«La democracia no muere por asesinato, sino por suicidio.» John Adams, (II presidente de los Estados Unidos.)
Desde que tuvimos la información que dos Diputados de la recién instalada Legislatura, Schipani del Partido Colorado y Preve del Frente Amplio, habían reactivado el proyecto de Ley de Eutanasia, votado por una de las Cámaras en la pasada legislatura pero que no completó el trámite parlamentario, nos propusimos escribir una columna sobre ese tan controvertido asunto.
A tales efectos estuvimos durante un tiempo reuniendo material, consultando a técnicos y especialistas que han estado vinculados con la temática y nos propusimos, incluso, establecer contacto con algunos de los Representantes -tanto de quienes lo apoyan como los que tienen una posición contraria- para tener una visión más amplia de la argumentación que sostiene una u otra postura.
Sin embargo, la dinámica de los hechos políticos ha dejado, por lo menos por ahora, trunco el proyecto. ¿El motivo?
El que, sin Ley habilitante, la que se ha “eutanasiado” -sepa disculparse el barbarismo- es la propia democracia uruguaya o, hilando más fino, la que ha decidido suicidarse es lo que todavía quedaba de institucionalidad republicana, sin la cual, la sacrosanta democracia es cáscara vacía de contenido.
La eutanasia como supremo y postrero acto de libertad
“la enfermedad es el tirano más temible, y en esas circunstancias continuar, simplemente continuar, se vuelve sobrehumano.” Albert Camus
Cuando, acicateado por la renovada vigencia que había tomado el tema de la legalización de la Eutanasia en el ámbito parlamentario, con presuntas mayorías que posibilitarían la aprobación del proyecto de la pasada legislatura que, con media sanción no llegó a aprobarse, ahora sí lo haría con algunas modificaciones introducidas por sus impulsores tendientes a conformar mayorías, pensamos en Carlos Alberto Montaner.
En julio de 2023 escribíamos una columna en Contraviento titulada “In memorian: Carlos Alberto Montaner, el hombre que hizo lo que pudo” (https://contraviento.uy/2023/07/10/in-memoriam-carlos-alberto-montaner-el-hombre-que-hizo-lo-que-pudo/) luego que, el 30 de junio de ese año, en Madrid, el personal médico designado a tal efecto procedió a la definitiva desconexión de su cuerpo severamente afectado por una parálisis supranuclear progresiva e incapaz de librar una nueva batalla, se había ido convirtiendo en cárcel de una mente nacida para la libertad.
Liberal el columnista, como liberal Montaner, nos disponíamos a analizar y argumentar por qué, siendo desde siempre partidario de la legalización de la eutanasia, bajo ciertas y estrictas condiciones, teníamos una posición contraria a “esta eutanasia” propuesta, teniendo siempre presente la frase del español Ramón Sanpedro que “vivir es un derecho, no una obligación”.
Peor la otra Eutanasia, la política e institucional
Recurro otra vez a Montaner, para explicar por qué parezco dirigirme hacia el sur cuando mi destino es el norte. Tratemos de bajarlo a tierra: el Uruguay, específicamente su organización republicana y democrática -connatural con su propio nacimiento como Estado-nación independiente- se halla inmerso en un proceso de eutanasia institucional, si se me permite la licencia retórica.
Nuestro inspirador Carlos Alberto Montaner, más conocido como CAM -el “hombre que hizo lo que pudo”- en su larguísima trayectoria periodística, tanto como en su eterna lucha contra la atroz tiranía castrista que, tempranamente, lo había dejado huérfano de patria, murió por una eutanasia planificada con arte de orfebre, y había nacido a la vida pública precisamente, como consecuencia de la eutanasia política que, sin saberlo, los cubanos de entonces, se infligieron plegándose a los delirios del megalómano jesuita de la Sierra Maestra de siniestra memoria, Fidel Castro.
