El impuesto invisible en el surtidor: Uruguay y el combustible más caro de Latinoamérica

Héctor G. González Cabrera 

Llegar a cargar combustible a la estación de servicios es desde siempre un dolor al bolsillo, y para quien crea que allí se agota el problema del valor de la nafta en Uruguay, habría que avisarle que los productos no llegan a las góndolas por generación espontánea.

De acuerdo Global Petrol https://es.globalpetrolprices.com/, al 2 de febrero de 2026, Uruguay registra el precio de nafta más alto de América Latina, con un valor de USD 2,019 por litro, teniendo el “galardón” también, de ser uno de los más altos del mundo.

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– Gráfica realizada por SEG Ingeniería-.

Este nivel supera de forma significativa no solo a los países productores de petróleo de la región, sino también a varios países que, al igual que Uruguay, dependen de la importación total o mayoritaria de crudo, por lo que el relato de la ausencia de petróleo en el precio de los combustibles se cae como un castillo de cartas.

De acuerdo a los datos que maneja la página señalada, ser importador de petróleo no significa por sí solo un factor suficiente como para explicar las diferencias de precios. En América Latina existen otros países no productores o con producción marginal, como por ejemplo Panamá, Paraguay, El Salvador y Honduras cuyos precios de combustibles se ubican en niveles muy inferiores a los uruguayos.

Haciendo una rápida comparación, en el mismo periodo de referencia, estos países tienen precio de combustibles entre USD 0,85 y USD 1,00 por litro, vale decir, entre 40% y 55% por debajo del precio registrado en Uruguay.

Si a eso le sumamos los datos que ha brindado ANCAP https://x.com/AncapUruguay/status/2007164851572093224?s=20, el análisis de la estructura del precio en Uruguay muestra que entre 45% y 55% del valor final en surtidor corresponde a tributos. Los principales impuestos son el IMESI, el IVA (22%) y la tasa de CO₂.

Sobre un precio de USD 2,019 por litro, esto implica que aproximadamente entre USD 0,95 y USD 1,10 por litro corresponden a impuestos. El resto del precio se distribuye entre el costo de adquisición del crudo importado, la refinación, la incorporación obligatoria de biocombustibles, los costos operativos de ANCAP, la logística y el margen de comercialización.

Si comparamos a los otros países de Latinoamérica no productores, salta a todas luces que la principal diferencia radica en la temeraria carga tributaria. En consecuencia, el precio final al consumidor resulta más bajo.

Para peor, en Uruguay, no interesan los embates mundiales ni las contingencias que se puedan dar -solo a excepción en las zonas de fronteras, demostrando la conciencia y voluntad en el actuar-, la estructura tributaria sobre combustibles se mantiene relativamente estable, lo que implica que las variaciones del precio internacional se trasladan al mercado interno sobre una base impositiva elevada, lo cual castiga al consumidor en forma directa, “al pueblo”.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la estructura de mercado. En varios países no productores, ejemplo, Paraguay, Panamá y El Salvador la importación y comercialización de combustibles se realiza con participación de empresas privadas y la consecuente competencia en la cadena de suministro.

Como sabemos (y padecemos), en Uruguay, la importación y refinación se concentran en el monopolio de ANCAP, eliminando la competencia, lo que hace que indirectamente se legitime la ineficiencia, se reduzca la presión por bajar costos, lo cual termina (como siempre) trasladando el precio al consumidor final.

Así que es momento de que los gobernantes se sinceren a la población, a la que en campañas políticas se dirigen con promesas de bien estar y mejores horizontes, y digan en voz alta y clara que en realidad los combustibles en Uruguay son fuentes de recaudación, y no un medio para la producción.

En 2024 (https://www.gub.uy/direccion-general-impositiva/sites/direccion-general-impositiva/files/2025-09/DGI_Boletín%20Estadístico_2024_0.pdf?utm), el IMESI representó aproximadamente 8,8% de la recaudación total de la DGI, y los combustibles constituyen el 55% de la recaudación de ese impuesto. Ello sumado a que un consumo anual estimado en el entorno de 2.000 millones de litros de nafta y gasoil (https://radiocarve.uy/ventas-record-de-gasoil-y-nafta-en-uruguay-en-2024/), la carga impositiva promedio por litro vendido se ubica en el entorno de un dólar por litro.

Pasando raya, el elevado precio de los combustibles en Uruguay responde principalmente a impuestos, representando más de la mitad del precio final. La comparación con otros países latinoamericanos que tampoco producen petróleo deja en evidencia el modelo recaudador uruguayo.

Esta verdadera campaña fiscal castiga siempre a la clase trabajadora, y (convenientemente) no se ven a los paladines de la lucha sindical manifestándose en plazas o por 18 de julio denunciando cómo el obrero tiene que pagar más por productos básicos a fuerza de impuestos encubiertos. El costo del combustible no distingue capacidad contributiva y se paga por igual en cada litro consumido, trasladándose además de manera indirecta al costo de alimentos, servicios y transporte público.

Al final, no se trata de descubrir petróleo, sino de dejar de exprimir cada litro como si ya lo tuviéramos.

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