Dolores de Barriga

1. El presidente del Instituto Nacional de Colonización es colono desde 2013 en la Colonia Campbell Mac Meekanun de San José, es decir, recibe beneficios del INC, beneficios sobre los cuales él decide. No es funcionario del INC, sino beneficiario.
2. El Sr. Eduardo Viera Magliano está, en consecuencia, violando el artículo 200 de la Constitución que dice, en lo que es relevante:
   
   Tampoco podrán los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a que pertenecen.

3. Las dudas que pueden caber sobre la aplicación de este artículo son:
   1. ¿Es el INC un ente autónomo? Si. Por la ley Nº 11.029, Art. 2, «Créase el Instituto Nacional de Colonización sobre la base de la actual Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Dicho Instituto funcionará como ente autónomo…»
   2. ¿Ser colono es una profesión o actividad? Es, sin duda, una actividad de acuerdo al título X de la misma ley, Artículos 59 a 61 que regulan quienes pueden ser colonos y qué requisitos deben cumplir.
   3. ¿Es una actividad que se relaciona con la Institución a la que pertenece? Claro que sí y directamente, ya que toda la organización del INC y la ley que lo regula hace referencia específicamente a la colonización, actividad del colono regulada por el INC.Es claro entonces que se aplica este artículo y el nombramiento del Sr. Viera fue inconstitucional. Así lo explicó el constitucionalista Dr. Martin Risso en el informativo Subrayado el 20 de mayo.

4. El Sr. Viera es consciente de este aspecto de su actividad, según sus propias palabras, dado que ha declarado que consultó con abogados el punto. En este artículo que recoge sus declaraciones, dice:

   Viera afirmó que «para estar seguro» se asesoró de forma jurídica cuando asumió, en el actual periodo de gobierno. «El artículo 200 de la Constitución dice que nada tiene que ver (su situación) porque no soy funcionario sino arrendatario», señalço

   Es claro entonces que el Sr. Viera tuvo al menos la sospecha de que el artículo 200 de la Constitución podría impedirle ser designado (por eso consultó).

5. El Sr. Viera intentó ocultar al Senado su actividad, porque al presentar su curriculum omitió informar que era colono, obviamente una actividad relevante dado que es precisamente su actividad desde hace 12 años, como lo reconoce en el artículo de El País:

   Pero Viera igualmente dijo que «el hecho de que sea colono» no implicaba que esa información tuviera que «ser incluida en un currículum». «El currículum dice cuál es mi actividad y qué es lo que he hecho», apuntó. «Todo el mundo sabía que soy colono», añadió.

   
   Es decir, sabía que podía ser un problema (porque lo consultó con abogados) y lo ocultó al Senado, para evitar que fuera un obstáculo al nombramiento.

6. El Sr. Viera argumenta que su caso es como quien es Director de otro ente autónomo (como UTE o ANTEL) y usa sus servicios o es funcionario, lo que es un argumento falso e infantil. Él no es funcionario sino que recibe beneficios del instituto que preside, beneficios sobre los que puede influir desde su cargo. Para más abundancia, el constitucionalista Dr. Risso explicó que lo que prohibe la Constitución es el desempeño simultáneo de las actividades incompatibles. Por eso, en muchos casos de entes autónomos, un funcionario del ente pide licencia en su cargo, que deja en reserva, mientras actúa en el directorio de la empresa. No es el caso del Sr. Viera. Cabe consignar que su caso no es -unico. Ya hubo otros directores que también fueron colonos, sólo que en este caso saltó la liebre por el inmenso despropósito de la compra de la estancia.

