“Violencia vicaria y femicida: fracturas en la filiación e impactos en las infancias” fue el título de un conversatorio organizado por el Comité de Equidad y Género de la Facultad de Psicología de la UDELAR . Esta actividad, presentada como preparatoria del tercer Congreso Internacional de Psicología, que tendrá lugar el 27, 28 y 29 de noviembre en Montevideo– surgió según informa la crónica de La Diaria, “ante los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco Morosini, asesinados por su padre a principios de setiembre en Soriano.”
Ante esto se hacen imprescindibles algunas precisiones.
Las Bases del «Conversatorio»
El evento parte de un supuesto concepto ya validado (“violencia vicaria”) pero en lo real sin respaldo empírico ni reconocimiento de sociedades científicas. Se presenta como “preparatorio” de un congreso internacional, pero lo que se expone es militancia ideológica más que conocimiento científico. La Facultad de Psicología, en lugar de promover debate académico, adopta un discurso dogmático y politizado, lo cual es grave para una institución universitaria. La Facultad de Psicología le dio legitimidad académica a un discurso militante, no a un debate científico.
Los Panelistas
El panel estuvo formado por activistas, operadores jurídicos y psicólogos clínicos ideologizados. No hubo especialistas en psicología forense, psiquiatría ni criminología. Así, quiénes hablaron en el conversatorio evidencian los problemas de conformación qué presenta el panel
1. Andrea Tuana (Trabajadora social, ONG El Paso)
• Habla desde el activismo feminista y las políticas de género.
• Usa conceptos ideológicos (“patriarcado”, “herramienta de tortura”) sin sustento empírico.
• No es especialista en psicología ni en investigación forense.
2. Carolina Camilo (Abogada, defensora pública)
• Enfoca el tema desde lo normativo, pero con sesgo ideológico.
• Presenta la corresponsabilidad parental como violencia vicaria, ignorando evidencia internacional que muestra beneficios para los niños.
• Busca ampliar tipificaciones legales en clave de género, sin base científica.
3. Malena Delgado Gallo (Psicóloga, especialización en violencia de género)
• Su marco es clínico pero cargado de ideología.
• Compara síntomas infantiles con guerras o catástrofes, lo que es una exageración clínica.
• Invisibiliza la violencia ejercida por madres, mostrando sesgo de género.
4. Michel Dibarboure (Psicólogo, profesor grado 5, Udelar)
• El único académico con peso institucional.
• Habla en términos sociológicos y políticos, sin datos empíricos ni indicadores claros.
• Su discurso diluye el concepto al incluir cualquier daño social o comunitario.
Instrumentalización del dolor
Resulta inadmisible y éticamente reprochable que una facultad universitaria utilice un caso en pleno proceso judicial para instalar un concepto inexistente en la ciencia, como el llamado ‘infanticidio vicario’. Nombrar así al asesinato de Alfonsina y Francisco Morosini no sólo constituye un prejuzgamiento —pues el proceso aún carece de sentencia—, sino que además desdibuja a los niños como víctimas directas de un filicidio atroz para subordinarlos al relato ideológico de la violencia de género. Esta instrumentalización del dolor, que rebautiza un crimen multicausal en clave de propaganda, no es ciencia ni periodismo responsable: es militancia disfrazada de análisis académico.
Crítica académica a la exposición de Andrea Tuana
El origen conceptual que cita
Tuana atribuye la noción de violencia vicaria a Sonia Vaccaro (2012), en lo que constituye un error, ya que fue Anne McMurray quien lo acuñó y definió en sus investigaciones como violencia indirecta, de padre y madre multidimensional, observada en el ámbito familiar y comunitario en cambio Vaccaro se lo apropia con etiqueta ideológica centrada en el patriarcado y en la instrumentalización de los hijos solo por parte del padre. La figura de Vaccaro nace de observación clínica sin validación empírica ni respaldo de sociedades científicas internacionales (APA, APS, OMS, etc.). Lo que en la misma charla crítica de el Sap es de lo que adolece la VVicaria de Vaccaro
Riesgo: Construir políticas públicas o marcos jurídicos sobre un concepto no validado equivale a institucionalizar un constructo ideológico.
La literatura científica sobre trauma infantil y violencia familiar (Ceci & Bruck, 1995; Kelly & Johnston, 2001; Warshak, 2014) ya aborda los efectos en niños expuestos a violencia, sin necesidad de inventar una categoría nueva y sesgada al género.
La idea de “restauración del poder patriarcal”
Tuana interpreta la violencia vicaria como una estrategia del “patriarcado” para contrarrestar avances en derechos de mujeres y niños. El concepto “patriarcado” es un constructo sociológico/político, no clínico ni forense. Carece de operacionalización en psicología científica. Esto desplaza el análisis de causas multifactoriales (trastornos de personalidad, psicopatología, dinámicas familiares, conflictos de tenencia, factores socioeconómicos) hacia un único eje ideológico.
