior Reforma del año 2017 y buena parte del grupo reformista lo es del que se pretende reformar (buen reformista será quien ayude a reformar aquello que antes supo reformar).
Que el ideólogo reformista de 2017 ahora asuma la necesidad de reformar lo reformado tras menos de una década de vigencia de su Código, revela por lo menos dos cosas: la una, que el Proyecto aprobado como el sancta sanctórum de Díaz no era perfecto, ni, siquiera, tan bueno como pretendió -y consiguió- hacernos creer. Y la otra, que estamos en presencia de una iniciativa con indudable carácter endogámico: los mismos que reformaron antes, reforman ahora, en el mismo ámbito extraparlamentario, lo que significa, de facto, un desconocimiento tácito del Poder Legislativo.
Aunque aún no se ha publicado el texto final del anteproyecto, los ejes temáticos que se estarían revisando incluyen:
- Rol del juez de garantías: redefinición de sus atribuciones y límites.
- Plazos de investigación: revisión de su duración razonable y mecanismos de control.
- Intervención de la víctima: fortalecimiento de su participación en el proceso.
- Recolección de evidencia por la defensa: garantías de acceso y equidad probatoria.
- Prueba tecnológica y cadena de custodia: actualización normativa frente a nuevas tecnologías.
- Desarrollo de audiencias: mejoras en la dinámica procesal y tiempos.
- Procesos abreviados y suspensión condicional: revisión de criterios de aplicación y garantías.
Y del Parlamento, ¿qué?
Desde que el Ejecutivo puso en marcha su Grupo sin participación parlamentaria, un grupo de legisladores de la Coalición Republicana coordinado por la Dra. Graciela Bianchi e integrado por los también senadores Carlos Camy, Javier García y Andrés Ojeda se abocaron al estudio de un Proyecto alternativo, para lo cual acudieron al concurso del Colegio de Abogados del Uruguay con quien compartían una parecida mirada sobre el actual CPP y la necesidad de redactar uno nuevo que corrija lo que consideran graves falencias del actual.
Ese proyecto alternativo fue redactado por el Colegio de Abogados del Uruguay, que lo propuso como iniciativa institucional para corregir aspectos críticos del CPP vigente.
El proyecto se enfoca fundamentalmente en el papel de los defensores, el acceso y seguridad de la prueba, la protección de las víctimas y la duración máxima de las investigaciones.
La senadora Bianchi destacó que el Colegio de Abogados “aportó recomendaciones urgentes” y que “la opinión de los catedráticos de Derecho Procesal es que hay que derogar el CPP actual y hacer otro” (El País, 30/04/2025). Al hacer la presentación del Proyecto en ruedas de prensa, la legisladora opositora criticó con dureza la «privatización legislativa» de Díaz, diciendo que «en este país, mientras sea una República con separación de poderes, se legisla en el Parlamento»
El Colegio de Abogados del Uruguay aparece en ambos frentes de la reforma penal: como institución redactora del proyecto parlamentario impulsado por senadores de la Coalición Republicana, y como integrante del grupo técnico convocado por Presidencia para elaborar un anteproyecto desde el Ejecutivo. El Dr. Florencio Macedo, referente penal del Colegio, participa en ambos espacios. ¿Colaboración técnica o contradicción estratégica?
El proyecto parlamentario —coordinado por la senadora Graciela Bianchi— se presenta como una respuesta crítica al CPP vigente, fue redactado por el Colegio y defendido como una “reforma urgente” por sus catedráticos.
En cambio, el proyecto presidencial se gesta en silencio, sin deliberación pública, y bajo la coordinación del mismo arquitecto del sistema vigente.
Las palmeras que vendrán
La reforma del Código del Proceso Penal no es el fin, sino la etapa siguiente de un itinerario institucional que en Contraviento hemos venido advirtiendo. A ella seguirá —ya se anuncia— la creación de un Ministerio de Justicia, también desde Presidencia, por fuera del Parlamento, y bajo igual lógica del espejo que se reforma a sí mismo.
El patrón se repite: concentración de funciones, desplazamiento del debate, tecnocratización del poder judicial.
Montesquieu, que pensó la libertad como equilibrio entre poderes, es aquí un obstáculo que sortear, no un principio a preservar.
Y, sin embargo, mientras se rediseña el proceso penal y se proyecta una nueva arquitectura ministerial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General permanece intocada. Esa misma ley que ha sido cuestionada por juristas, legisladores, defensores y víctimas, que concentra atribuciones sin contrapeso, que convierte al «proceso abreviado» en un vergonzoso trapicheo.
Es la fatídica norma legal -salida de la galera de Díaz pero que contó con la complicidad del sistema político entero- que convirtió al Fiscal de Corte en un actor sin control republicano y a la Justicia en poco más que mera escribana de los Fiscales. La misma funesta ley que, en este proyecto de reforma, no se toca.
El picudo rojo institucional avanza, pero no roe su propio nido.