Alain Mizrahi
El MIDES tiene una forma muy uruguaya de hacer política pública: cuando algo no funciona, crear otra capa. Otra dirección, otro programa, otra mesa, estrategia, dispositivo o nombre nuevo para un problema viejo.
A veinte años de su creación, el MIDES se transformó en una estructura enorme, con presupuesto relevante, cargos bien remunerados y responsabilidades críticas: calle, pobreza, cuidados, discapacidad, juventud, alimentación, salud mental, inclusión laboral y apoyo a liberados.
Pero los propios documentos oficiales muestran una dificultad persistente: se sabe bastante bien cuánto se gasta, pero muy poco sobre qué resultados concretos produce ese gasto.
El MIDES de las mil capas y un mapa incompleto
En marzo de 2005, Uruguay creó un ministerio para atender la vulnerabilidad social. Veinte años después, tenemos una maquinaria que cuesta entender. Formalmente tiene cuatro Direcciones Nacionales: Desarrollo Social, Transferencias y Análisis de Datos, Protección Social y Gestión Territorial. Pero alrededor de ellas orbitan también la Dirección General de Secretaría, Uruguay Crece Contigo, el Instituto Nacional de Alimentación, Inmujeres, la División de Salud Mental, el INJU, la Secretaría Nacional de Cuidados, Inmayores, el Instituto Nacional de Discapacidad y varias unidades más.
Cada cinco años cambia el elenco, cambia el relato, cambia la estética de sus publicaciones, pero el mecanismo profundo parece bastante estable: se agrega una capa más. Una dirección, un plan, una estrategia, una coordinación, o una nueva forma de llamar a algo que ya existía con otro nombre. El problema no es la cantidad de oficinas sino la dispersión de funciones. Atiende infancia, juventud, mujeres, discapacidad, vejez, cuidados, alimentación, transferencias, salud mental, situación de calle, inclusión sociolaboral y apoyo a liberados del sistema carcelario. Y cuando una misma estructura toca tantos problemas, cabe preguntarse cosas como: ¿Quién responde por qué?
¿Quién es responsable final de que una persona salga de la calle? ¿Protección Social? ¿Salud Mental? ¿Vivienda? ¿ASSE? ¿Interior? ¿La intendencia? ¿Una ONG contratada? Cuando la responsabilidad se reparte entre demasiados actores, muchas veces termina no siendo de nadie. El propio MIDES dejó una pista clara de este problema en su documento técnico de cierre de 2024. En sus 545 páginas informó que al 31 de diciembre de ese año llevaba adelante 68 líneas de acción, de las cuales 66 contaban con protocolos de diseño actualizados. Dicho en criollo significa algo razonable: cada programa debería tener una ficha que explique qué problema atiende, a quién está dirigido, qué hace, con qué recursos, qué resultados espera y cómo se mide si funcionó.
Que existan esas fichas está bien, deberían existir siempre. Pero el propio documento admite, en su introducción, que ni siquiera contiene la totalidad de las acciones del Ministerio. O sea: aún cuando el MIDES hace el esfuerzo de ordenarse, el mapa completo sigue siendo más grande que el mapa que vemos. También explica que esos protocolos buscaban evitar la multiplicidad de documentos y procesos no siempre coincidentes. Traduzco: había tantos papeles, procesos y versiones que ni siquiera estaba claro si todos hablaban del mismo programa, del mismo objetivo o del mismo problema.
No es un gobierno: es un vicio del sistema
Conviene aclararlo para evitar la chicana fácil: ese documento corresponde al cierre de 2024, bajo el gobierno anterior. Pero el diagnóstico no quedó obsoleto con el cambio de mando. La administración actual, lejos de negarlo, lo confirmó cuando presentó en octubre de 2025 un nuevo modelo de gestión territorial orientado a construir un solo Mides, superar la compartimentación de programas, revisar acciones existentes, identificar convergencias y evitar duplicaciones. O sea: unos dejaron escrito que había dispersión. Los otros llegaron y dijeron que había que terminar con la compartimentación. No parece, entonces, un problema de izquierda o derecha. Parece un problema de Estado. O, mejor dicho, de un Estado que cada cinco años promete ordenar la casa, pero lo primero que hace es comprar más muebles.