En criminología y psicología forense, el análisis debe ser multicausal. Reducir la etiología de los filicidios a “patriarcado” es un reduccionismo que empobrece la comprensión y puede llevar a errores diagnósticos y judiciales.
Crítica a la corresponsabilidad parental
Tuana afirma que la ley de corresponsabilidad parental (tenencia compartida) es una “herramienta de tortura” para niños y niñas.
No aporta evidencia. Por el contrario, estudios internacionales (Nielsen, 2018; Fabricius et al., 2010) muestran que la tenencia compartida está asociada a mejores indicadores de salud mental, ajuste social y rendimiento académico en niños, salvo en casos de violencia severa comprobada.
Su postura descalifica un modelo avalado empíricamente y que responde al derecho de los niños a mantener vínculo con ambos progenitores.
La afirmación de Tuana es alarmista y carente de sustento científico, se enmarca más en una militancia contra la corresponsabilidad parental que en un análisis objetivo.
Rechazo del SAP y de la alienación parental
Tuana sostiene que el SAP es un “falso síndrome desacreditado” y acusa a abogados de “abusadores” de instalarlo bajo otros nombres (alienación, obstrucción, instrumentalización).
Confunde dos cosas distintas:
1. El SAP como síndrome (criticable académicamente porque no hay consenso si bien muchas investigaciones científicas )
La alienación parental como fenómeno conductual observable, ampliamente documentado en investigación (Baker & Darnall, 2006; Warshak, 2015; Bernet, 2020).que se encuentra en el Cie 11 y DSM5
Negar la alienación parental deja a niños expuestos a manipulación psicológica, inducción de recuerdos falsos y ruptura injustificada de vínculos parentales.
El rechazo absoluto del concepto negacionista es anticientífico y obedece a un sesgo ideológico. En psicología forense, la tarea no es negar fenómenos incómodos, sino estudiarlos con rigor.
Ataque a profesionales y jueces
Tuana acusa a psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y jueces de “diagnosticar alienación” y practicar “arrancamientos”.
Es un cuestionamiento político al sistema judicial y a profesionales que cumplen con deberes técnicos, no un argumento académico.
Estigmatiza la práctica pericial legítima y condiciona la independencia técnica de jueces y peritos.
En el plano científico, los desacuerdos deben discutirse con metodología y datos, no con descalificaciones generalizadas.
La exposición de Andrea Tuana se sustenta en un marco ideológico-político (patriarcado, tortura, falsas memorias) y no en un marco científico o forense.
Confunde categorías clínicas con consignas de activismo.
Descalifica constructos empíricamente validados como la alienación parental.
Ignora evidencia comparada sobre tenencia compartida.
Transfiere su militancia feminista a un discurso presentado como académico, sin datos ni metodología.
En síntesis: su discurso es activismo político disfrazado de ciencia, con serias consecuencias si se legitima en tribunales o políticas públicas.
Crítica académica a la exposición de Carolina Camilo, abogada
Sobre la corresponsabilidad parental
Camilo afirma que la ley de tenencia compartida “vulnera derechos” y constituye “un campo fértil para la violencia vicaria”.
Problema metodológico:
No aporta ningún estudio empírico que vincule la corresponsabilidad con un aumento de violencia.
Lo que dice la evidencia internacional:
La literatura comparada muestra que los niños en regímenes de custodia compartida presentan mejores indicadores de bienestar psicológico, ajuste social y rendimiento académico que aquellos en custodia exclusiva, siempre que no existan antecedentes comprobados de violencia severa (Nielsen, 2018; Warshak, 2014).
Reduccionismo ideológico:
Equiparar “tenencia compartida” con “violencia” es un argumento falaz que parte de un supuesto ideológico (“todo padre es potencial agresor”) y no de datos objetivos.
En vez de valorar la corresponsabilidad como un derecho del niño a mantener vínculos plenos con ambos progenitores, Camilo lo demoniza desde un marco de género, invisibilizando el consenso internacional sobre sus beneficios.
Sobre la inclusión de “violencia vicaria” en la ley
Camilo reclama que el derecho tipifique expresamente la violencia vicaria como forma de violencia de género y de maltrato infantil.
Problema de redundancia:
El ordenamiento jurídico uruguayo ya contempla el maltrato infantil y el femicidio. Además, el Código Penal sanciona cualquier forma de homicidio, lesiones o amenazas.
Crear una nueva categoría redundante no aporta mayor protección, sino que abre la puerta a abusos interpretativos y aplicaciones arbitrarias.
Lo que se busca no es llenar un vacío legal, sino instalar un constructo ideológico en el derecho positivo. Esto es contrario al principio de legalidad y tipicidad penal, que exige claridad y precisión en la definición de delitos.
