- El 22 de marzo la Plataforma Unitaria anunció que el candidato unitario es la profesora Corina Yoris, visto que el Gobierno de Maduro inhabilitó a la ganadora de las primarias, María Corina Machado.
- El CNE, en forma ilegal, bloqueó en los hechos, tal postulación. Una de las violaciones a la ley electoral que ha cometido el CNE es que, formalmente, no existe cronograma electoral. El cronograma es un reglamento que debe ser publicado en Gaceta y como regla, no puede ser modificado. Pero el CNE lo que hizo fue colgar en su página web un documento PDF que modifica a su antojo, creando o eliminando etapas y requisitos.
- El 25 de marzo, la MUD pidió la extensión del plazo de postulación, que fue negado por el CNE.
- En los últimos minutos del 25 de marzo, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
- En la mañana del 26 de marzo, María Corina Machado reiteró que la candidata unitaria, Yoris, no pudo inscribirse por razones ajenas a su voluntad. Machado hizo esa declaración en su carácter de candidata de la Plataforma Unitaria.
- En la tarde del 26, la Plataforma, por medio de la MUD, logró inscribir a Edmundo González como candidato. Con lo cual, el problema no era la MUD, sino el candidato que esa organización quiso postular.
Esta es la primera vez que se acude a una vía de hecho para bloquear el ejercicio de derechos políticos, de la manera tan descarada como actúo el CNE.
El apartheid político
Estos hechos demuestran la abierta violación a una reglas electorales básica: la existencia de una ley electoral clara estable y predecible. El CNE, de manera arbitraria, crea y elimina trámites, crea y modifica lapsos, y en suma, decide quién puede postularse y quien no.
Esta discriminación viola el derecho humano y constitucional a participar en elecciones. Pero además, esa violación se enmarca en una persecución contra la unidad democrática, con el claro propósito de socavar esa unidad y así, reducir más todavía la ya menguada participación en el evento convocado para el 28 de julio.
Esta persecución política ha sido sistemática, y por ello, reúne todas las condiciones del crimen de lesa humanidad, según el artículo 7, literal h del Estatuto de Roma.
Hasta ahora, esta persecución se simulaba tras procedimientos legales de la Contraloría y del Tribunal Supremo, esto es, el legalismo autocrático. Pero esa simulación se abandonó en la noche del 24.
Además, el “apartheid político”, al fracturar la unidad, hace más sencillo el fraude electoral. La división de la oposición por medio de la violación de derechos políticos y otras graves violaciones tiene un fin práctico: asegurar una elección a la medida de Maduro, que a su vez, reduzca el poder de la oposición.
¿Es posible simular el apartheid político?
Estas violaciones fueron tan evidentes que países como Brasil y Colombia alertaron sobre la gravedad de la situación en Venezuela.
Además, el Gobierno de Maduro viola el espíritu y la letra del acuerdo de Barbados, porque la MUD no pudo escoger libremente a su candidato, pues Machado fue vetada por formas legales abusivas y Yoris fue vetada por los hechos.
Un escenario probable es que el CNE pretenda sustituir al candidato de la MUD por un candidato previamente seleccionado por el Gobierno de Maduro, y dar así la apariencia de que hay un candidato unitario. Quizás alguien se preste para esa puesta en escena. Esto no solo no va a funcionar, sino que va a colocar más en evidencia el apartheid político que se está implementando para diezmar, más todavía, a la unidad democrática.
No basta con aparentar ser un candidato de unidad. La contundencia de las primarias fue tal, que ningún disfraz de candidato unitario servirá. El candidato unitario, o es libremente escogido -como reza el acuerdo de Barbados- o no es candidato unitario.
Las consecuencias
El apartheid político genera responsabilidad personal en quienes, directa e indirectamente, están contribuyendo a la persecución política. Esta responsabilidad alcanza a los cinco rectores del CNE, salvo que hayan salvado su voto. Ello es especialmente pertinente si recordamos la investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Esa justicia tardará en llegar, pero va a llegar.
La consecuencia más importante es que se va a agravar la crisis de gobernabilidad, lo que fracturará más todavía al Estado y aislará más todavía a Venezuela. Cualquier expectativa de crecimiento económico en el marco de este “apartheid político” es una mera ilusión. Y no por el efecto de las sanciones, sino por algo mucho más grave y perdurable: sin instituciones democráticas, la crisis en Venezuela va a empeorar y con ella, sus consecuencias regionales.
La pequeña élite de Maduro ha decidido dejar las apariencias, y actuar por las vías de los hechos, sin importar las consecuencias.
¿Puede evitarse esta catástrofe? Todavía hay una oportunidad, en la medida en que se permita libremente sustituir a los candidatos postulados por las organizaciones dentro de la Plataforma Unitaria con Corina Yoris, que fue libremente seleccionada para tal fin, como dispone el punto primero del acuerdo de Barbados. Ello pudiera ser el primer paso para avanzar en un sistema de justicia transicional que asegure la coexistencia democrática.