Además del conductor culpable, existen varios organismos y autoridades culpables por su responsabilidad en el sistema de tránsito inseguro con vías, usuarios y vehículos inseguros, en el cual obligan a los ciudadanos a moverse.
VARIOS HERIDOS DE GRAVEDAD EN CHOQUE FRONTAL.
“El mismo ocurrió hoy 17/1 en Ruta 81 km. 94 (Jurisdicción de Migues, Canelones).
En momentos que un auto marca VW modelo GOL que circulaba en dirección al Este conducido por un hombre de 34 años de edad, quien llevaba como acompañantes a dos mujeres de 25 y 39 años de edad, y 3 menores: dos de 2 años de edad y uno de 13 años de edad, por causas que se tratan de establecer, entró en violenta colisión frontal con otro vehículo marca Renault que era conducido por una mujer de 52 años de edad.” (Anpi Tv)
En esta reciente noticia, sobre este choque frontal que dejó 6 heridos muy graves, se comunica que por causas que se tratan de establecer, se produjo un choque frontal en la ruta 81.
No les quiero arruinar el final, pero apuesto que lo único que se tratará de establecer es quién fue el conductor culpable que se desvió de su senda y cruzó hacia la senda contraria, para terminar provocando la colisión frontal.
Este es un enfoque reduccionista del análisis de la siniestralidad vial, que deja fuera del análisis todos los otros factores causales y predisponentes, que participan en este siniestro, y que son los que favorecen y permiten la ocurrencia del mismo, y de otros siniestros como este, dado que al no corregir ninguno de estos factores, debido a que quedan fuera del análisis, hará que una y otra vez sucedan siniestros así.
Lo otro que queda totalmente fuera del análisis, son las causas de las consecuencias tan graves de este siniestro. No conozco ningún análisis de siniestros en nuestro país, que responda las siguientes preguntas:
¿Por qué razón un conductor queda atrapado en el vehículo y debe ser extraído por bomberos?
¿Por qué razón los niños sufrieron traumatismos tan graves?
¿Por qué razón el conductor del otro vehículo salió ileso?
El conductor que comete el error final (pasarse a la senda contraria en zona de doble raya amarilla) que no es más que el error último de una cadena de errores previos, que facilitan la ocurrencia del siniestro, y que de no ser analizados y no tomar medidas para corregirlos, hará que nuevamente ocurran siniestros como este, con sus trágicas consecuencias.
Vías inseguras
En primer lugar, debemos señalar que la carretera es insegura y riesgosa, dado que no tiene una separación física central que impida el choque frontal en caso de que el conductor cometa el error de desviarse de la trayectoria.
El Ministerio de Transporte, o la Intendencia de Canelones en este caso, son los responsables de proveer a los usuarios de vías de tránsito seguras que eviten los siniestros o minimicen las consecuencias de los mismos.
Usuarios inseguros: fiscalización insuficiente o ausente
El Ministerio del Interior, a través de la Policía Caminera, y la Intendencia de Canelones a través de su Dirección de Tránsito son responsables de la escasa fiscalización, que alienta y permite que en rutas circulen vehículos con pasajeros que no cumplen las normas de tránsito.
En este vehículo viajaban 6 personas (el vehículo es para 5 pasajeros y tiene sólo 5 cinturones de seguridad). De los 6 pasajeros 2 eran niños que viajaban sin ir sujetos a un Sistema de Retención Infantil (SRI), lo cual explica las graves lesiones sufridas.
Debemos recordar que el uso de los cinturones de seguridad y de los SRI para los niños es obligatorio por ley, así como la prohibición de llevar más pasajeros que los que permite la capacidad del vehículo.
En este informe de la Intendencia de Canelones del 2015, podemos observar un alto porcentaje de conductores que conducen sin la habilitación para poder hacerlo, el muy bajo nivel de multas por conducir alcoholizado, y la ausencia de multas por no utilización del SRI en los niños.
Idéntica situación se mantiene en un informe posterior. Alto porcentaje de conductores que carecen de la habilitación para circular, muy baja fiscalización de conductores alcoholizados, y no se registran multas por no uso de SRI, por lo menos en forma específica y cuantificada.
En el 2019 la situación parece peor, dado que las multas por conducir sin habilitación, llegan al 30%. Sigue sin especificarse la existencia de multas por no uso de SRI, y es marginal la aplicación de multas por conducir alcoholizado.
