Graziano Pascale
El año 1904 estaba apenas en sus inicios. La paz alcanzada luego de la revolución blanca de 1897 contra el gobierno de Idiarte Borda, tambaleaba. El Pacto de la Cruz, que implicaba el reconocimiento a las mayorías blancas en seis departamentos, fue desconocido por el flamante presidente Batlle y Ordóñez, lo que llevó a los blancos liderados por Aparicio Saravia, a ponerse nuevamente en pie de guerra en 1903. El 22 de marzo de ese mismo año se alcanzó una tregua con la firma del Pacto de Nico Pérez.
Batlle y Saravia acordaron que el Poder Ejecutivo nombraría jefes políticos en cinco departamentos previa consulta con el Directorio del Partido Nacional. Una sexta jefatura – la de San José – sería ocupada por un blanco designado directamente por el gobierno.
También se había acordado, pero en forma verbal, que el gobierno no movería tropas a departamentos con jefes blancos.
Una diferente interpretación de aquel acuerdo (Batlle sostenía que se trataba sólo de no interferir en las elecciones) llevó a que el envío de tropas a Rivera por un episodio menor fuera tomado por los blancos como un desconocimiento del Pacto de Nico Pérez. El 8 de enero de 1904, además, Batlle ordenaba la detención de varios líderes blancos en todo el país, en previsión de un nuevo alzamiento. En ese contexto, nace la irónica expresión «se sublevó el gobierno», una frase que simbolizaba la percepción de que el gobierno había quebrado la paz política, invirtiendo los roles tradicionales que habían tenido blancos y colorados en esa materia.
La «sublevación» del 2025
Con la larga mirada que permite el paso del tiempo, 120 años después el Uruguay parece revivir una situación de inestabilidad política como la de entonces, que surge de un desconocimiento del «pacto constitucional» sobre el que se asienta el sistema democrático de gobierno.
Así como el gobierno de Batlle y Ordóñez se había preparado para la «batalla decisiva» contra los blancos, el Frente Amplio parece dispuesto a imponer su proyecto político centralista y hegemónico, arrasando si es necesario los límites que establece la propia Constitución. La chance de que lo logre es muy alta, porque el contrapeso que podría tener en el Parlamento ha desaparecido al confirmarse en los hechos el pacto con Cabildo Abierto, cuyo diputado Perrone ha convalidado el dictamen de la Jutep en el «caso Danza».
La situación política es hoy extremadamente delicada. La Jutep carece de potestades para interpretar la Constitución, y bajo ningún concepto puede asumir ese rol, como lo acaba de hacer estableciendo que el artículo 200 en los hechos ha perdido vigencia.
Una maniobra de este tipo no podría haberse puesto en marcha sin tener asegurada la mayoría en la Cámara de Diputados, escenario de la ya aprobada interpelación a la ministra Lustemberg.
El propósito final es obviamente el de abrir una brecha en la oposición, para neutralizar cualquier posible «levantamiento» parlamentario.
Despejado ese riesgo en Diputados, quedará inaugurado un período atípico en la vida del país, que implicará un gobierno con mayoría parlamentaria que avala una grosera violación de la Constitución.
Nada bueno puede esperar el Uruguay de esta exacerbación de las pasiones políticas.