Por Graziano Pascale
El debate que tiene como escenario las redes sociales sobre las marchas y contramarchas del gobierno en su plan de «radarificar» las rutas nacionales como estrategia para disminuir los accidentes mortales es muy rico, y deja al descubierto algunas de características más salientes de nuestra sociedad, y, por lógica derivación, de sus autoridades.
Lo que comenzó siendo una queja por el «afán recaudatorio» de los radares, fue evolucionando hasta convertirse en un amplio intercambio en el que han participado decenas de internautas sobre la política general para prevenir accidentes en nuestras carreteras, y la exagerada -y no probada- incidencia de la velocidad en los accidentes mortales, que como señala en sus artículos nuestro columnista Manuel Da Fonte ocupa un lugar secundario, detrás del mal diseño vial y de la inseguridad del vetusto parque automotor uruguayo.
Los internautas mencionan también la escasa formación de los conductores o su notoria temeridad al rebasar vehículos en carretera con doble raya amarilla, como causas de los accidentes. Es obvio que los siniestros son multicausales, y que sólo una política integral que se enfoque en todos los factores que inciden puede lograr abatir tanto el número como las consecuencias más penosas de los accidentes.
Abordajes parciales
Hace algunos años, el debate se centró en otra medida parcial, y al mismo tiempo controvertida, para frenar la «epidemia de los accidentes»: la alcoholemia cero, es decir, la prohbición total de consumir alcohol, incluso en dosis aceptadas en otros países, impuesta a los conductores.
Como señala con acierto Da Fonte -partidario de esa disposición- de nada sirve la misma si no viene acompañada de una fiscalización severa, ya que la ausencia de la misma convierte en letra muerta la disposición, de la cual sólo se favorecen las empresas aseguradoras cuando dejan de pagar los costos de la reparación de un vehículo, aún cuando el accidente se haya producido por causas diferentes a la violación de la «alcoholemia cero».
Algo similar sucede con la nueva «vedette»: la velocidad en las rutas. La diferencia es que la fiscalización de esta norma -de escasa incidencia en los peores accidentes- es mucho más sencilla, y al mismo tiempo es una fuerte de recaudación para las arcas públicas.
Los radares han puesto el tema en el primer lugar de la agenda, porque ahora las multas se producen en forma automática. En paralelo, la variación en el límite de velocidad, incluso en tramos pequeños, no sólo enlentece el tránsito sino que además obliga a los conductores a estar permanentemente viendo el tablero de control para evitar la multa, lo cual trae aparejado un mayor peligro, pues muchas veces el frenado para respetar el límite de velocidad es brusco, y esa misma maniobra puede provocar accidentes.
La consecuencia de esta política, criticada incluso por el influyente legislador oficialista Sebastián Da Silva, es que todos los traslados por las rutas nacionales se enlentecen, y el costo de la medida se paga en tiempo no productivo de los conductores deben dedicar en el desplazamiento de un punto a otro del país.
Las medidas de fondo
El diseño vial es una materia pendiente en el país. Semáforos en carreteras nacionales, giros inseguros para abandonar la carretera o ingresar a la misma, rotondas abiertas que facilitan los accdientes, escasa o nula separación de sendas en carreteras de doble mano, son algunas de las falencias que muestran las principales rutas nacionales.
A ello debe agregarse la vetustez del parque automotor, y la ausencia de «etiquetado» en los vehículos cero kilómetro, que pueden servir de guía al comprador en el momento de adquirir un vehículo con buenas prestaciones en materia de seguridad.
Finalmente, se agrega ahora la incidencia de las motos en los accidentes, especialmente en las ciudades, que suelen tener siempre un lamentable saldo de muertos o heridos graves. En este caso inciden tanto la falta de elementos de seguridad en los frenos, como la violación de normas de circulación o conductas temerarias por parte de los motociclista.
Mirada en su conjunto, entonces, la «política nacional» en esta materia se enfoca en soluciones parciales a problemas de importancia relativa, sin asumir la complejidad de un fenómeno en el que la acción (u omisión) del Estado ocupa un rol central.
Las dificultades se acentúan cuando a las medidas parciales se le agrega el condimento extro de las marchas y contramarchas, señal de improvisación que si siempre es criticable lo es mucho más cuando están en juego cientos de vida cada año, como lo muestran las estadísticas en materia de accidentes.