Escaso uso de Sistemas de Retención Infantil (Sillitas o SRI)
El 26 de diciembre fue aprobada la Ley Nº19.061/2013 que en sus artículos 1 al 3 incluye la obligatoriedad del uso de Sistemas de Retención Infantil (SRI) en todos los vehículos particulares, para todos los niños, niñas y adolescentes, un paso fundamental en la prevención de lesiones y muertes evitables en los niños.
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la obligatoriedad del uso de SRI?
https://www.gonzalorodriguez.org/uploads/recurso/e4e9e2b1aaa535e520da40896109bd5231b89f67.pdf
Este estudio observacional revela que a 6 años de aprobada la obligatoriedad del uso de SRI en niños, en la capital del país, sólo el 30% de los niños viaja sujeto a un SRI, y el 70% viaja desprotegido y en riesgo grave en caso de sufrir un siniestro.
https://www.gonzalorodriguez.org/uploads/recurso/64ef0e31700d9cdc900b91d6ad0a5f25104cb7a1.pdf
En este otro estudio, se evidencia el alto nivel de incumplimiento de las normas obligatorias de seguridad en pasajeros de vehículos, especialmente en niños, así cómo ese nivel de incumplimiento es mayor en general, cuanto más lejos de la capital del país nos situamos.
https://180.com.uy/articulo/81675_comienzan-a-multar-por-no-usar-sistemas-de-retencion-infantil
Evidentemente, cualquier norma o ley que no se fiscaliza y sanciona, no se cumple.
Recién a 6 años de aprobada la ley, se decidió comenzar a multar, en el departamento de Montevideo. No sabemos si se llegó a aplicar alguna multa tanto a nivel departamental como en rutas nacionales.
Dado el muy bajo nivel de uso de los SRI en departamentos del interior, parecería que la fiscalización es inexistente.
Artículo 7 – Constitución de la República Oriental del Uruguay:
“Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos.”
El Estado, a través de sus organismos responsables (Intendencia y Ministerio del Interior), está omiso en el cumplimiento del artículo 7 de la constitución, debido a la escasa o nula fiscalización del cumplimiento de la ley que obliga al uso de los SRI.
Especialmente no protege a los menores de edad, que no pueden decidir por sí mismos viajar en forma segura, siendo obligación del Estado velar por su vida.
Vehículos inseguros y viejos
En este siniestro se reitera la situación en la cual chocan dos vehículos en forma frontal, por lo cual acciona sobre ambos vehículos la misma fuerza, salvo una pequeña diferencia derivada del peso diferente de ambos vehículos (930 kgs contra 1395 kgs., por lo que hay una diferencia de 465 kgs.), que en este caso se compensa parcialmente, por qué en el vehículo más liviano, viajaban 3 adultos y 3 menores, mientras que en el más pesado lo ocupaba sólo la conductora.
Lo que evidencia la enorme diferencia que existe en el nivel de seguridad estructural de ambos vehículos, aunque no tengamos información previa que nos permita conocerla, es la notoria diferencia en los resultados para los ocupantes dependiendo de en cual de los vehículos viajaban.
Mientras que en el Renault Scenic un vehículo diseñado y vendido desde 1996, el habitáculo quedó íntegro, sin sufrir deformación alguna, y su ocupante resulta ilesa.
En el otro vehículo, el VW Gol, un vehículo más antiguo, que se vendió desde 1980, el habitáculo colapsa, y ello determinó que el conductor haya quedado atrapado dentro del auto, sufriendo gravísimas lesiones.
Hubo otros lesionados entre los ocupantes del VW Gol, vehículo viejo y de estructura débil y sin elementos de seguridad ni pasiva ni activa, pero en este caso se suma el hecho de que varios de sus ocupantes viajaban sueltos, debido a que llevaba a 6 personas.
Seguramente los niños, debido a que resultaron gravemente lesionado, es de suponer que viajaban sin estar sujetos mediante sistemas de retención infantil (SRI) o sillitas.
Política impositiva sobre los autos
El Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y las Intendencias, a través del Congreso de Intendentes y el SUCIVE, son los grandes responsables de la situación de inseguridad vial a la que exponen a la población.
La circulación de vehículos tan viejos e inseguros, es consecuencia de la política fiscal que aplica el Estado sobre el sector automotriz, y que las Intendencias refuerzan aplicando más impuestos sin diferenciar vehículos nuevos y seguros de viejos e inseguros.
Esta política impositiva, que hace que un vehículo pueda llegar a duplicar su valor debido a los impuestos a los que es sometido al venderlo, tiene dos consecuencias muy negativas para la población, y para el Estado.
Por un lado genera una flota vehicular muy vieja, obsoleta e insegura, a lo que se suma un parque vehicular donde predominan las motos.