7. También dice el Sr. Viera que el Sr. Mujica «Se alegraba que Colonización estuviera en esa dirección, y que si lo compraba un empresario exitoso del Uruguay (en referencia al productor frigorífico que ofertó en primera instancia) era porque era un buen negocio«, lo que es un argumento falaz. Era un buen negocio para el empresario privado porque son tierras linderas a su propio campo y lo ntegraría verticalmente, con su rubro productivo actual, al negocio propio con el frigorífico y sus campos de engorde. Para el INC, en cambio, no es negocio porque tiene que desarmar la producción actual y crear una completamente nueva. Veamos esto más en detalle:
   1. Las tierras pertenecían, años ha, a un uruguayo que las vendió a finales de los años 40.
   2. Sucesivamente perteneció a argentinos e italianos, hasta que fue comprada, hace unos 15 años, por un señor nacido en Francia pero con mucho tiempo de residencia en Perú (tanto así que se refieren a él como «el peruano») el empresario peruano-marroquí Víctor Lumbroso director de Rafelor SA (por eso se habla de una sociedad anónima involucrada en la compra-venta). Compró esta estancia y también 1.000 Has de «Mi Granja» en Colonia.
   3. El señor murió y sus herederas querían desprenderse de esas tierras (que eran 3.000 Has en primera instancia y crecieron a más de 4.000 por adquisición de tierras vecinas, la fracción Rincón de Arias). Ahora es una establecimiento casi dedicado a la agricultura (tiene olivares) y acopio de ganado para exportación, haciendo la cuarentena en el lugar.
   4. La venta ya estaba convenida con el Dr. Alberto González, principal del frigorífico Las Piedras y con campos vecinos (véase en el mapa adjunto, las líneas celestes indican los límites de la estancia María Dolores, y el punteado negro los campos del Dr. González, prácticamente rodeado por la primera), en la suma que se ha mencionado 32.5 millones de USD, porque le convenía para la integración vertical de sus negocios y porque la estancia es colindante a sus campos.
   5.  El INC tenía (de acuerdo a la ley) 30 días corridos para usar la opción que le permite empardar el precio, pero prácticamente no podía hacerlo porque no tenía los votos en el directorio (la oposición a la compra tenía 3 de 5 votos).
   6. El cambio en el directorio del INC significó el ingreso de la Sra. Karina Henderson, representante de los productores por la Comisión Nacional de Fomento Rural. La Sra. Henderson asumió su cargo el mismo día en que se aprobó la compra, el 14 de mayo de 2025, y su voto fue decisivo. La resolución se aprobó con los tres votos oficialistas: Henderson, Eduardo Viera (representante del Poder Ejecutivo, cercano a José Mujica), y Milton Perdomo (delegado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca). Los directores de la oposición, José Amy y Luca Manassi (representantes del Partido Colorado), votaron en contra. Este cambio en la composición del directorio, con la llegada de Henderson, permitió alcanzar la mayoría necesaria para autorizar la adquisición de las 4.404 hectáreas por 32,5 millones de dólares, apenas 48 horas antes del vencimiento del plazo para ejercer la opción de compra.
8. Economistas reconocidos, como el Sr. De Haedo, el Sr. Lema o el Sr. Bonilla han criticado con fuerza este negocio, tanto por la oportunidad de la compra como por la evidente inversión de prioridades en un país con carencias mucho mayores, especialmente para la infancia. También ha sido criticado por su precio elevado, precio que le convenía al privado por las razones antedichas pero no al INC. El senador Sebastián da Silva ha declarado que con el mismo dinero podrían haberse comprado el doble de hectáreas y es algo que fue explicitado también en un comunicado de la ARU que apunta a la toma de decisiones en el INC sin fundamentos suficientes.

9. Ha salido a la luz también que la abogada de los vendedores ha aclarado que el equipamiento, herramientas y mobiliario no están incluidos en la venta. En particular los pivots para riego, cuyo valor fue estimado en un 11.62% del precio a pagar, no están incluidos, con lo cual desciende aún más la valuación errónea y acomodaticia hecha por el INC. El viernes 16 de mayo hicieron llegar un comunicado al INC donde en el tercer punto se dice literalmente: «“Corresponde advertir que conforme se indica expresamente en el ofrecimiento de las condiciones de venta como en la cláusula décima del boleto de reserva, NO queda incluida en el objeto de compraventa la maquinaria, equipos, muebles y enseres de la casa” como fue informado por el periodista Nicolás González Keusseian. Una compulsa realizada por el tasador José Luis Matonte entre diez escritorios rurales dedicados a la venta de campos dio la siguiente tabla. Pero aún así, con una diferencia de 580 USD/Ha más barato que lo pagado por el INC, esos valores tomaron en cuenta los pivots para riego, que ahora se sabe que no están incluidos, lo que da un precio aun más barato en 400-600 USD/Ha menos.
   
10. Se ha dado a conocer una especie de evaluación del plan de desarrollo de las tierras como emprendimiento lechero para 16 familias con una inversión inicial aproximada (sólo por las tierras) de 2 millones de dólares por familia. A eso hay que agregarle todo lo necesario para tener realmente un tambo en condiciones. Para hacerse una idea, acá va una relación parcial con algunos precios: sala, máquina, tanque de frío , corriente eléctrica y caminería 100-120 mil dolares, casa 50-60000, algún galpon, comederos, sombra para ganado, unos 30000 U$S mas, vacas, maquinaria (tractor, etc), subdivisión de las fracciones que debe sumarlo a cada fraccion unos 600000 dólares, la caminería interna también, es decir que hay que pensar en otro millón de dólares por fraccionamiento. La superficie supuestamente a asignar por familia (100 Has) es menor a la superficie de subsistencia para tambos (269 Ha). Además, se ha dicho que cuando esté en funcionamiento ingresará 8 millones de dólares anuales a la economía, donde 1.5 sería ganancia. Quienes han calculado el ROI entienden que eso es inviable con los precios actuales. La estimación de rendimiento de 11.000 dólares por Ha. que han hecho es muy poco realista.

11. Finalmente, surgió a la luz que el Sr. Viera tiene un expediente abierto por el propio INC que preside porque se le otorgó un préstamo a interés cero para refaccionar su casa y no ha cumplido con las contraprestaciones. Los planos muestran que duplicó el área del primer y segundo piso (hoy tiene 194 m2) pero no ha hecho finalización de obra ni pago al BPS, alegando haber usado mano de obra benévola y esando hoy en violación de los compromisos asumidos frente al mismo instituto que dirige.

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