Hay debates en Uruguay que nunca terminan de cerrarse. La seguridad social es uno de ellos. Y desde hace años, las AFAP ocupan un lugar casi obsesivo: no para mejorarlas o hacerlas más eficiente, sino para meter mano en los ahorros de la gente.
Porque las AFAP no son otra cosa que ahorro real, tangible, invertido, con nombre y apellido. Plata acumulada a lo largo de años de trabajo. No es una promesa. No depende del poder político. Es propiedad individual.
Y acá conviene ordenar la discusión, porque se mezcla todo a propósito.
El sistema de capitalización individual no es un capricho ideológico. Es, simplemente, un sistema que funciona. Cada persona aporta, ese dinero se invierte, genera rendimiento y construye un fondo propio para su retiro. Existe una relación directa entre esfuerzo, ahorro y resultado.
A diferencia del sistema de reparto, la lógica es completamente distinta: Lo que aporta un trabajador hoy, el estado se lo gasta inmediatamente en pagar la jubilación de alguien más. Es un sistema que no se sostiene por sí mismo: cuando hay menos aportantes y más jubilados, se necesitan cada vez más impuestos, más deuda o menores beneficios para seguir funcionando.
Por eso los sistemas de reparto en el mundo están en crisis estructural. Menos nacimientos, mayor expectativa de vida y mercados laborales rígidos hacen que la ecuación no cierre.
Y acá es donde aparece una afirmación necesaria: el BPS funciona como un esquema Ponzi. No porque haya fraude o mala intención, sino porque el sistema depende de que siempre haya nuevos aportantes financiando a los anteriores. Cuando esa cadena se debilita, el sistema entra en estrés. Y ahí aparece el Estado tapando el agujero: Se suben impuestos, financian el sistema con deuda, se baja el nivel de las jubilaciones, se estira la edad de retiro… y aun así no alcanza.
Ahora bien, frente a ese cuadro, la propuesta de avanzar sobre las AFAP implica algo muy concreto: pasar de un esquema donde existe ahorro individual y propiedad, a otro donde todo vuelve a depender de la caja estatal con una ecuación que ya sabemos que no cierra.
Esto no es una mejora técnica. Es un cambio de reglas.
Porque los fondos de las AFAP no son del Estado. Son de los trabajadores. Son cuentas individuales, con nombre y apellido. Alterar su administración sin consentimiento no es una reforma: es una apropiación encubierta.
¿El argumento? Que el Estado lo administraría “mejor”. Curioso. El mismo Estado que arrastra déficits crónicos en el sistema previsional, que necesita asistencia fiscal constante y que no logra equilibrar sus cuentas, ahora pretende presentarse como gestor eficiente del ahorro ajeno.
No es serio.
Al final del día, esto no va de solidaridad ni de justicia social. Va de control. De quien decide sobre el ahorro de millones de personas.
Y la respuesta debería ser bastante simple:
No lo toquen.