Escribe Graziano Pascale
Los recientes cambios en la cúpula policial, y el lanzamiento de la carrera por la candidatura presidencial dentro del principal partido de la Coalición, le dan un nuevo sentido a la ausencia de Jorge Larrañaga, cuyo estilo de conducción y su liderazgo partidario no han podido ser reemplazados ni dentro del gobierno ni dentro del Partido Nacional.
Se trata, quizás, del mayor handicap que ofrece la Coalición de gobierno, y el propio Partido Nacional, a sus adversarios, cuando el país se apresta a ingresar al ciclo electoral que conduce a las elecciones nacionales de octubre y noviembre del año próximo.
El «caso Astesiano», que tiene múltiples facetas que rozan diversos niveles de la gestión del gobierno e incluso del manejo del propio entorno presidencial, fue el detonante de los cambios en la cúpula profesional de la Policía Nacional, más allá de las causas y pretextos señalados en la conferencia de prensa, sin posibilidad de preguntas, que realizó el ministro Heber.
La explotación política del caso por parte de la oposición es harina de otro costal. Más allá del impacto real que puede tener el asunto en la evaluación general de la acción de gobierno, y de su incidencia en el momento electoral que se avecina, era obvio que la oposición iba a centrar sus baterías en el sonado caso, subrayando la falta de controles sobre el accionar de Astesiano, que luego en las redes se amplifica a niveles mucho más graves.
Las filtraciones de las pruebas contenidas en la investigación fiscal, que en otro contexto hubieran merecido un repudio generalizado, en este caso se vieron como parte del juego de la oposición, asumiendo sin decirlo que controla gran parte del manejo de un servicio estatal, sin sesgo partidario, como se supone que es la Fiscalía.
Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía, en su nuevo rol impulsado bajo el gobierno del Frente Amplio, son parte del juego político entre gobierno y oposición, desplazando a niveles inferiores el ámbito parlamentario, tradicional escenario de esos enfrentamientos, propios del sistema republicano. Este hecho, en sí mismo, merecería un análisis más profundo, porque muestra que la conducción del Estado ya no es patrimonio exclusivo de las mayorías políticas expresadas en elecciones libres y justas.
La ausencia de Larrañaga, entonces, se advierte con claridad en este estado de cosas. Es difícil imaginar que, con su presencia, un caso que tiene origen en el Ministerio bajo su conducción, hubiera llegado tan lejos, y las reacciones hubieran demorado tanto. Un político de temple y de acción, como era Larrañaga, con pensamiento propio y demostrado coraje cívico, habría advertido a tiempo la gravedad del caso, y actuado en consecuencia.
Pero esa ausencia también se nota en el ámbito de la política partidaria. Larrañaga se perfilaba como el claro referente del sector no herrerista del Partido Nacional, entendiendo por «herrerista» la fracción más cercana al Presidente Lacalle Pou. Los aspirantes a ocupar ese lugar son varios, pero carecen de la trayectoria y la impronta personal que hicieron de Larrañaga un protagonista de primera línea de la política uruguaya en los últimos 25 años.
Si a esto se agrega el surgimiento de disidencias notorias dentro de la propia Coalición, cuyos miembros no terminan de asumir que la ley electoral que introdujo el balotaje impulsa en los hechos la formación de dos grandes bloques llamados a actuar en forma conjunta si aspiran a llegar al gobierno, el panorama luce inquietante, tanto para el Partido Nacional como para la propia Coalición gobernante.