Graziano Pascale
Doce años después de los hechos que originaron el «affaire Carrera»; dos años después de haberse conocido un audio en el que el entonces jerarca del Ministerio del Interior extorsionaba a la víctima de la bala que lo postró en una silla de ruedas, y a escasas horas del pedido fiscal para indagar a Carrera por varios presuntos delitos, Mujica decidió apartarlo de la lista al Senado, que ya estaba aprobada por la Corte Electoral.
Parece el resumen de un sainete político, que sería gracioso si por el camino no hubiera quedado impune un delito de sangre, y un manoteo de recursos públicos para tratar de aplacar a la víctima de ese delito, que pedía justicia.
Las responsabilidades políticas son básicamente de dos tipos: por acción o por omisión. Y el jerarca incurre en ellas ya sea por elegir mal a sus colaboradores o por omitir los debidos controles a sus subordinados.
Mujica era el Presidente de la República cuando desde la casa del subcomisario de La Paloma -sede de un festejo en el que según los trascendidos de la época se cometieron excesos de todo tipo- partió un disparo contra el vecino Victor Hernández, que intentaba que bajaran el volumen de la música para poder dormir. La investigación policial sobre aquel hecho fue una farsa. Y la reacción de las autoridades políticas del Ministerio estuvo a la altura del nível ético y profesional de la investigación.
No se adoptó entonces una sola medida que pudiera ser interpretada como asunción de responsabilidades por el hecho, pese a que estaba involucrado un oficial de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior se limitó a otorgar atención médica en el Hospital Policial a la víctima del balazo, y a apoyar económicamente a su familia, con lo cual estaba de hecho asumiendo la responsabilidad estatal en el trágico hecho.
Sin embargo, nunca pudo encontrar al responsable del delito, pese a que la lista de sospechosos no era muy extensa y a que entre ellos había un jerarca policial que debería haber colaborado activamente en la investigación, ni tampoco pudo encontrarse el arma.
Contrariando la normativa vigente, el civil que había sido herido recibió durante tres años asistencia en el Hospital Policial, reservado únicamente a policías y familiares.
Todos esos hechos irregulares se prolongaron durante dos de los tres gobiernos del Frente Amplio, mientras al frente del Ministerio estaban un hombre de la absoluta confianza de Mujica, como el ministro Eduardo Bonomi, y el hermano del ex presidente Vázquez, Jorge Vázquez.
La difusión en el programa «Santo y Seña» de canal 4, en el año 2022, de un audio en el que se oía a Carrera, cuando ocupaba la tercera jerarquía del Ministerio del Interior, amenazar a Hernández y su familia con el corte de la ayuda económica si seguían adelante con acciones judiciales, volvió a poner en primer plano el triste episodio del año 2012.
Tiempo hubo de sobra para que las autoridades de entonces asumieran la responsabilidad que les correspondía, especialmente por la opacidad de la investigación policial y la negligencia en someter a la justicia al autor del delito. Nada ocurrió, tal vez confiando en que el paso del tiempo haría olvidar el hecho, tal como sucedió con otro episodio aún impune, como la fuga de la Cárcel Central del narcotraficante Rocco Morabito.
Fue necesario que un fiscal solicitara el desafuero del senador Carrera para poder indagarlo sobre algunos presuntos delitos que habría cometido, para que finalmente Mujica decidiera apartarlo de la lista al Senado. «Tardío e insuficiente», podría decirse, para utilizar una expresión en boga.
Con las manos libres, la justicia podrá avanzar en el esclarecimiento de los hechos con apariencia delictiva en los que habría incurrido Charles Carrera. Sin embargo, el delito que dió origen a estas actuaciones quedará impune por haber vencido los plazos legales para enjuiciar al responsable. Y, por esa razón, seguirá persiguiendo a las autoridades de la época -tanto políticas como policiales- la sospecha sobre las razones de fondo que impidieron dar con el autor del disparo.