El argumento circular
Camilo sostiene que la violencia vicaria ya está implícita en la ley, aunque no figure expresamente, y a la vez propone que se incluya.
Si ya está implícita, no hay vacío legal que llenar. Si hace falta incluirla, entonces no está implícita.
Esta contradicción refleja un razonamiento circular: se parte de la premisa de que todo acto violento contra niños en contextos de pareja debe ser “vicario”, y se busca una norma que legitime esa premisa, aunque el derecho ya tenga figuras aplicables.
Invisibilización de otras formas de violencia
Camilo restringe la noción de violencia vicaria al contexto del padre como agresor y la madre como víctima.( Vaccaro concepto ideológico )
Omite que existen también filicidios maternos y que la obstrucción del vínculo con el progenitor no conviviente, documentada como alienación parental (Bernet, Warshak, Baker), constituye otra forma de instrumentalización de los hijos.
Su análisis es sesgado por género y excluye de plano realidades empíricas que no encajan en el paradigma ideológico que sostiene.
Implicancias jurídicas y sociales de su postura
Si se acepta la tesis de Camilo, cualquier conflicto de tenencia podría ser interpretado como “violencia vicaria”, generando un uso expansivo , diluido y arbitrario del concepto.
Esto implicaría una inversión de la carga de la prueba: basta con que la madre denuncie violencia para que la corresponsabilidad parental se considere peligrosa.
Su postura erosiona garantías procesales, fomenta litigiosidad y convierte el derecho de familia en un terreno dominado por presunciones ideológicas, no por pruebas.
La exposición de Carolina Camilo no es un análisis jurídico riguroso, sino un alegato político disfrazado de doctrina legal.
Demoniza la corresponsabilidad parental en contra de la evidencia científica.
Propone sobrerregular con un concepto ideológico redundante y difuso.
Incurren en razonamientos circulares e inconsistentes.
Desconoce la multicausalidad de la violencia intrafamiliar y reduce todo a un eje de género. Su planteo no fortalece la protección de niños ni mujeres, sino que debilita la seguridad jurídica, estigmatiza la corresponsabilidad parental y convierte al derecho en un vehículo de militancia.
Crítica académica a la exposición de Malena Delgado Gallo psicóloga feminista
Su marco de trabajo
Delgado Gallo se presenta como psicóloga con especialización en violencia de género, su enfoque clínico está atravesado por un sesgo ideológico, no por evidencia empírica publicada ni estudios comparativos.
No se conocen investigaciones de su autoría indexadas en bases académicas (Scopus, Web of Science, PubMed) sobre trauma infantil, filicidio o psicología forense.
Crítica: en el ámbito universitario, la especialización declarada no reemplaza la necesidad de sustento científico. Lo que ella expone no se apoya en datos ni en literatura internacional reconocida.
Comparación con guerra y catástrofes
Delgado Gallo afirma que los efectos traumáticos de la violencia vicaria en niños son comparables a los de guerras o catástrofes naturales.
Esto es un grave problema clínico, dado que esta es una exageración sin base empírica.
En la clasificación del trauma (Terr, 1991; DSM-5, CIE-11), se distinguen los traumas tipo I (eventos súbitos, catástrofes, accidentes) y tipo II (exposición prolongada a violencia, abuso).
Equiparar automáticamente los conflictos de pareja con guerras es una extrapolación arbitraria que banaliza la gravedad de experiencias bélicas y distorsiona la especificidad de cada cuadro clínico.
Hay un Riesgo clínico-forense, pues tal exageración puede llevar a diagnósticos erróneos, a la medicalización excesiva o a la construcción de relatos judiciales basados en hipérboles más que en pruebas, la analogía con guerras es retórica, no científica. Es un recurso discursivo que busca dramatizar, no describir con rigor, siendo una gran irresponsabilidad
Invisibilización de la violencia ejercida por madres al usar Delgado Gallo el concepto de Vaccaro que restringe la definición a contextos donde el hombre agrede y la mujer es víctima e invisibiliza a los hijos
Niega explícitamente que las madres que obstruyen el vínculo paterno estén ejerciendo violencia y esta negación contradice la evidencia internacional sobre alienación parental materna y sobre filicidios cometidos por mujeres q además son más que el de padres
La alienación parental ejercida por madres ha sido ampliamente documentada (Bernet, 2020; Warshak, 2015),invisibilizar estas realidades revela un sesgo selectivo de género, incompatible con el principio científico de objetividad y con la ética profesional en psicología
La judicialización como “mecanismo de violencia”
Delgado Gallo sostiene que la judicialización constante es una forma de violencia vicaria que desgasta a las madres.
El judicializar conflictos no es violencia, es un derecho procesal legítimo.
