Hace exactamente una semana escribí en mi cuenta de X (@jmartinezjorge):
“No cuenten conmigo para otra ‘Operación Sendic’; es hora de que la casta política asuma 40 años de constante erosión de las Instituciones y acabar con los pactos ‘chunchulín’ que han sumido a todo el sistema en un merecidísimo descrédito. No esperen resultados distintos haciendo las mismas cosas. Las sociedades, como las personas, a veces necesitan tocar fondo para regenerarse a partir de las cenizas. Roma no cayó por Nerón, pero Nerón y sus acólitos deben hacerse cargo de haber estado 4 décadas jugando con fuego. Ya basta.”
Horas después, esa cuenta —15 años de uso, verificada, con más de 12.500 seguidores— fue secuestrada por un hacker. Desde entonces envía links maliciosos a mis contactos. La plataforma dio el caso por cerrado sin mayores consecuencias. Días más tarde, la web de Contraviento.uy sufrió dos ataques fuertes que la dejaron fuera de línea durante horas.
Coincidencia, dirán algunos. Tal vez. Pero la oportunidad del timing es tan evidente que resulta ingenuo ignorarla.
Qué poco cuidan la “institucionalidad” sus guardianes
El “Orsigate” ya no es solo la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe con un descuento de 25 mil dólares ocho días antes de asumir la Presidencia. Es un escándalo que no para de crecer.
Revelado inicialmente por la periodista Patricia Madrid en Así nos va de Radio Carve, se fue ampliando con cada nueva revelación: la entrega como parte de pago de un Renault Stepway donado por la automotora Car One durante la campaña (que nadie ganó en la rifa), las sucesivas explicaciones cambiantes del Presidente y su entorno, y hasta la declaración del propio Prosecretario de la Presidencia y número 2 de Orsi, Alejandro Sánchez, intentando desentenderse: que “ellos no sabían nada” y que Orsi había incluido el auto “como si fuera propio”.
A esto se suma el ridículo de la “supuesta donación” del vehículo a la ANEP: un anuncio político de dudosa viabilidad jurídica, realizado bajo presión, que en modo alguno modifica la gravedad del asunto. Se ha denunciado incluso que la camioneta Santa Fe fue empadronada un día antes de ser facturada por la empresa, lo que añade otra capa de sospecha a toda la operación.
Todo sigue oliendo a negocio turbio entre una automotora que hace negocios con el Estado y un presidente electo que todavía estaba sujeto al Código de Ética de la Función Pública.
Frente a este panorama, en lugar de activar los mecanismos republicanos —investigación seria, eventual juicio político y sucesión ordenada—, gran parte de la casta “clase” política optó por cerrar filas bajo el cómodo pretexto de “cuidar la institucionalidad”. Si cediera a la tentación de ser irónico tendría que preguntarme desde cuándo cuidar bancas y privilegios se llama “institucionalidad”.
Aquí está la trampa mortal: cuando la “institucionalidad” se convierte en sinónimo de protección corporativa de la casta, deja de ser república y pasa a ser el escudo de una aristocracia con voto popular.
La verdadera institucionalidad no consiste en blindar al Presidente de las consecuencias de sus actos. Consiste en aplicar las reglas sin anestesia -y mucho menos, cálculos políticos partidarios menores- aunque duelan.
Si corresponde juicio político, se va a juicio político. Si corresponde renuncia y activación de la sucesión, se activa. ¿A nadie le gusta el resultado? Agua y ajo. Eso es república. Lo otro es puro corporativismo político.
Harto de estar harto
Defender las Instituciones -cuando estas eran tales- es lo que hizo el jovencísimo ex Presidente Baltasar Brum, cuando prefirió pegarse un tiro a soportar la afrenta de un Golpe de Estado de Estado de su propio Partido.
Ejemplo de defensa y apego a las instituciones la del ex Vicepresidente Jorge Sapelli, cuando renunció a su cargo en momentos que se concretaba un nuevo Golpe de Estado. O la del Contraalmirante Zorrilla, resistiendo ese golpe con el sitio a la Ciudad Vieja con la Armada que él comandaba.
Cuatro décadas de pactos “chinchulín” —de los más diversos colores— han erosionado sistemáticamente la credibilidad de las instituciones. Hoy, cuando alguien se atreve a decir “ya basta” y romper el pacto de silencio, el reflejo inmediato del sistema no es corregir el rumbo, sino proteger al miembro de la tribu. Y quien rompa el silencio, que se prepare para las consecuencias… incluso las que llegan por la vía digital.
El garrote digital
Esto no es un caso aislado. Es el síntoma de una república que se vacía de contenido desde adentro. Las instituciones no se defienden protegiendo a los poderosos. Se defienden exigiéndoles que se sometan a las mismas normas que rigen para el resto de los uruguayos.
Mientras tanto, seguiremos diciendo lo que nadie quiere oír.
Aunque nos hackeen la cuenta, aunque ataquen el medio. Porque si la “institucionalidad” solo sirve para callar a los críticos y blindar a la casta, entonces ya no queda república que defender. Solo cenizas que, tal vez, algún día permitan regenerar algo mejor.
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