El gobierno actual parece haber diagnosticado bien (un diagnóstico más, y van…) la fragmentación. Pero hasta ahora no ha simplificado nada sino que agregó nuevos centros comunitarios, nuevos dispositivos, nuevas medidas, más plazas, más programas y una Estrategia Nacional sobre Situación de Calle con decenas de medidas. Muchas pueden ser necesarias, pero el punto es otro: si cada problema se responde agregando una nueva capa, el resultado no es una reforma. Es sedimentación. La burocracia uruguaya tiene esa fantástica capacidad geológica de acumular estratos superpuestos.
Gasto hay. Evaluación, bastante menos
El presupuesto tampoco permite tratar al MIDES como una oficina menor. En 2024 ejecutó 28.527 millones de pesos, o sea 3,12% del total ejecutado del presupuesto nacional. A modo de comparación, es más que la Universidad de la República, que ejecutó 26.640 millones, y más que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ejecutó 25.386 millones. Dada la magnitud de estas cifras, el MIDES debería rendir cuentas importantes. También debería discutirse la responsabilidad asociada a los cargos.
Según la página de remuneraciones del MIDES, a valores de enero de 2026, el ministro cobra $399.339, la subsecretaría $339.438, la Dirección General $279.537, los directores nacionales $239.608 y las gerencias $164.850. Aquí no estoy cuestionando para nada estos sueldos en abstracto. El punto es que si el Estado paga cargos de dirección, debería exigir dirección: metas claras, resultados verificables y consecuencias cuando esos resultados no aparecen. Rendir cuentas no es solamente decir gastamos el 97% del presupuesto. Eso es ejecución. No es impacto ni retorno social.
El Estado uruguayo sabe bastante bien si la plata se gastó: cuánto se asignó, cuánto se ejecutó y en qué rubros. En eso somos prolijos. Lo que sabemos mucho menos es si la plata sirvió para algo. Ejecutar presupuesto no dice, por sí solo, cuántas personas salieron de la calle, cuántos liberados evitaron reincidir, cuántos adolescentes mejoraron su salud mental, o qué porcentaje de las familias dejó de depender de transferencias como la Tarjeta Uruguay Social. El propio documento 2024 muestra ese límite.
La DINTAD (Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos) es, en teoría, una de las áreas clave para saber si las políticas llegan a quienes tienen que llegar y si producen resultados. Sin embargo, el documento informa que de 66 líneas de acción protocolizadas solo 32 fueron monitoreadas y 11 evaluadas ese año. Mejor que nada, sin duda. Pero confirma que una parte importante de las acciones no pasa por evaluaciones sistemáticas de impacto desde la propia unidad especializada.
Ni Silencio Ni Tabú: un ejemplo entre otros
Un ejemplo concreto es Ni Silencio Ni Tabú, un programa de salud mental para adolescentes y jóvenes. Nadie discute que la salud mental adolescente sea un problema serio. Precisamente por eso es un buen caso para mirar cómo funciona el Estado. El programa recibió un financiamiento de 95 millones de pesos anuales y creó centros con talleres, acciones comunitarias, sensibilización, atención terapéutica individual y grupal, y articulación con el sistema sanitario.
La evaluación de diseño publicada por la OPP lo consideró una respuesta pertinente. Pero también marcó oportunidades de mejora importantes: falta de una estrategia clara para grupos especialmente afectados, objetivos más centrados en servicios que en cambios esperados, posibles solapamientos con prestaciones del sistema de salud y necesidad de explicar mejor por qué hacía falta crear un nuevo servicio en lugar de ajustar o fortalecer ofertas ya existentes.
La calle como prueba de realidad
La situación de calle es la prueba más dura de todo este modelo. El relevamiento oficial de 2023 contabilizó en Montevideo 2.756 personas en situación de calle en una sola noche: 1.375 a la intemperie y 1.381 en centros nocturnos del Programa Calle. Lo más grave no es solo la cifra. Es la tendencia. El propio informe del MIDES señaló que, pese al incremento de la oferta de atención, la cantidad de personas en situación de calle viene creciendo desde que existen registros. Es una constatación devastadora, justamente porque no viene de un editorial opositor ni de un posteo indignado en X. Viene del propio informe oficial. Y la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, presentada en abril de 2026, confirma que el problema sigue presionando sobre todo el sistema.