Esta flota de vehículos viejos y riesgosos, sumado a las motos que son mucho más riesgosas aún, son los responsables del elevado nivel de siniestralidad vial que sufrimos en el país. Las motos explican más del 50% de los muertos en el tránsito, y el 75% de los lesionados graves que ocupan la mayoría de las camas de CTI (Centros de Tratamiento Intensivo) en el país.
En siniestros de tránsito entre vehículos de 4 o más ruedas, los que se mueren o resultan gravemente heridos, casi siempre son los que viajaban en vehículos viejos e inseguros.
Lo que acabo de expresar, nos lleva a la segunda consecuencia negativa de la política impositiva sobre el sector automotor, que es que el Estado lejos de recaudar y ganar dinero con esta política, pierde y gasta mucho más de lo que recauda, en atender las consecuencias de la siniestralidad elevada que padecemos.
Una política que pretende redistribuir riqueza a través de una política impositiva con cargas muy altas sobre los automóviles, lo que termina redistribuyendo es siniestralidad vial hacia los pobres, que viajan como motociclistas, o en vehículos viejos e inseguros.
En el siguiente artículo, Inequitativa redistribución de las lesiones y muertes en el tránsito, producto de la política impositiva sobre el sector. , publicado en 2016, ya advertía del problema de la distorsiva política impositiva sobre el sector automotor, sin que nada haya cambiado hasta el presente.
Son nada menos ni nada más que unos 4.000 ciudadanos muertos y aproximadamente unos 200.000 lesionados de distinta entidad en estos 8 años que han pasado desde la publicación de dicha nota.
Vehículos inseguros sin cumplir normas de fabricación y sin Control de Estabilidad.
El Ministerio de Industria y Energía, el Poder Ejecutivo y UNASEV, son responsables de la demora en elaborar, aprobar y reglamentar la última ley de tránsito, que exige vehículos más seguros.
También publicamos a través de ANCOSEV en su página web: www.ancosev.org, un artículos compartiendo igual punto de vista: https://www.ancosev.org/inequitativa-distribucion-de-la-siniestralidad-vial/
“Si el gobierno tomara medidas concretas que promovieran la importación de vehículos seguros, que cumplieran las normas UN 94 y UN 95, (normas de impacto frontal y de impacto lateral) y el ESP (sistema de control de estabilidad), lo cual no tiene costo alguno para el Estado, en pocos años se lograría una reducción significativa de la morbi – mortalidad en el tránsito. Esto conduciría a un ahorro económico importante en los gastos del FONASA, con costo cero.”
Estos tres ítems se incorporaron en la última ley de tránsito aprobada en el Parlamento, pero lamentablemente a 4 años ya de aprobada, aún no ha sido reglamentada, por lo cual se siguen importando vehículos sin estos elementos, en cantidades de varias decenas de miles de unidades por año.
También se afirma en el artículo publicado por ANCOSEV:
“Por supuesto que si se adoptaran reducciones impositivas sobre los vehículos que cumplan normas de seguridad, haciendo que comprar un vehículo seguro sea más accesible, la situación mejoraría aún más rápidamente.”
Por supuesto que los empresarios del sector, representados en ACAU (Asociación del Comercio Automotor del Uruguay) también son responsables por promover en todo lo posible, las demoras y postergaciones en la incorporación de elementos de seguridad en los vehículos que importan.
Tal como lo expresaron en el parlamento cuando fueron convocados durante la discusión de la última ley, que si todo se hacía despacio y lento, con el horizonte puesto en el 2030, ellos se quedaban conformes y tranquilos, porque no se afectaría ningún negocio.
La reglamentación de la ley, que ACAU la conocía, se supone que debía estar aprobada en 6 meses, sin embargo llevamos ya 4 años y aún no se aprobó.
Llevamos 20 años de atraso en la incorporación de vehículos seguros con elementos de seguridad que hoy son estándar en Europa, y la meta es adelantar algo para el 2030, al cual llegaremos con más de 30 años de retraso en adelantos tecnológicos en la flota de vehículos.
También lo son por omisión en informar a los usuarios y a sus clientes, el nivel de riesgo y de inseguridad al cual se exponen al adquirir vehículos no testeados, vehículos con muy malas calificaciones en las pruebas de LatinNCAP, o vehículos que parecen iguales a los que venden en Europa, pero que están canibalizados y no tienen el mismo nivel de seguridad.
Los usuarios y las miles de víctimas, parecen importan poco.
Insisto con lo del título: ¿están seguros que el conductor (a la vez víctima), es el único culpable de este siniestro, y sobre todo de las graves consecuencias del mismo?