El hallazgo de una ballena muerta reaviva el debate sobre los riesgos ambientales de la prospección sísmica en aguas uruguayas, en un contexto de crecientes cuestionamientos científicos y sociales.
Ballena muerta en zona de prospección sísmica: alerta por impactos en el ecosistema marino uruguayo
El hallazgo de una ballena muerta a apenas dos millas de la ruta del buque sísmico BGP Prospector encendió nuevas alarmas sobre los efectos de la prospección sísmica en el mar uruguayo. El cadáver fue encontrado por una tripulación pesquera en aguas territoriales uruguayas, pocas horas después de que la embarcación de investigación y prospección realizara tareas de exploración en la zona, según informó en su cuenta oficial de X, )Antes Twitter), la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.
⚠️ALERTA URUGUAY!!
😢 El pasado domingo desde un pesquero uruguayo, a unas dos millas de la ruta por donde había pasado unas horas antes el barco BGP Prospector que realiza la prospección sísmica en aguas uruguayas para ANCAP, y con la autorización del @MAmbienteuy, se pudo… pic.twitter.com/He3KaGKkUz— CIPU – Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) March 24, 2026
Aunque no existe confirmación oficial sobre la causa de muerte, el episodio se da en un contexto de fuerte controversia. La comunidad científica y organizaciones ambientales vienen advirtiendo que esta tecnología —utilizada para detectar hidrocarburos— genera pulsos acústicos que superan los 230 decibeles, con consecuencias potencialmente devastadoras para la biodiversidad marina.
Riesgos e impactos de la prospección sísmica
Los impactos documentados son múltiples y afectan toda la cadena ecológica. Desde la mortalidad masiva de zooplancton, base del sistema alimentario oceánico, hasta daños fisiológicos en peces y mamíferos marinos, como pérdida auditiva y barotraumas. A esto se suman alteraciones en procesos vitales como la migración, la reproducción y la comunicación.
El ecosistema marino uruguayo presenta una sensibilidad particular. Es corredor migratorio de especies como la ballena franca austral, además de zona de desove y crianza de peces clave para la pesca. También alberga ecosistemas bentónicos frágiles, como corales fríos y esponjas.
En ese marco, expertos advierten que la prospección sísmica podría generar efectos acumulativos irreversibles. Especial preocupación genera su impacto en la ballena franca austral, que depende del sonido para orientarse y comunicarse. La exposición a estas explosiones acústicas puede desviar sus rutas migratorias, afectar su alimentación e incluso comprometer su supervivencia.
Esto colide francamente con lo establecido en la Ley N° 19.128, de septiembre de 2013, que establece el “Santuario de Ballenas y Delfines” en Uruguay. Esta normativa declara todo el mar territorial y la zona económica exclusiva del país como área protegida, prohibiendo la caza, persecución, apropiación y acciones que causen la muerte de estos cetáceos.
Si bien el gobierno asegura haber implementado medidas de mitigación —como zonas de exclusión y monitoreo—, persisten dudas sobre su eficacia real. Para la comunidad científica, existe una contradicción entre el discurso ambiental y la habilitación de actividades extractivas de alto impacto.
Pesca afectada y controles en entredicho en la prospección sísmica
El avance de la prospección sísmica también genera preocupación en el sector pesquero, que advierte sobre impactos directos en su actividad y cuestiona la efectividad de los controles estatales.
Las campañas sísmicas no solo alteran el comportamiento de los peces, sino que afectan la disponibilidad del recurso a través de la disrupción del ecosistema. La muerte de zooplancton y los cambios en los ciclos reproductivos pueden traducirse en menores capturas a mediano y largo plazo.
Ante este escenario, el gobierno estableció mecanismos de compensación económica para pescadores afectados. Sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones. Los reclamos deben cumplir requisitos técnicos complejos, como demostrar pérdida de captura mediante registros históricos o presentar datos satelitales de navegación. Además, no se detallan con claridad los montos ni los criterios de pago.
Para muchos actores del sector, estas compensaciones no resuelven el problema de fondo: la sostenibilidad del recurso pesquero.
En efecto, la compensación al sector pesquero por las actividades de prospección sísmica en Uruguay se rige por un Protocolo de Compensación a la Pesca Comercial, que básicamente maneja tres hitos, a saber la pérdida de captura, la pérdida o daño de artes de pesca, y la los costos operativos adicionales si los pescadores deben navegar más lejos de lo habitual debido a la presencia del buque sísmico, todo lo cual se establece en base a comparativas con las capturas y movimientos de los pasados tres años, donde como es sabido a raíz de una serie de conflictos no se pudo trabajar en las dos zafras pasadas.
Controles que no son tales: Jueces y partes
En paralelo, crecen las críticas a los controles estatales. Científicos y organizaciones ambientales cuestionan la capacidad real del Estado para fiscalizar en tiempo real las operaciones en alta mar. También señalan falta de transparencia en los datos de monitoreo y ausencia de evaluaciones sobre impactos acumulativos de múltiples campañas.
En ese sentido, las disposiciones del Ministerio de Ambiente exigen una supervisión más estricta del proceso y el uso de protocolos que, a nivel internacional, suelen incluir monitoreo permanente y protocolos de apagado inmediato de los equipos si se detecta fauna sensible.
Para ello, los buques de prospección sísmica deben llevar a bordo Inspectores que aseguren la correcta aplicación de esos protocolos. Sin embargo, días atrás la Diputada Elianne Castro denunció que «Los observadores y operadores ambientales son contratados y remunerados por la misma empresa a la que deben fiscalizar. No existe independencia técnica, administrativa ni financiera entre los supervisores y la empresa prospectora. Eso, en los hechos, es privatización del control ambiental… y nos lo quieren vender como “exigencias y garantías”.»
Se prometieron controles estrictos para el cumplimiento de las medidas de protección ambiental para la prospección sísmica, pero resulta que los documentos oficiales dicen otra cosa.
Los observadores y operadores ambientales son contratados y remunerados por la misma empresa a… pic.twitter.com/RM6gKlYLrE
— Elianne Castro (@nanecastrouy) March 5, 2026
En ese contexto, los expertos advierten que las garantías ambientales podrían convertirse en una formalidad más que en una protección efectiva. La prospección sísmica, sostienen, avanza en un marco de controles que aún no logran despejar dudas sobre su verdadera capacidad de resguardar el ecosistema marino y las economías que dependen de él.
No es ésta la única irregularidad que ha rodeado este proceso de autorización.
El 27 de febrero se denunció que la embarcación de prospección sísmica ya se encontraba en la zona de operaciones y comunicaba a las naves en su cercanía acerca de las zonas de exclusión, cuando aún no había recibido la autorización oficial para iniciar su labor.
En conclusión, el debate en Uruguay ha evolucionado de preguntarse si la actividad impacta (lo cual se considera científicamente resuelto) a cuestionar si las medidas de mitigación —como reducir las áreas de operación a un tercio de lo solicitado—, así como las de control, son suficientes para garantizar una protección real o si en realidad no son más que un maquillaje meramente retórico para viabilizar la destrucción del patrimonio oceánico.