Etiquetar el acceso a la justicia como violencia es un error conceptual grave: confunde la litigiosidad con maltrato y deslegitima el derecho de defensa de los progenitores.
Entonces ,este planteo genera un clima donde el simple hecho de litigar puede ser considerado sospechoso, lo que erosiona garantías constitucionales.
Falta de delimitación diagnóstica
Delgado Gallo enumera una serie de síntomas (ansiedad, depresión, enuresis, crisis psicomotrices, apatía, intentos de autoeliminación),esos síntomas son inespecíficos y pueden deberse a múltiples factores (conflicto familiar, depresión infantil, bullying, trastornos del desarrollo).
Atribuirlos automáticamente a “violencia vicaria” es clínicamente irresponsable y su forma de plantear el diagnóstico carece de la rigurosidad diferencial que exige la psicología clínica y forense.
La exposición de Malena Delgado Gallo reproduce un discurso militante bajo apariencia clínica:
Exagera los efectos, comparándolos con guerras o catástrofes.
Invisibiliza a las madres como posibles perpetradoras de violencia.
Reduce la judicialización —un derecho— a un mecanismo violento.
Atribuye síntomas inespecíficos a un constructo ideológico sin sustento científico.
Su intervención no se sostiene en literatura científica, sino en un relato ideológico que confunde clínica con activismo.
Crítica académica a la exposición de Michel Dibarboure
El catálogo de daños
Dibarboure enumera daños materiales, simbólicos, subjetivos, institucionales y sociales como efectos de la violencia vicaria y femicida, esos daños existen, pero no son exclusivos de la supuesta violencia vicaria.
Se observan en cualquier homicidio traumático, en femicidios, en crímenes intrafamiliares, en accidentes catastróficos.
Entonces , al incluir todo tipo de consecuencias psicosociales bajo la etiqueta de violencia vicaria, diluye el concepto hasta vaciarlo de rigor.
Amplitud conceptual excesiva
Al extender el término a cualquier daño material o comunitario, convierte la categoría en una bolsa de todo.
La regla metodológica es clara: un concepto científico debe ser delimitado, operacionalizable y falsable. Si sirve para explicar cualquier cosa, no explica nada, la amplitud retórica convierte la violencia vicaria en un constructo político, no en una categoría diagnóstica ni forense.
Reparación integral
Dibarboure propone dispositivos comunitarios, rituales de memoria y acompañamiento como parte de una “reparación integral”.
Lo válido, es que la reparación integral es un principio aceptado en derechos humanos y políticas públicas de víctimas.
Lo cuestionable es que no necesita apoyarse en el constructo de violencia vicaria para ser implementada. Basta con aplicar marcos ya existentes de atención a víctimas de violencia y crimen.
Entinces ,usar la reparación integral para legitimar un concepto no validado es una estrategia de autoridad académica, no un aporte metodológico.
El peso institucional de un grado 5
En Uruguay, un profesor grado 5 representa el máximo nivel académico en la Universidad. Su participación otorga legitimidad simbólica y científica a lo que en realidad es un constructo ideológico.
Esto es lo más grave: un académico de ese nivel debería distinguir entre categorías científicas validadas y conceptos ideológicos en disputa.
Al prestarse a este discurso, confunde a estudiantes, operadores judiciales y al público, generando la falsa idea de que “la ciencia” respalda la violencia vicaria influenciando notoriamente, pero no desde la ciencia
El aporte de Dibarboure es más sociológico y retórico que psicológico forense.
No ofrece criterios diagnósticos ni metodológicos para diferenciar la “violencia vicaria “de otras formas de violencia.
Amplía tanto el concepto que lo vuelve inútil para la práctica judicial o clínica.
Su rol como profesor grado 5 agrava el problema, porque avala con su autoridad académica lo que en realidad es militancia ideológica disfrazada de ciencia.
la presencia de Dibarboure legitima un disparate conceptual. Y lo más preocupante es que lo hace desde la institución que debería custodiar el rigor científico, no diluirlo.
Lo más preocupante de este conversatorio no son las exageraciones militantes de activistas y operadores jurídicos, sino el aval académico que la Facultad de Psicología le otorga a un constructo sin validación científica como la ‘violencia vicaria’. Que un Profesor Grado 5 se preste a legitimar lo que en realidad es un concepto ideológico muestra una grave claudicación del rigor universitario. La Universidad debería ser el ámbito de contraste crítico, no de propaganda. Instalar categorías sin sustento empírico en la justicia y en las políticas públicas no solo erosiona la ciencia, sino que pone en riesgo la protección real de niños y familias. Con discursos que sobregeneralizan, invisibilizan y prejuzgan, se siembra confusión en lugar de claridad. Y cuando la confusión entra en los tribunales, la justicia deja de ser justicia para transformarse en ideología aplicada. Esa deriva debería alarmarnos a todos.