«¿Qué estoy haciendo? Reinventando el capitalismo.» José Mujica en 180.com.uy
Sánchez y una idea confiscatoria
En los últimos días, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, ha agitado el avispero político uruguayo con una propuesta que, a primera vista, suena seductora: estudiar la posibilidad de abrir el capital accionario de las empresas del Estado para captar el ahorro privado de los uruguayos.
«Abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero«, dijo en una entrevista radial, evocando el modelo de los parques eólicos de UTE durante el gobierno de Mujica. Idea no muy distinta, por cierto, de aquella iniciativa del lejano gobierno de Lacalle Herrera, que la “corporatocracia” (permiso, diputado Salle) del FA de entonces, ya aliado al Pit-Cnt, se encargaron de derribar.
La idea, según él, apunta a canalizar ahorros de 5.000, 10.000 o 20.000 dólares de la clase media, permitiendo que estos recursos financien inversiones en entes como ANTEL u OSE. Pero no nos engañemos: esto no es una «modernización» ni una democratización del capital.
Es, en términos llanos, una confiscación voluntaria de ahorros privados para tapar los agujeros de un déficit fiscal que se vislumbra cada vez más profundo e incontrolable.
Recordemos el contexto. Uruguay cerró 2025 con un déficit fiscal del sector público consolidado en torno al 4,7% del PIB, peor que el año anterior y por encima de las proyecciones oficiales.
Para 2026, las estimaciones mantienen el rojo en niveles similares, alrededor del 4-5%, impulsado por un gasto público en aumento y una recaudación que no repunta ante la desaceleración económica. No olvidemos que ya hoy, técnicamente, estamos a las puertas de una probable recesión, lo que aleja bastante el escenario cuyos supuestos respaldaron un Presupuesto, una vez más, expansivo.
Nafta por allá, papel por aquí, y fósforos al alcance de la mano.
El gobierno, ante la imposibilidad de financiarlo por vías tradicionales –como más deuda externa o impuestos que ya asfixian a la población–, recurre a esta artimaña: seducir a pequeños ahorristas con la ilusión de ser «dueños» parciales de las joyas de la corona estatal. ¿Por qué ahora? Porque, como se ha reportado, con un déficit cercano al 5% y la necesidad de recurrir a financiamiento internacional en un contexto global incierto, se busca movilizar el ahorro nacional como una fuente «interna» y «voluntaria».
En esencia, es transferir el riesgo del Estado a los ciudadanos, disfrazado de oportunidad.
Habemus controversia
Las reacciones no se hicieron esperar, y revelan la hipocresía del tablero político. Desde el Partido Comunista del Uruguay (PCU), una vocera arremetió con fuerza. Según nota de “El Observador”, Florencia Leymonié -ex Secretaria General de SUTEL y dirigente del PCU criticó duramente a Sánchez y su propuesta. En un posteo en la Red Social X, sostuvo que “es evidente que sus preocupaciones son funcionales a las clases que oprimen. Aplaudido por la derecha privatizadora, debería darle vergüenza.”
Para rematar el post, apostrofó “que alguien ate al perro burgués», dijo, descalificando la propuesta como un avance del capitalismo contrario a los principios anticapitalistas del Frente Amplio (FA). Leymonié que – aseguro- no leyó «Animal Farm», se equivoca de animal, aunque sus argumentario sí, es digno de Orwell y la Granja de los Animales.
No obstante, es una crítica interna válida, que expone las grietas en la coalición gobernante: ¿dónde quedaron los ideales de soberanía estatal absoluta?
Sin embargo, sectores supuestamente opositores, como Gabriel Gurméndez del Partido Colorado, saludaron la iniciativa con entusiasmo: «Nos sorprendió, pero bienvenida la discusión sobre reformas profundas en las empresas públicas».
De manera similar, el senador blanco Javier García promovió citar a Sánchez al Senado para «detallar» la propuesta, viéndola como una «apertura a modernizar».
Buen modernizador será quien se proponga modernizar, que no es el caso
¿Modernizar? Más bien, es un eufemismo para privatizar por la puerta trasera, aunque Sánchez insista en que se limita a la capitalización.
Tanto las furibundas críticas internas como los entusiásticos comentarios filo-opositoras, cometen el mismo pecado: opinan sobre la clásica idea de boliche, carente de todo estudio de viabilidad, un mínimo de detalle que aporte una visión más amplia de lo que se tira al viento.
Aunque, nobleza obliga, coherente con el estilo y modus operandi de “la barra” gobernando.
En esa línea se inscribe el ministro Fratti, con razones y argumentos escondidos bajo un sombrero Panamá, que responde a la nada misma que es María Dolores (o era María Soledad) proponiendo comprar más campos que quedarán para los hijos y nietos (los del ministro, supongo, por lo que es las más nietas sólo verán la deuda a pagar).
No desentona tampoco, una habitué de estos escenarios, la ministra Cardona, que le ha propuesto al Intendente Olivera -el mismo al que el FAtest le dio positivo en sangre- firmar un convenio para que la Intendencias compren en exclusiva el Portland de ANCAP. Transferencia de pérdidas por vía de Convenio. Eso sí: no se les puede negar creatividad.
Sostiene, Pereira
Aquí entra en escena Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT y figura clave del FA, quien salió a defender la propuesta en su clásico estilo provocador y descalificador. «No es privatizar» y «me animo a decir que no va contra los valores del Frente Amplio», afirmó, minimizando las críticas internas como si fueran exageraciones opositoras.
Su tono victimista no falla: pinta al gobierno como el eterno perseguido por una oposición que «no entiende» las necesidades del pueblo, mientras descalifica a quienes alertan sobre el riesgo de diluir el control estatal.
Es el Pereira de siempre, opositor en el alma –aun en el poder–, que victimiza su postura para evitar el debate profundo. ¿Defiende principios o tapa el sol con un dedo? Sus palabras no hacen más que confirmar que esta iniciativa es un parche desesperado, no una visión estratégica.
Esta «semilla» debe ser denunciada en los términos más firmes y categóricos antes de que brote y crezca la planta envenenada. Permitir que ahorristas ingenuos inviertan en entes estatales no solo expone sus ahorros a la ineficiencia burocrática –recordemos los escándalos en ANCAP o PLUNA–, sino que erosiona el principio de que las empresas públicas son patrimonio colectivo, no mercancía para tapar déficits.
La confiscación voluntaria: un saqueo por otros medios
Es una confiscación voluntaria, sí, pero voluntaria solo en apariencia: la seducción de «ser dueño de ANTEL» es el anzuelo para captar fondos que el Estado no puede generar por su propia mala gestión. Si no lo paramos ahora, mañana veremos cómo el «perro burgués» –parafraseando al PCU– se suelta y devora lo poco que queda de soberanía económica.
Uruguay merece transparencia, no ilusiones. Es hora de exigir cuentas reales sobre el déficit y rechazar esta maniobra que, lejos de empoderar al ciudadano, lo convierte en financista involuntario de un barco que hace agua.
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