Por Graziano Pascale
La Constitución de 1966, surgida del acuerdo de las corrientes mayoritarias de los partidos fundacionales, logró en su época superar algunos escollos de la gobernabilidad del país, como un Poder Ejecutivo colegiado de 9 miembros, con una presidencia rotativa anual, pero creó otros que la reforma de 1996 ni siquiera pudo encarar.
El más importante quizás sea el del impedimento de la reelección presidencial, que con acierto busca impedir el ventajismo que supone para el Presidente que busca su reelección el uso del aparato estatal en su beneficio, pero que al mismo tiempo crea las condiciones para una situación política artificial, que se deriva de la figura del «poder detrás del trono» en el caso de que el candidato favorito del Presidente logre ser elegido.
Estamos delante de un problema clásico de las democracias occidentales, y, en particular, de las sudamericanas, que tienen en su «adn» la impronta del caudillismo de viejo cuño.
Las soluciones a este problema son de amplio espectro en América Latina. En México, por ejemplo, la reelección está prohibida pero el período de gobierno es de seis años, lo cual contribuye a una relativa paz política durante al menos un lustro. La solución mexicana es radical, porque una vez culminado su sexenio, el Presidente es obligado a un retiro sin posibilidades de volver, luego -eso sí- de ejercer el «dedazo» para imponer a su sucesor. Esa fue la receta de los casi 60 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En Argentina se admite la reelección, pero el período de gobierno es de 4 años, lo cual, salvo situaciones especiales, lleva el mandato presidencial a los 8 años, siempre y cuando una hoguera inflacionaria no lo impida.
Otros países tienen la figura constitucional del «senador vitalicio», que reservan para quienes ejercieron la Presidencia y no pueden aspirar nuevamente a serlo.
En Uruguay fue tradición durante parte del siglo XX nombrar a los ex Presidentes al frente del Banco de la República, con lo cual resultaban alcanzados por la prohibición constitucional de realizar actividades político partidarias.
Es un hecho que cuando un líder partidario es elegido Presidente de la República, en su persona confluyen ambos roles. La diferencia consiste en que mientras el primero tiene vocación de permanencia, el segundo es transitorio.
Este rasgo tiende a diluirse en las coaliciones. El caso emblemático es el del Frente Amplio, que por ser una fuerza política compuesta por partidos independientes no mezcla ambos roles en la misma persona.
La sucesión del líder
En los partidos fundacionales, el liderazgo partidario ejercido por el Presidente de la República se traduce, en tiempos electorales, en la designación de un candidato a sucederlo en el cargo. Aunque por lo general esa maniobra no suele ser exitosa, ha sido una constante en la historia política del país. En el último medio siglo, sólo Jorge Pacheco Areco logró que su candidato Juan María Bordaberry no sólo resultara ganador en el pleito interno, sino que también se convirtiera en su sucesor en la Presidencia de la República.
La victoria de su delfín confirmó el liderazgo de Pacheco en el Partido Colorado, pero generó un problema añadido: ¿cómo ejercería ese liderazgo sin debilitar a su sucesor?
La solución elegida fue la de ausentarse del país, al ser designado por el gobierno entrante como Embajador en España. La distancia, y la imposibilidad de realizar actividades políticas impuestas a quien se desempeña como Embajador del país, contribuyeron a que la influencia de Pacheco se opacara.
A 54 años de aquel hecho, Luis Lacalle Pou enfrenta un desafío similar. La corriente interna nacionalista que lo llevó a la Presidencia ha elegido como candidato a su hombre de mayor confianza política durante su gestión: el Secretario de la Presidencia Álvaro Delgado. La otra corriente interna más afín, el «herrerismo» representado por la emblemática lista 71 ha promovido, esta vez en alianza con grupos internos menores, a la ex candidata a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, quien había sido proclamada para aquel cargo también a instancias del entonces flamante presidente electo Lacalle Pou.
La propuesta de Delgado, como era lógico y esperable, es la de «reelección del gobierno» a través de su candidatura, habida cuenta de la prohibición constitucional de reelegir a su jefe político.
Más tarde o más temprano el país deberá volver a discutir esta prohibición constitucional, ya que su sentido -impedir el uso del aparato del Estado en beneficio del presidente saliente que aspira a la reelección- se desvirtúa a través de este tipo de digitaciones. El propio slogan «reelegir al gobierno» es la más clara prueba de ello. Después de todo: ¿cuál sería el problema de la reelección presidencial de alguien que eventualmente contara con una mayoría popular en torno de su nombre y de su gestión?
Es altamente probable que si la coalición gobernante resultase vencedora en las elecciones de este año, el Presidente de la República sería el actual candidato oficialista.
Planteado así, el país volvería a vivir una situación análoga a la que enfrentó Pacheco Areco: ¿cuál sería el futuro político inmediato del actual Jefe de Estado, y líder político del partido de gobierno?
En medios políticos se menciona con insistencia la posibilidad de que Lacalle Pou encabece todas las listas al Senado del Partido Nacional. Esa solución no está impedida por la Constitución, pero claramente roza la prohibición de realizar actividades partidarias.
Si ese fuera el camino elegido, el país terminaría con dos «centros de poder»: uno en la Presidencia de la República y otro en el Senado, algo que potencialmente sería riesgoso para la estabilidad política del país.
A lo anterior habría que agregar los resquemores que una candidatura tan poderosa como la de Lacalle Pou al Senado generaría entre los otros partidos aliados de la Coalición, por la ventaja que supondría esa postulación para rl partido mayoritario, en desmedro de las posibilidades de los otros partidos.
Las próximas semanas, precedidas de conversaciones reservadas entre los socios de la Coalición, serán decisivas para definir estos temas.