Montevideo, 2 de agosto de 2026
Estimado Graziano Pascale
Director de Contraviento
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en relación con la nota titulada “Control de Redes: ¿Proteger
menores o mayor restricción?”, firmada por Silvana Giachero y publicada el 1.º de agosto.
La nota contiene afirmaciones objetivamente falsas. En particular, se me atribuye un supuesto proyecto de ley que restringiría el acceso de menores a las redes sociales y establecería penas de hasta seis años de prisión.
Ese proyecto no existe.
Lo que hemos impulsado desde la Presidencia de la Cámara de Representantes es una Consulta Pública y participación multiactor sobre niñas, niños, adolescentes, y su relación con los entornos digitales e
inteligencia artificial con la finalidad de comprender mejor la realidad, en forma previa a considerar posibles políticas públicas.
La consulta no consiste en un proyecto de ley: no propone prohibir el acceso de menores a las redes sociales, no establece sanciones, ni parte de una solución previamente definida.
La nota de referencia, fusiona indebidamente esta Consulta Pública con un proyecto de ley presentado en abril de 2024, referido exclusivamente a la generación y difusión de contenidos audiovisuales engañosos durante los
procesos electorales.
Se trata de dos iniciativas distintas, presentadas en momentos diferentes, con objetos completamente diferentes y sin conexión normativa entre sí.
El proyecto de 2024 procuraba preservar la integridad de los procesos electorales, y era de aplicación únicamente durante el año electoral. Refería a contenidos engañosos con un propósito de provocar una desinformación
notoria, realizado mediante estrategias deliberadas para afectar la transparencia electoral. No contenía disposición alguna sobre niños, adolescentes, ciberbullying ni restricciones de acceso a las redes sociales.
La nota sostiene, además, que esta sería “el tercer proyecto de ley” destinado a
prevenir el bullying y el ciberbullying. Dicha afirmación carece de sustento, y confunde proyecto de ley con una Consulta Pública que no lo es.
Sobre esta acumulación de errores se construye luego toda la argumentación del artículo. Se cuestionan los efectos de una prohibición que nunca propusimos, se advierte sobre penas que no establecen, y se presenta como un posible “caballo de Troya” una combinación de iniciativas que solo existe en la reconstrucción realizada por la propia nota.
Comparto plenamente la idea, de que cualquier intervención estatal debe ser examinada con especial prudencia cuando puede afectar la libertad de expresión. El proyecto del 2024 puede ser criticado y también pueden
discutirse las eventuales respuestas que surjan de la Consulta Pública.
El debate sobre estas cuestiones, es legítimo y necesario. Pero una crítica legítima debe dirigirse contra propuestas reales, no contra iniciativas inexistentes construidas mediante la mezcla de proyectos diferentes y datos
incorrectos.
La democracia necesita libertad para criticar, pero también responsabilidad para informar. Sin hechos ciertos no existe debate público, sino más desinformación.
Finalmente agregamos, que las transformaciones asociadas al entorno digital,
configura un asunto de la mayor relevancia y complejidad, que no puede ni debe resolverse desde una oposición simplista entre prohibir o permitir.
Proteger no equivale a prohibir, ni defender la libertad significa permitirlo todo. Cuando hablamos de niños y adolescentes, la libertad no puede reducirse a dejarlos solos frente a plataformas que organizan lo que ven,
procesan sus datos y pueden influir en sus decisiones, quedando expuestos a riesgos para su integridad física, salud mental y violencia digital.
No hay que elegir entre libertad y protección, sino construir las condiciones para que ambas sean reales.
La libertad de expresión protege el derecho a cuestionar severamente a quienes ejercemos responsabilidades públicas. No exime, sin embargo, del deber elemental de verificar los hechos sobre los que se fundamenta una
acusación, y que contradice los documentos oficiales.
Por lo expuesto, solicito a Contraviento se realice la presente aclaración sobre
la información publicada, quedando establecido que no he presentado ningún proyecto de ley para prohibir o restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.
Precisando que la iniciativa promovida desde el actual ejercicio de la Presidencia de la Cámara de Representantes, consiste en una Consulta
Pública sobre la relación entre niños y adolescentes, plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial, que tiene por finalidad producir insumos para la deliberación parlamentaria, pero sin texto legal y sin una respuesta legislativa predeterminada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rodrigo Goñi
Diputado
Presidente de la Cámara de Representantes