Cigarrillos: la salud pública, las tabacaleras y los contrabandistas

La política «anti tabaco» del presidente Vázque, siguiendo un impulso personal que no estaba contenido en la propuesta de gobierno del Frente Amplio, tuvo un doble efecto: redujo el consumo de cigarrillos mediante la prohibición de fumar en determinados lugares, y provocó un aumento explosivo del contrabando, al generar una brecha enorme entre el precio del cigarrillo local, castigado por un aumento del Imesi que rerpresenta casi la mitad del precio de venta, y el fabricado en Paraguay.

El primer efecto es positivo para la salud pública en general. El segundo es negativo para las finanzas públicas y el mercado de trabajo uruguayo, y para la sociedad en general, por  el impulso que tuvo una actividad ilegal como es el contrabando, con un gran poder de corrupción sobre quienes tienen la tarea de controlar y reprimir ese delito.

Además de la prohibición de fumar en determinados lugares, las medidas adoptadas en su momento imponían nuevas reglamentaciones que iban desde el uso de pictogramas en las cajas, adviertiendo sobre las consecuencias para la salud que trae aparajado el hábito de fumar, pasando por la prohibición de realizar publicidad o de exhibir en lugares visibles los cigarrillos en los comercios hasta normas sobre empaquetado de las cajas.

Algunas de estas medidas han sido revisadas por el actual gobierno. El propósito obvio no es el de fomentar el tabaquismo, sino el de tratar de poner una barrera económica al contrbando, y, de ese modo, mejorar las finanzas públicas y el trabajo de las empresas locales del sector.

Esto, que parece de una claridad meridiana y que no debería provocar mayor controversia, se ha convertido en el nuevo motivo de controversia política entre gobierno y oposición. alimentado por las repercusiones en redes sociales y la amplificación en los medios masivos de comunicación.

El Frente Amplio, y quienes habitualmente son sus voceros formales o informales en redes y medios masivos, ha ingresado al debate con una acusación que introduce un asunto espinoso, y que es la cara de una moneda que, por definición, tiene dos caras: el financimaiento a los partidos políticos por parte de grupos empresariales. Al señalar que las nuevas medidas «favorecen a las tabacaleras», y que una de ellas hizo aportes financieros a la campaña del Partido Nacional, en forma poco disimulada se sugiere que se trata de una especie de «intercambio de favores».

El Frente Amplio ingresa, así, a un terreno muy resbaladizo, en el que las acusaciones pueden ir subiendo de nivel, hasta que todo el sistema político termine en el barro.

Si las medidas anteriores provocaron un aumento explosivo del contrabando, también podría pensarse que parte del destino de esa gran masa de «dinero negro» fue a parar a la financiación de la política.

La adjuciaciónd e intenciones al adversario, aunque es un camino muy tentador, puede conducir a destinos indeseados.

Si el consumo de cigarillos es nocivio para la salud, las medidas que se implementen para contenerlo son positivas para la sociedad. Pero si esas medidas provocan el aumento de una actividad delictiva, con un gran poder de corrupción, y generan menores ingresos al Tesoro nacional, es neceario encontrar un justo equilibrio.