Por @PhDenLogica
(Exclusivo para CONTRAVIENTO)
El uso de los recursos públicos debería ser un tema de interés general de la ciudadanía. En estos días está siendo tratado el tema del exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, quien se enfrenta a una investigación por el uso discrecional de fondos y sospechas de corrupción Lejos de querer defender a Besozzi, ni tirar la pelota para el otro lado, me gustaría indagar en otras situaciones que escapan al radar de la Fiscalía. Por el momento, vamos a analizar el Municipio A de Montevideo. La Intendencia de Montevideo, es como un gran árbol con muchas ramas: un organismo gubernamental que se extiende a través de ocho municipios, donde gobiernos locales buscan estar más cerca de la gente. La idea, nacida en el primer gobierno frenteamplista, es simple: las decisiones y los recursos llegan a los barrios de forma más directa, atendiendo lo que cada rincón de la ciudad necesita. Sin embargo, como en Soriano, a veces lo que parece buena voluntad termina en sombras que nos hacen dudar.
Si bien estos municipios tienen su propia voz, no son del todo independiente, ya dependen de la Intendencia para recibir fondos y apoyo técnico. Con un plan quinquenal y presupuestos anuales aprobados por sus concejos, se ocupan de cosas tan cotidianas como mantener plazas y calles en orden, o de impulsar programas sociales y culturales que le den vida a la comunidad. Uno de ellos, el Municipio A, abraza la zona oeste de Montevideo, incluyendo el barrio Tres Ombúes, en donde también se suma el esfuerzo del gobierno nacional con iniciativas como el Centro Tres Ombúes del Ministerio de Desarrollo Social.
El Centro Tres Ombúes es una oficina territorial del MIDES que funciona como un centro cívico multifuncional. Desde programas sociales hasta actividades que reúnen a los vecinos, este lugar funciona como un puente entre las necesidades de la comunidad y lo que el Estado puede ofrecer. Lo lidera un equipo con una dirección departamental, una jefatura local y personal administrativo que incluye a Mirta Ramírez. En las oficinas territoriales trabajan funcionarios fijos y otros contratados, como arrendamiento de servicios o programas para jóvenes, y los recursos provienen del presupuesto nacional que el MIDES destina a salarios, gastos diarios y proyectos.
Y aquí es donde la historia se pone interesante. Mirta Ramírez, una figura clave en el Centro Tres Ombúes desde al menos 2019, donde se presenta como gestora y coordinadora cultural (así lo dice en su Facebook). Además de su función administrativa, desde 2022, el Municipio A la ha contratado por el servicio de “Contratación Artista en Uruguay” a través de “VALORARTE cooperativa de trabajo artístico”, en cuatro ocasiones: en 2022 por $574.980, en 2023 por $852.912, en 2024 por $848.620 y en 2025 por $848.346. Este último monto equivale a unos $65.257 mensuales brutos, contando aguinaldo, un dinero que presumiblemente se sumaría a su sueldo de personal administrativo con fondos públicos del MIDES. ¿El problema? No hay rastro de que Mirta sea artista. Su trabajo conocido está en la gestión cultural, no en el escenario o el lienzo. Y que las contrataciones se repitan cada año, siempre a través de un proveedor que conecta artistas con el Estado, hace difícil pensar que ella sea solo un puente para otros talentos. Esto huele a conflicto de intereses: alguien que coordina cultura en un espacio público, contratada como artista por el mismo municipio donde opera.
Pero Mirta no está sola en esta trama. En marzo de 2025, el Municipio A también contrató a otras cinco personas por el mismo concepto y monto: Shirley Cauna, Carolina Facal, Ángela Valdebenito, Joaquín Doldán y Leonardo Pereyra. Cada uno tiene su historia, y vale la pena conocerlas.
Shirley Cauna (o Caunas o Canua, dependiendo del documento, pero siempre con la misma CI), por ejemplo, fue concejal en el Municipio A y hasta alcaldesa interina por unos días en 2019. Su última huella en el municipio es de 2020, cuando participó en un equipo de equidad de género en la inauguración de obras de la Comuna Mujer 17. Desde 2022, ella también aparece como “artista” en cuatro contratos: $426.458 en 2022, $876.420 en 2023, $723.780 en 2024 y $848.346 en 2025. Aunque no hay nada que la vincule al arte, su caso no grita conflicto de intereses como el de Mirta, pero sí levanta una ceja sobre cómo se elige a quién contratar. Vale la pena mencionar que el rol de Concejal Municipal es un cargo honorario
Luego está Carolina Facal, encargada del centro cultural Casa Pueblo en Santiago Vázquez, el cual es el único pueblo de Montevideo y no pertenece a ningún municipio en particular, pero geográficamente cercano al Municipio A. Desde 2023, suma cuatro contratos como “artista” por parte del Municipio A: dos contratos en el 2023 por $295.648 y $886.944, $804.200 en 2024 y $848.350 en 2025, a través de otra cooperativa de artes (Cooperativa de las artes del Uruguay suplementada). ¿Es artista? No hay pistas que lo confirmen, y su rol remunerado en un centro cultural ya de por sí despierta dudas.
Joaquín Doldán, en cambio, sí tiene un pie en el arte. Escritor, dramaturgo y actor, con pasado en el Carnaval uruguayo y ahora gestor de Casa de la Pólvora en el Municipio A. Sus contratos son en el 2024 y 2025 por $804.200 y $848.350, respectivamente. Doldán residió en España durante 20 años, volviendo a Uruguay en el 2022. Y si bien esta contratación encaja más con su perfil que con el resto de los mencionados, igual falta claridad, específicamente sobre los servicios brindados en el contexto de la contratación
De Leonardo Pereyra sabemos poco. Fue contratado como “artista” por el Municipio A: en 2022 por $335.464, en 2023 por $886.944, $804.200 en 2024 y $848.350 en 2025. Y de Ángela Valdebenito, solo tenemos su contrato de $848.346 en 2025, sin más datos que la relacionen ni al Municipio A, ni a las artes.
Lo que une estas historias es la opacidad. La Intendencia usa formatos estándar para sus compras, diciendo lo justo y necesario, y eso nos deja a todos con más preguntas que respuestas. ¿Por qué personas ligadas a roles públicos, la mayoría sin vínculo claro con el arte, reciben estos contratos año tras año? No se trata de señalar culpables desde un escritorio, sino de pedir luz sobre algo que nos involucra a todos: cómo se usa el dinero público. Quizás detrás de cada nombre haya una explicación razonable, pero mientras las sombras sigan siendo más grandes que las certezas, es difícil no sospechar que aquí hay algo más que buena voluntad. Montevideo merece que hablemos de esto, porque lo que está en juego no es solo plata, sino la confianza en quienes nos representan.
Anexo: Números y fechas de adjudicación
– Mirta Ramírez: D104081 (28-4-2022), D125907 (2-5-2023), D150326 (26-4-2024), D168269 (21-3-2025)
– Shirley Cauna: D117528 (09-12-2022), D127662 (29-5-2023), D152486 (31-5-2024), D168280 (21-3-2025)
– Carolina Facal: D121151 (03-2-2023), D126608 (11-5-2023), D152371 (29-5-2024), D168209 (25-3-2025)
– Joaquín Doldán: D152370 (29-5-2024), D168214 (21-3-2025)
– Leonardo Pereyra: D113622 (05-10-2022), D126661 (15-5-2023), D152370 (29-5-2024), D168215 (21-3-2025)
– Ángela Valdebenito: D168266 (21-3-2025)