Continuismo disfrazado en el MIDES:
¿Otra Fundación que viene A Ganar?
por @PhDenLogica
Cuando el continuismo se disfraza de cambio
El 25 de febrero de 2025, a tres días de dejar el poder, el expresidente Luis Lacalle Pou firmó un contrato que desató una tormenta política: $153 millones para que la “Fundación A Ganar” gestionara hasta 230 cupos en centros, hogares o residenciales de larga estadía. La decisión, tomada por contratación directa por excepción, fue criticada duramente por el gobierno entrante, ya que este quedaba con las manos atadas durante su primer año.
El dilema llegó a la mesa del nuevo ministro Gonzalo Civila. ¿Qué hacer con un contrato heredado que involucra a personas vulnerables? Cancelar el contrato ponía en riesgo a 230 personas vulnerables, así que, el 15 de Marzo, se optó por mantener el contrato, prometiendo evaluar su “pertinencia”. Sin embargo, apenas diez días después, el mismo gobierno protagonizó una decisión que expone la hipocresía del discurso: firmó otro contrato por $127.182.111 con la “Asociación Civil Solidaridad en Acción”. La organización se compromete a gestionar hasta 300 cupos residenciales para personas con consumo problemático de drogas, garantizando la atención integral y el seguimiento terapéutico. Hasta el momento, dos meses después del convenio, no se ha hablado del tema, ni ha aparecido en los medios.
Este nuevo acuerdo, firmada el 25 de marzo por el presidente Yamandú Orsi y el ministro Civila, parecería estar pactada desde el gobierno anterior, donde la Asociación expresó su conformidad respecto a la presente contratación el 23 de octubre del 2024. El convenio, estipula una vigencia por 11 meses, desde el 1° de enero de 2025 hasta el 2 de diciembre de 2025. En otras palabras: el gobierno saliente comprometió al entrante exactamente de la misma manera que fue criticado por hacerlo con la Fundación A Ganar. Y el gobierno entrante, lejos de denunciar esta práctica, simplemente la validó con su firma.
Un patrón de crecimiento exponencial
El 14 de marzo, publiqué en Twitter que el contrato recientemente firmado con la Fundación A Ganar estaba lejos de ser la única contratación de esta Fundación por la administración pública. Entre el 2020 y el 2024, se habian realizaron al menos 54 interacciones con esta Fundación por un total de 708 millones de pesos, 404 correspondientes al MIDES. El caso de la Asociación Civil Solidaridad en Acción sigue un patrón similar. Desde el 2021, esta Asociación ha sido contratada por el MIDES en al menos 9 instancias por un total de 370 millones de pesos. La organización pasó de gestionar centros nocturnos por $6,4 millones en 2021, a administrar 300 cupos en hogares asistidos por $127 millones en 2025, siempre bajo contratación directa por excepción.
Los números por beneficiario son reveladores. En 2022, el costo mensual por persona con uso problemático de drogas era de $22.670; en 2023, saltó a $39.787, donde se ha mantenido relativamente estable, siendo actualmente de $38.479 mensuales por persona. Es decir que el MIDES destina casi dos jubilaciones mínimas por persona con uso problemático de drogas.
La matemática de la evasión
La Fundación A Ganar destapó un esquema inquietante. Según el diputado Gabriel Tinaglini, se trata de “intermediación laboral pura y cruda”, como expuso en su entrevista con La Diaria: de los 3,6 millones de dólares, la fundación se queda con un 5% ($181.500) y el resto va a salarios. Esto está parcialmente corroborado en el comunicado del MIDES, donde dice que “que el monto refiere a una contratación anual y más del 90% del mismo está destinado al pago de las mensualidades a los establecimientos y gastos por usuario/a”. Tinaglini calculó que, con aportes patronales del 16,5% en gobiernos departamentales —como la Intendencia de Rocha, que firmó dos contratos con la Fundación—, esta logro evadir unos $569.000 en contribuciones.
El caso de la Asociación Civil Solidaridad en Acción no se queda atrás. Desde 2021, ha sido destinataria de aproximadamente 8.6 millones de dólares. Con aportes patronales del 19,5% en los ministerios, la evasión potencial es millonaria.
¿Silencio o ceguera?
A diferencia del escándalo político que generó la contratación de la Fundación A Ganar, no parece haber mayor repercusión por la contratación de esta Asociación Civil. Sus contrataciones aparecen discretamente en el portal de compras estatales, sin ruido, sin cuestionamientos, sin oposición parlamentaria, ni periodismo que haga preguntas incómodas. Mientras nadie pregunte, nadie tiene que responder. Mientras no haya escándalo mediático, el sistema funciona como si nada.
¿Por qué una organización operando desde 2021 necesita “urgencia programática” año tras año para esquivar licitaciones? ¿Estamos ante el mismo esquema de intermediación laboral criticado a la Fundación a Ganar? ¿Dónde están los resultados de estos programas? Y lo más grave: ¿cómo es posible que el nuevo gobierno critique la herencia de la Fundación A Ganar y simultáneamente valide el mismo patrón con esta otra organización?
Continuismo disfrazado
Lo que emerge es un modelo de gestión bipartidista donde las formas cambian, pero el fondo permanece. Mismos mecanismos legales (artículo 33 del TOCAF), mismas justificaciones («urgencia» y «vulnerabilidad»), mismos resultados: organizaciones privadas gestionando recursos públicos millonarios sin competencia ni transparencia real. El gobierno prometió honestidad, pero ofrece continuidad. Criticó las prácticas del anterior, pero las replica. Señaló la opacidad ajena, pero abraza la propia.
El control que no existe
Pese a los requisitos de evaluación incluidos en cada contrato, no existe información pública sobre resultados. ¿Cuántas personas superaron efectivamente su adicción? ¿Cuál es la tasa de reinserción social? ¿Si el sistema funciona, porque hay cada vez más cupos?
Al igual que lo que está ocurriendo con la Fundación A Ganar, es necesario que el Parlamento, o el organismo que corresponda, solicite un informe detallado sobre el reconocimiento, funcionamiento y actividades de la Asociación Civil Solidaridad en Acción. También corresponde que el MIDES publique evaluaciones de desempeño, tasas de éxito y comparaciones de costos con otros dispositivos. La ciudadanía tiene derecho a saber si sus impuestos financian servicios efectivos o alimentan esquemas de tercerización que, bajo el pretexto de atender poblaciones vulnerables, generan beneficios privados con recursos públicos.
Este caso expone interrogantes más amplias: ¿Cuántos organismos similares operan sin cuestionamientos públicos? ¿Cuántos fondos públicos se destinan en total a estas contrataciones directas? ¿Cuál es el impacto fiscal real de estos esquemas de intermediación? Una cosa parece clara, mientras que los gobernantes exigen que los ciudadanos acaten a rajatabla todas las leyes y normas que ellos imponen, incluidos todos y cada uno de los impuestos, parece que para dentro se miden con otra vara
Link a todas las actas de contratos entre el MIDES y la Asociación Civil Solidaridad en Acción:
https://1drv.ms/f/c/5b0a21ed9fcd1f0d/EisQtsw6EjhBsxGym6MDpkcB1wdFDdW9Msi0EcqXP0peyA?e=rJaCc5