Graziano Pascale
Aunque todavía no se ha disipado la niebla que impide ver con claridad en qué consiste la idea lanzada por el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para inyectar dinero a las empresas estatales, lo que puede adelantarse desde ya es que no se trata de algo novedoso, más allá de lo disruptivo que encierra el concepto de abrir al capital privado el paquete accionario de Ancap, Ute o Antel. Y no lo es no sólo porque UTE ya ha lanzado Obligaciones Negociables, con una tasa de interés garantizada, para financiar el despliegue de parques eólicos, sino porque una convocatoria lanzada hace 60 años en medio de un déficit fiscal en alza y una economía en contracción, ya había fracasado.
Si miramos la idea como una especie de «colecta popular» para financiar los monopolios estatales, o para ayudar a cubrir sus déficits, la historia reciente (y olvidada) nos trae a la memoria el fracasado intento del entonces Ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gestido, Amílcar Vasconcellos, de ayudar a pagar la deuda externa mediante el aporte voluntario de los ciudadanos, invitados a depositar dólares en la «cuenta patriótica 18 de Julio», abierta en el Banco República a tales efectos.
Una crisis devastadora
El año 1967 fue particularmente difícil para la economía uruguaya. El país había dejado atrás la severa crisis de 1965, calificado como «devastadora» por comentaristas de la época. Una intensa sequía había afectado la producción agropecuaria y la generación de energía eléctrica por el escaso volumen de agua que alimentaba las represas del río Negro. Además había quebrado la textil CUOPAR, propiedad de los empresarios Cuomo y Pardiñas, y el sistema bancario había experimentado una fuerte sacudida por la caída del Banco Transatlántico. Aunque al año siguiente la economía empezó a mostrar signos de recuperación, los malos resultados de 1965 determinaron la derrota del Partido Nacional (había ganado las elecciones de 1958 y 1962) y las vuelta al poder del Partido Colorado.
El gobierno del presidente Oscar Gestido buscó contener la creciente inflación, que había pasado del 62% anual en 1965 al 73% en 1967, lo cual impactaba en el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, generando protestas sindicales que se traducían en paros y huelgas en diferentes sectores. El PBI había pasado de 705 dólares per cápita en 1965 a 668 dólares al año siguiente, lo cual representaba una contracción de la economía del 5,25%.
La tarea para lidiar con estos temas se le había encomendado al Ing. Carlos Végh Garzón, quien asumió el Ministerio de Hacienda -antigua denominación del Ministerio de Economía y Finanzas- al comienzo de la gestión de Gestido, el 1 de marzo de aquel año. Végh Garzón era un empresario y político vinculado al ala conservadora del Partido Colorado, y había sido presidente de la Cámara de Comercio. El agravamiento de la crisis llevó a Gestido a un cambio de gabinete, que alcanzó al Ministro de Hacienda, que fue sustituido el 28 de junio por el senador Amílcar Vasconcellos, líder de una corriente colorada de tinte socialdemócrata.
La «cuenta patriótica» para pagar la deuda externa
El domingo 16 de julio, dos semanas después de haber asumido el cargo, el ministro Vasconcellos dirigió un mensaje al país de 55 minutos de duración por la cadena de radio y televisión. Sus primeras palabras reflejaban la gravedad de la situación: «Estamos en el momento en el que el país toca fondo. Nos proponemos la recuperación nacional, y en esta tarea cada uruguayo bien nacido tiene su puesto. Vivimos horas difíciles, pero tenemos confianza en el futuro, porque creemos en el pueblo».
Los anuncios, recogidos por los diarios al día siguiente (sólo se publicaban el matutino comunista «El Popular» y el vespertino «Extra», cercano a la izquierda, que no adhirieron a una extensa huelga en el sector prensa), incluían una restricción de las importaciones, la unificación del mercado de cambios en el Banco República, la tipificación de delitos económicos «contra el agio y la especulación» y la creación de la «Cuenta 18 de Julio» en el Banco República, «capaz de servir para que los uruguayos contribuyan a la solución de los problemas nacionales».
El llamado a depositar dólares para pagar la deuda externa -había vencimientos en el segundo semestre por 65 millones- se basaba en estudios de técnicos que apuntaban a la existencia de una cantidad importante de la divisa estadounidense en manos de pequeños ahorristas, que buscaban refugio en esa moneda ante la constante depreciación del peso y para protegerse de la inflación. El gobierno se comprometía a pagar en forma semestral una tasa de interés anual del 8% de interés en dólares. Pero esa oferta no resultó convincente.
Algunos días después del anuncio, se habían recibido depósitos por un monto de 53.000 dólares, una cifra sensiblemente inferior a la esperada. La iniciativa corrió la misma suerte que el propio ministro que la impulsó, que renunció a su cargo en el mes de octubre, apenas tres meses después de la puesta en marcha de su plan de ajuste. Fue sustituido por César Charlone, que ya había ocupado la cartera de Hacienda 30 años años, durante el gobierno del presidente Gabriel Terra.
El anuncio de Sánchez
Aunque la iniciativa del año 1967 no se ajusta a la planteada por Alejandro Sánchez, tiene, sin embargo, la misma inspiración y un contexto similar de estrecheces económicas, en un escenario en el que la recesión empieza a ser admitida por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone. La inflación no es hoy un problema, pero si lo sigue siendo el peso del sector público sobre los hombros del sector productivo. En 1967 revistaban en las filas de oficinas públicas, ministerios, entes autónomos e intendencias 184.495 funcionarios presupuestados y otros 33.000 contratados, lo cual representaba el 27% de la población activa. En términos porcentuales, 60 años después esas cifras no son muy diferentes, lo cual determina una presión fiscal al límite para poder pagar cada mes esos sueldos, además de las jubilaciones y pensiones.
En ese contexto, sin la claridad que es exigible para una propuesta de esa importancia, Sánchez planteó vagamente la idea de acudir al capital privado de los pequeños y medianos ahorristas para enfrentar las inversiones de las empresas públicas, es decir, de los entes autónomos del área comercial e industrial del Estado.
Endeudarse no es abrir el capital accionario
En las últimas horas se conoció el llamado a invertir en Obligaciones de UTE para financiar un nuevo emprendimiento de generación eólica. Como el precio final de esa energía lo fija el propio organismo, no resulta difícil asegurar una tasa de interés competitiva. Se trata de un instrumento similar en cuanto a garantía a un Bono del Tesoro, por lo cual es dable esperar una buena respuesta del público.
Pero nada tiene que ver con la apertura del capital accionario, que implicaría que los accionistas particulares tengan acceso al Directorio de las empresas, y puedan participar de las utilidades que la misma genera. Se trata aquí de una inversión de riesgo, ya que hay negocios que pueden salir mal, como los que hizo hace algunos años Ancap en Argentina, en cuyo caso no hay utilidades para repartir.
Apelar al sentimiento patriótico en momentos de dificultades no funcionó en el pasado. Y nada hace pensar que esta vez vaya a funcionar. Salvo que la idea (inconfesable por ahora) consista en abrir las empresas públicas al capital privado, e incorporar una gestión empresarial y no política a la dirección de las mismas, algo que tampoco funcionaría, aunque por razones distintas a la anterior.
La analogía con el año 1967, salvando todas las diferencias, sigue siendo de recibo. Los próximos meses, especialmente cuando se eleve la Rendición de Cuentas al Parlamento, confirmarán el alcance de ese paralelismo. Y permitirán avizorar cómo será el «1968» de siglo XXI.