La inyección letal uruguaya
“…la fabricación de enemigos imaginarios puede llegar a ser tan apasionada y apasionante como catastrófica; que no necesita más que un mínimo dato para erigir enormes y espeluznantes edificios. Las víctimas de turno -por lo general desamparadas- pueden esgrimir todo el espectro de la inocencia, que de nada vale cuando fue desatada la tempestad” Marcos Aguinis (La conspiración de los idiotas”)
Es lugar común en la historiografía uruguaya reciente, y en el debate político sobre ella, aludir a la recuperación de la democracia dada a partir del 1º de Marzo de 1985, cosa que con pompa y boato hacen tirios y troyanos en cada fecha señalada.
Este año, especialmente, tanto desde los remanentes de aquél 40% que respaldó el Proyecto de Reforma Constitucional impulsado por el régimen militar en 1980, hasta la más extrema izquierda tira bombas, todos se congratularon de los 40 años de esa “recuperación”.
Doble o triple paradoja, políticamente correcta y que, por tanto, no tuvo el más mínimo sonido discorde.
Primera paradoja: hablan de recuperar cuando en realidad se trató de un proceso de restauración en toda regla, tal y como si la década verde-olivo no hubiera sucedido.
Paradoja dos, no menor, hablan de recuperación todos los que, desde una década antes del golpe negaban la vigencia democrática construyendo el relato del “pachecato”, y lo siguen haciendo aún hoy, situando -anacrónica y a-históricamente- el comienzo de la dictadura en 1968.
Y una paradoja tres, que unos y otros, participan del ritual, como socios accionistas de una empresa común y propia, dando por hecho que sus clientes, rehenes del monopolio imperante, no tendrán otra opción que plegarse al aplauso cumpliendo su papel de mansa claque.
Todos contestes -los eternos integrantes del “sistema político uruguayo”, casta intocable a la que no nos atrevemos a llamar casta- en cuanto a que el país cuenta con una democracia ejemplar (única “democracia plena” y número 14 del mundo, según The Economist en su Ïndice 2023, citado por Montevideo Portal), creen todos ellos se artífices de tal logro, sin cuestionarse nunca si no es a pesar suyo, y si no será esta, una prueba más del deterioro y descrédito en el que, sin solución de continuidad, el sistema democrático ha venido cayendo desde hace décadas.
La creciente concentración del poder
Nada de lo que ha venido sucediendo desde que se conocieron los resultados de la elección, con un gobierno que pareció asumido desde el mismo día, hasta la asunción presidencial del pasado 1º de Marzo, estaba escrito en piedra que debía suceder. Pero todos los hechos políticos acaecidos desde entonces van, eso sí, indudablemente, en el mismo sentido: la de una Coalición-Partido que avanza sobre todo y todos, y la absoluta y total sumisión, primero de un gobierno en retirada incapaz del menor atisbo de defensa, y luego de una fuerza, la Coalición Republicana, nacida muerta producto de la desidia y cortedad de miras de sus potenciales beneficiarios.
La prisa de algunos dirigentes de primera línea de los partidos más representativos, de lo que debería ser un única, homogénea y firme oposición a un proyecto que se anuncia hegemónico, fue la de correr a ofrecer su colaboración con republicano desprendimiento, incluso por fuera de sus propias autoridades partidarias.
Permita el lector que el columnista esboce una sonrisa no exenta de cinismo, habida cuenta que tal movida no tuvo otra apariencia que la que efectivamente fue: la de una rendición incondicional antes de iniciar siquiera un amago de oposición.
Desde entonces y hasta esta semana, donde el número mágico de cuarenta cargos es el punto final del largo y deplorable trapicheo con el gobierno, el espectáculo político de una federación anárquica de caciques en procura de salvar sus ropas dijo mucho de la calidad democrática de nuestras instituciones y muy poco de la manida convicción republicana.
La Fiscalía como el Quinto Poder
A la tradicional arquitectura institucional de la República, de los 4 poderes constituidos por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, resulta cada vez más evidente y de difícil discusión en contrario que, desde la aprobación en 2017 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación -por la práctica unanimidad de la casta partidaria- bajo el reinado de una década del Zar del delito, Dr. Jorge Díaz, este servicio descentralizado se ha convertido en un Poder independiente más.
