Por Manuel Da Fonte
Una y otra vez me pregunto por qué razón la inseguridad vial nunca es considerada por las autoridades una emergencia nacional.
Frente a otras situaciones recientes, el gobierno ha actuado con celeridad y ha declarado situaciones de emergencia, como ha sido la epidemia de COVID, o frente a la crisis del suministro de agua potable debido a la sequía prolongada; y lo ha hecho aún antes de que estas crisis hubieran provocado algún muerto o lesionado.
Declaración de emergencia por la crisis en el abastecimiento de agua potable
La respuesta de las autoridades implicó la disponibilidad de recursos adicionales para enfrentar esas crisis, así como exoneraciones impositivas variadas para aliviar los efectos de las mismas sobre la población.
Por eso me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual la persistente y sostenida epidemia de inseguridad vial que padecemos desde hace años, que tiene un costo en vidas humanas que supera los 400 muertos por año, que ocurren año tras año, y que genera más de 3.000 heridos graves, todos los años, que ocupan la mayor parte de las camas de CTI disponibles, no es percibida como una situación dramática, que amerite tomar medidas urgentes y disponer recursos adicionales para atenderla?
Tanta es la desidia y desinterés de parte del Estado en este tema, que la unidad encargada de fijar las políticas públicas en este tema, la UNASEV, carece de presupuesto propio.
Tal vez, una explicación a esta falta de percepción del drama que implica la inseguridad vial, es que no afecta por igual a toda la sociedad.
Las consecuencias de la inseguridad vial las sufren en mucho mayor medida los sectores más pobres y más periféricos de la sociedad. Por ello es muy difícil que los sectores sociales más favorecidos (de donde provienen la mayoría de los políticos y las autoridades) perciban el drama y la incidencia que tiene la siniestralidad.
Ello se refleja en varios indicadores tanto a nivel nacional como internacional.
Los países pobres aportan casi un millón de muertos por año producto de los siniestros viales, mientras que los países desarrollados no llegan a los 200.000.
Cinco veces más muertos en los países pobres, a pesar de que los países ricos tienen la mitad de la flota de automóviles del mundo. Esto es el resultado de la peor infraestructura, las inseguras flotas vehiculares con predominio de vehículos viejos e inseguros, la ausencia de fiscalización, el predominio de usuarios vulnerables, y la ausencia de asistencia médica adecuada post siniestro.
La misma inequidad que se observa a nivel internacional, se reproduce a nivel nacional, entre los sectores pobres y los sectores de mayor nivel socioeconómico.
Los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) predominan entre los pobres, y explican las ¾ partes de los muertos y heridos graves en promedio.
En el caso de los heridos graves, los usuarios vulnerables representan el 85% del total de lesionados.
Considerando los fallecidos en siniestros de tránsito, los usuarios vulnerables contribuyen con el 65% de los muertos.
La infraestructura vial es mucho más insegura y riesgosa en los barrios pobres, que en las áreas urbanas de mejor nivel económico.
Un estudio de la Fundación Gonchi Rodríguez demostró que los entornos escolares son mucho más riesgosos e inseguros en los barrios pobres de Montevideo, que en áreas costeras o centrales.
Los usuarios más ricos se desplazan prioritariamente en vehículos nuevos y más seguros, por lo cual su riesgo es mucho menor.
La fiscalización es prácticamente ausente en áreas periféricas y más pobres, por lo cual la circulación en situación de riesgo, tanto propio como para terceros es mucho mayor.
Todas estas inequidades deberían llamar la atención de las autoridades y determinar la toma de acciones que reviertan la situación. Es inentendible que no lo hagan.
Hay otro aspecto que debería también llamar la atención de las autoridades, y es la enorme pérdida de recursos económicos que determina la situación de inseguridad vial para las arcas del Estado.
El costo de la inseguridad vial está estimado que implica una pérdida de entre el 1,5 al 3% de PBI, pudiendo ser aún mayor.
Esto representa casi 2.000 millones de dólares por año, año tras año. Es nada menos que el equivalente al déficit fiscal, que tanto preocupa a las autoridades económicas nacionales.
Este estudio, realizado por UNASEV, concluye que: “El peso de la siniestralidad vial, dentro de la globalidad de las enfermedades emergentes en nuestro país, lo deja en un sexto lugar; mientras para el grupo de enfermedades para edades de 14 a 39 años, se confirma un triste lugar en el podio,…
En definitiva, el Estudio concluye que “los años de vida saludable perdidos por siniestros de tránsito en el período 2015-2019 en Uruguay, promedian más de 32.000 años”.
Ello representa en términos monetarios un promedio de más de 525 millones de dólares de impacto económico, lo que se traduce en un 0,92 % del PBI anual.”
Es difícil de comprender cómo no se percibe de parte de las autoridades este drenaje continuo de recursos económicos, que se pierden por no tomar medidas para tratar la epidemia de inseguridad vial.
Muchas de esas medidas no tienen costo alguno para el Estado; por el contrario significarán un ahorro enorme de recursos económicos, tan necesarios para aplicarlos en otras áreas, como por ejemplo, las inversiones necesarias para atender la crisis actual de la provisión de agua potable para el área metropolitana. Algunas de ellas hace mucho tiempo que se las propusimos a las autoridades sin que hayan considerando la urgencia de adoptarlas, como ser el etiquetado obligatorio con las estrellas de seguridad vehicular, o la reducción de impuestos a los vehículos que equipen elementos de seguridad.
Ambas medidas no tienen costo alguno y generan ahorros importantes para la economía del país, además de las muertes y lesionados graves que se evitarían con estas dos simples y rápidas medidas.
Propuesta a UNASEV de Etiquetado Obligatorio con Estrellas de LatinNCAP
En una reciente publicación de ANCOSEV (Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial) pueden leer más sobre el tema. También contiene links a publicaciones sobre la repercusión económica de la siniestralidad vial y de las medidas para revertirla.
La Inseguridad vial es una emergencia para el Uruguay.
Es muy interesante esta publicación del BID del año 2019, que explica cuánto se podría incrementar (digo bien: INCREMENTAR) el PBI de Uruguay y otros países de Latinoamérica, con dos simples medidas:
“Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en ALC a través de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información al consumidor”
Mejora de los estándares de seguridad vehicular en América Latina y el Caribe
Además de una reducción esperada de un 30% en las víctimas fatales (unos 200 fallecidos menos calculados con cifras del 2019) el estudio concluye que si Uruguay adopta las recomendaciones de seguridad vehicular establecidas en las normas ONU recomendadas, su PBI crecería en un 0.6%, por ese sólo motivo.
“’De los resultados obtenidos, se puede afirmar que todas las mejoras de tecnología sugeridas en este estudio aumentan el crecimiento económico y fundamentalmente el desarrollo de las economías en consideración…..
El crecimiento económico de homologar los Reglamentos ONU sugeridos, para Colombia, Ecuador y Uruguay (con sectores automovilísticos pequeños), sería de un incremento del 0,6% del producto bruto interno.”