Hay una tentación persistente en la política contemporánea: La de querer corregir la realidad mediante leyes o decretos. La propuesta de eliminar los monoambientes en Uruguay se inscribe exactamente en esa lógica, donde se ignora por completo cómo funcionan los incentivos, los costos y, sobre todo, la escasez.
El monoambiente no es un capricho del mercado ni una imposición del capital especulativo. Es, en esencia, una respuesta: a ingresos bajos, a hogares unipersonales en aumento, a jóvenes que ingresan tardíamente al mercado laboral formal, a migraciones internas, a cambios culturales.
Es, si se quiere, la forma más básica de independizarse.
El legislador parece suponer que, prohibiendo unidades pequeñas, emergerá mágicamente una oferta de viviendas más amplias y accesibles para todos. Pero la realidad es otra: al elevar el mínimo constructivo, se eleva automáticamente el costo por unidad. Y cuando sube el costo, sube el precio. Y cuando sube el precio, alguien queda afuera.
Ese alguien no es el inversor. No es el desarrollador. Es, invariablemente, el más débil: el joven que busca independizarse, el trabajador informal, el estudiante del interior, o un inmigrante reciente.
Imponer estándares más altos no eleva la calidad, eleva la barrera de entrada.
La economía tiene una regla simple: lo que se encarece, se consume menos. Pero la necesidad no desaparece ante una menor oferta; se transforma en hacinamiento, en informalidad, en soluciones precarias.
Si no se resuelve la oferta, regular el mercado es como poner una tapa a una olla a presión. No elimina el problema. Simplemente lo desplaza: Menos oferta visible; más mercado informal o paralelo.
Hay además un problema más profundo. ¿Quién decide qué es una vivienda digna? ¿El individuo que la habita, con sus restricciones y preferencias, o el legislador que proyecta un estándar abstracto desde un escritorio?
La dignidad no está en los metros cuadrados. Está en la posibilidad de elegir.
Esto no implica negar problemas reales. Existen desarrollos de baja calidad, abusos contractuales, fallas regulatorias. Pero la respuesta a esos problemas no puede ser la eliminación del segmento más accesible del mercado. Eso no corrige: excluye.
Si el objetivo es mejorar la calidad habitacional, hay caminos más inteligentes: facilitar construcción (menos trabas regulatorias), incentivos fiscales a alquileres o seguridad jurídica (desalojo claro y rápido en incumplimiento). Esto mantiene incentivos a invertir y aumenta la cantidad de viviendas disponibles. Es decir, aumentar la oferta y mejorarla, no restringirla.
Porque en última instancia, el problema de la vivienda no es moral, es económico. Y los problemas económicos no se resuelven con voluntarismo, sino con comprensión de incentivos.
Prohibir los monoambientes no es una política de vivienda. Es una declaración de intenciones que, como tantas otras, termina perjudicando precisamente a quienes dice proteger.
Y eso, más que un error técnico, es un error político.