Graziano Pascale
Aunque entre nosotros los vocablos «sindicato» y «gremio» o «gremial» suelen usarse para designar entidades diferentes, en rigor todos aluden al mismo concepto, que se concreta en la agrupación de personas en función de sus intereses económicos específicos. Así, un sindicato de obreros de la construcción busca la defensa de los intereses de su afiliados, del mismo modo que lo hace una cámara de empresarios del sector. Ambos son en esencia lo mismo, en la medida en que su accionar está marcado por la defensa de los intereses de sus representados.
Estas entidades son legítimas y necesarias en una sociedad en la que conviven intereses opuestos, pero su rol se agota en las acciones que procuran satisfacer los mismos. Cuando salen de ese cauce, y pretenden ser la voz política única y aceptable de sus miembros, su rol choca con otras entidades legitimadas para ello como son los partidos políticos, base del sistema democrático representativo de gobierno. Que se toleren desbordes de este tipo refleja un síntoma que denota una enfermedad del sistema, que con el paso del tiempo se transforma en una puerta abierta a situaciones más graves.
En un nivel diferente al anterior, pero que en sustancia se apoya en la misma fragilidad de los partidos, el Uruguay conoció en el pasado otros desbordes, que llevaron a un enfrentamiento que desembocó en una dictadura militar, en la cual un sector de la sociedad, sin tener legitimidad para ello, asumió funciones que la Constitución les tenía vedadas.
Mientras los sindicatos -en el sentido amplio que señalamos antes- defienden intereses propios y concretos, los partidos políticos reflejan ideas, valores y tradiciones de sus miembros, que van más allá de sus intereses particulares. Esas ideas se plasman luego en programas y planes de gobierno, que se someten a la consideración de los ciudadanos, para que finalmente sean ellos los que decidan el rumbo y las líneas generales de los gobiernos, para ejecutar en el plazo acotado de sus mandatos constitucionales. Cuando llega la etapa de recoger los consensos del resto de los actores políticos, los gobiernos acuden al Parlamento, donde está representada la expresión de la soberanía, para acordar sobre los puntos en los que no hay acuerdo, o para recoger las mayorías necesarias que permitan aplicar esos programas.
Así funciona el sistema democrático. Se escucha a todos, y luego los representantes de la mayoría ejecutan lo que han propuesto y ha recibido el respaldo político suficiente. Este mecanismo supone asignar a los partidos representados en el Parlamento la última palabra sobre el rumbo que debe seguir el país.
La tentación totalitaria
Desde el regreso del Frente Amplio al poder -esa vez sin mayoría absoluta – se ha intensificado una práctica de larga data de la izquierda, que consiste en minimizar el rol del Parlamento, depositario de la soberanía popular, para privilegiar a los «colectivos», «organizaciones sociales», etc. Esta estrategia potencia el rol de esas entidades minoritarias, en las que la militancia continua y el activismo permanente de la izquierda las vuelca a su favor. Al asignarle a las mismas la condición de «representantes de los intereses de la población», en detrimento de los partidos, el copamiento del liderazgo de esas organizaciones deja en manos de la izquierda el control de sus decisiones.
El proceso descrito es la antesala del sistema fascista de gobierno. Con estas palabras lo definía su fundador, el dictador italiano de origen socialista Benito Mussolini: «El Estado fascista hace sentir su acción por medio de sus instituciones corporativas, sociales y educativas; y todas las fuerzas políticas económicas y espirituales de la nación circulan dentro del Estado» (La Doctrina del Fascismo, 1932)
Dos ejemplos recientes tenemos en estos días en el Uruguay: el llamado «Diálogo Social» y la flamante «Estrategia Nacional de Desarrollo», lanzada hace pocos días, en la que participan el pitcnt y las cámaras empresariales.
En ambos casos -el primero ya en acción- las conclusiones a las que se llegan son el insumo de acciones de gobierno, que se lanzan a la opinión publica incluso pasando por alto no sólo lo que en su momento votó el Parlamento, sino también lo que ratificó la ciudadanía en las urnas.
Gran favor se le hace a esta estrategia de deslegitimar a la democracia cuando, en lugar de señalar el vaciamiento de las instituciones republicanas que ésta conlleva, se pone el acento en lo que esas entidades deciden.