A pesar de haber renunciado en octubre de 2021, dejando en su lugar a un subrogante de su más extrema confianza y, con el debido respeto por el Dr. Gómez- debida obediencia, como dijera el Presidente de la Asociación de Abogados Penalistas Dr. Fagúndez, “el Dr. Jorge Díaz nunca se fue de Fiscalía” su figura siguió siendo determinante a toda hora.
Lo fue en una movida poco ortodoxa (dentro de la legalidad, pero al borde mismo de la debida ética) que lo puso como abogado litigante, en casos de notoria resonancia, en trato directo con quienes hasta un rato antes habían sido sus subalternos -en algún caso- o directamente sus designados.
La guinda que adornaría la torta del poder, vendría con su designación como Pro-Secretario de Presidencia, planteándose la interrogante, por él expresada valiéndose de Borges “qué dios detrás de Dios” movería las piezas desde entonces.
Una pista concreta la dio cuando, en medio de la tormenta por la sonada estafa -privada, eso sí- de Conexión Ganadera, el Dr. Díaz expresó su parecer en cuanto a la lentitud conque se estaba siguiendo la causa. Que “no constituye una indebida presión” se encargó de subrayar, en un mensaje que pareció transmitir lo contrario de lo que decía.
Y un día, preelectoral, volvimos por los intendentes (blancos)
Que “no se piense en una operación política cada vez que perseguimos al poder”, palabras más palabras menos, dijo el sindicalista en jefe de los Fiscales, William Rosa.
Ello como respuesta a las esperadas reacciones al pedido de formalización, con prisión domiciliaria y dispositivo incluido, del Intendente de Soriano Guillermo Besozzi, por parte de la Fiscal Stella Alciaturi, que, con lógica cartesiana, los actores políticos cercanos al acusado remitieron a Octubre de 2019 cuando una Fiscal de Colonia imputó -en pleno período electoral- al entonces Intendente Carlos Moreira. Que Alciaturi haya sido promovida a Fiscal Letrada cuando Díaz era Fiscal General, y que casi simultáneamente con la causa Besozzi haya sido designada para un Curso sobre “Lavado de Activos y Crimen Internacional” en EE. UU., parecería mera coincidencia.
Si esto se pone en contexto con causas que involucran a notorios dirigentes de izquierda, denunciados por presuntos delitos cometidos durante su pasaje por cargos de Estado, que duermen el sueño de los justos por meses y años, parecería que la afirmación del sindicalista-fiscal Rosa precisa prueba en contrario: salvo que se demuestre otra cosa, la Fiscalía opera políticamente, siempre en el mismo sentido partidario, ergo, es un factor de poder autónomo.
Pudo haber sido distinto, ¿pudo?
Todos estos hechos, apenas unos pocos de un largo rosario, que abonan la tesis de la existencia de un sistema político que actúa con lógica de casta, pudieron no haber sucedido. No era un hecho ineludible que el Fiscal Díaz, siendo un joven Juez que archivó de manera exprés el sonado -y nunca aclarado- caso Feldman del mayor arsenal privado del que se tenga noticia, fuera designado Fiscal General de la Nación a propuesta del entonces presidente Mujica y con la venia unánime del Senado de la época.
Tampoco estaba en las Sagradas Escrituras que ese mismo sistema político le acompañara en la aventura demiúrgica de la creación del monstruo Fiscal, ni tampoco del malhadado nuevo Código del Proceso Penal.
Sin embargo, la fórmula para preparar el cóctel que iba a utilizarse para la eutanasia en curso de la república democrática, necesitaba de un ingrediente fundamental. Fue el origen que nos trajo hasta estos días: la elección del exguerrillero tupamaro José Mujica como Presidente y, con ello, la definitiva adopción de la Casta de un movimiento nacido para exterminarla, el MLN Tupamaros y que, con ello, adquirió definitiva y total membresía hasta, llegado a este punto, tras la fachada civil del MPP, convertirse ellos mismos, en la Casta.
Lo que queda es comprobar los signos vitales del paciente, pero todo indica que el desenlace ya está atado y bien atado. Cuánta sabiduría la del segundo Presidente de los Estados Unidos John Adams, citado en el acápite: las democracias no mueren por asesinato, sino por suicidio.