El dato es particularmente incómodo para el gobierno actual, no porque sea su culpa, sino porque muestra algo más profundo: ni siquiera una administración que llegó con una declarada sensibilidad frente al tema logra escapar, por ahora, a la lógica heredada: más plazas. más dispositivos, más de todo, pero todavía no menos personas en la calle. Sería demasiado fácil cargarle el muerto al gobierno actual, como si el problema hubiera nacido en marzo de 2025. No nació ahí ni en el gobierno anterior. Viene de lejos y atravesó administraciones de varios colores. Lo que cambia cada cinco años es la narrativa. Lo que permanece es el vicio de acumular estructuras antes que evaluar resultados.
Calle, cárcel y la política social que no conecta
Hay, además, un vínculo que se discute poco: calle, cárcel, salud mental, adicciones y ruptura de redes familiares. En el relevamiento 2023, 53% de las personas encuestadas a la intemperie declaró haber estado privada de libertad siendo mayor de edad. Entre quienes habían estado presos, en 52% de los casos la privación de libertad antecedió a la situación de calle. Además, siete de cada diez personas encuestadas declararon consumir sustancias psicoactivas diariamente, y casi 77% mencionó consumo de pasta base al menos esporádicamente.
Cuando una persona sale de la cárcel y termina en la calle, no falla solo el sistema penitenciario. Falla también la política social. Y cuando esa persona reincide, no falla solo la seguridad pública. Falla también la reinserción, el acompañamiento, la salud mental, el acceso al trabajo y la coordinación entre organismos.
El MIDES cuenta con la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, DINALI, cuyo objetivo declarado es reinsertar en la sociedad a personas adultas que egresan del sistema penitenciario, brindando acompañamiento, asesoramiento laboral y apoyo a empresas que contraten personas de su bolsa de trabajo. Buenísimo. Aplausos. Está perfecto que exista una dirección (en Uruguay siempre la hay). Pero la pregunta es cuántos liberados son efectivamente acompañados, consiguen trabajo y lo mantienen seis meses, cuántos acceden a tratamiento, evitan dormir en la calle o reincidir, y cuánto cuesta cada resultado logrado. Porque una cosa es tener una unidad con nombre, organigrama y misión institucional. Otra muy distinta es cambiar trayectorias de personas reales.
La pregunta no es cuánto MIDES, sino qué MIDES
Cada programa social relevante debería nacer con una hipótesis, una línea de base, indicadores verificables, costos estimados, metas concretas, una evaluación posterior de resultados, y un plan de salida cuando se cumplió el objetivo. Es el ABC de la evaluación de políticas públicas.
Hay, además, una dimensión que el Estado uruguayo suele mirar poco y mal: la de organizaciones sociales que trabajan con resultados concretos, criterios de gestión exigentes y una enorme capacidad de ejecución. Algunas funcionan con equipos profesionales, voluntarios y asesores de primer nivel —incluidos grandes empresarios que aportan su experiencia sin cobrar un peso—, pero siguen siendo tratadas como actores decorativos y raramente integradas como verdaderas socias de política pública.
No se trata de reemplazar al Estado por caridad privada, sino de hacer que la responsabilidad pública sea más inteligente: apoyar, exigir, evaluar y escalar a quienes ya demuestran que saben llegar, ordenar, medir y rendir cuentas, en vez de seguir alimentando una maquinaria de oficinas, planes y dispositivos que muchas veces administra la pobreza mejor de lo que la reduce. No alcanza con decir acompañamos, articulamos, y sensibilizamos.
El Estado uruguayo tiene una notable creatividad para inventar verbos que suenan bien y explican poco. Pero los verbos que suenan bien no cambian la realidad por sí solos. Por eso la discusión no debería ser más MIDES o menos MIDES. Esa es una falsa oposición. La discusión debería ser qué MIDES: ¿uno que acumula capas de direcciones y programas? ¿O uno que se rediseña alrededor de problemas concretos, responsables claros, metas verificables y medibles, y, sobre todo, cambios reales?
El MIDES necesita menos dispersión, más evaluación, más responsabilidad política y más consecuencias de gestión. Necesita demostrarles a los contribuyentes lo que funciona y lo que no, qué debe cerrarse, fusionarse o escalarse, y quién responde cuando los resultados no aparecen. Porque cuando una persona duerme a la intemperie en la propia puerta del MIDES, cuando alguien sale de la cárcel y termina en una vereda, cuando el Estado abre más centros pero la demanda sigue creciendo, no es solamente un programa. Fracasa una forma entera de administrar la pobreza y fracasamos como sociedad porque terminamos normalizando que la exclusión sea parte del paisaje.