Escribe Graziano Pascale
Cuando el derecho no puede resolver con justicia una situación de conflicto en la sociedad, su derrota es también la derrota de la sociedad. Y esto es así porque la paz social se basa en la convivencia armónica de todos sus miembros, cumpliendo las leyes basadas en el respeto a derechos y obligaciones de los ciudadanos, tal como establece la Constitución.
Desde esta perspectiva, y asumiendo que la ley -como cualquier obra humana- no es perfecta, cuesta asumir y entender la profunda división política que ha provocado el debate sobre la ley de «tenencia compartida» que el Parlamento debe votar el martes 11.
La división política, sin embargo, no parece replicar en forma exacta la división de la sociedad en este tema. Fuera de aquellos directamente involucrados en las situaciones contempladas por la ley, parece de sentido común aceptar que los hijos de matrimonios dividido deben poder mantener el vínculo con sus progenitores y sus familias, salvo en las escasas situaciones en las que median situaciones de violencia o abuso comprobadas.
Si desde hace años este tema está en la agenda pública, y se han organizado grupos de padres y abuelos que manifiestan padecer soluciones de injusticia que se propongan en el tiempo, es obvio que algo está funcionando muy mal, y que el Estado está fallando en dar respuesta a una demanda legítima. No puede haber dos diagnósticos diferentes al respecto. Sin embargo, el sistema político se ha mostrado hasta ahora irresoluto e ineficaz, prisionero de un debate que minorías ideologizadas, con amplio respaldo internacional, han instalado en el país.
La abrumadora mayoría de padres y abuelos que no abusan de sus hijos y nietos, está pagando los delitos que una ínfima minoría comete. Y eso es a todas luces injusto, produce rabia y desazón, y corroe las bases mismas del Estado de Derecho. Y no resulta de recibo que la única solución a este estado de cosas sea otorgar más dinero al Poder Judicial. La «ideología de género», como suele llamarse a ese cuerpo de ideas y leyes que ha destruido la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia en materia de derecho de familia, tiene una fuerza mayor que cualquier partida presupuestal, por más alta que ésta sea.
Si la familia, como dice el artículo 40 de la Constitución, «es la base de nuestra sociedad», asignando al Estado el deber de velar «por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad», es obvio que todo lo negativo que dentro de ella ocurre, y repercute sobre los hijos, atenta contra la propia sociedad.
Es así de simple y claro.
Años de debates y polémicas, de esfuerzos para encontrar una solución a un reclamo justo de padres y abuelos separados de sus hijos y nietos por el fracaso del sistema judicial, desembocarán el martes en una instancia crucial en el Parlamento. Por temas como éste, que trascienden lo político partidario, la sociedad arrastra una división que no hace otra cosa que desparramar la desconfianza y el escepticismo sobre el funcionamiento de las instituciones llamadas a velar por la convivencia armónica en la sociedad.
Mantener el actual estado de cosas en esta materia, no es la solución. Y los parlamentarios de todos los partidos deberían asumirlo de una buena vez. La «ideología de género» no puede vencer esta batalla en la que está en juego el derecho de los niños a mantener un vínculo con sus padres y abuelos respetuosos de la ley, y el derecho de los padres y abuelos a mantener el vínculo con sus hijos y nietos.