Luis Carlos Silva
Se sigue viendo, como desde hace mucho tiempo y en muchos países, que la Justicia tiene
cierta tendencia a beneficiar a determinados bloques y, por lo tanto, perjudicar a otros,
cuando se trata de temas que tienen que ver con la política. Especialmente en la parte que
tiene que ver con el acto eleccionario y su previa.
Se supo en los últimos días que la líder de la derecha francesa, Marine Le Pen, del partido Rassemblement
National (RN), fue declarada culpable en un juicio por supuesto desvío de fondos públicos
europeos cuando era eurodiputada. Le Pen habría usado ese dinero para pagar a su
guardaespaldas, a su jefe de gabinete y a un asistente. Le Pen insistió durante el juicio
que no hizo nada»ilegal», y que las acusaciones se deben a «una interpretación estrecha» de
la noción de asistentes parlamentarios durante su etapa como eurodiputada entre el 2004 y
el 2017. El tema es que con esa resolución ella queda automáticamente inhabilitada para
cargos públicos con efecto inmediato durante los próximos cinco años. Eso la dejaría fuera
de la carrera por el Elíseo en 2027. En este caso el juicio ha sido en un tribunal de primera
instancia con lo que sería posible presentar recurso en una instancia superior. Aún así, no
deja de ser una piedra en el camino a la presidencia de Francia de quien se estaba
presentando con cierta ventaja en las encuestas ante los otros posibles candidatos. No
estoy en posición de cuestionar el veredicto de un tribunal francés. Ni siquiera de discutir la
veracidad del supuesto ilícito por el que se la ha juzgado. Pero, teniendo en cuenta que
situaciones similares se vienen dando desde hace tiempo en varios países gobernados por
la izquierda, ésta sentencia resulta, cuanto menos, sospechosa.
La utilización del poder judicial por parte de la izquierda para retener o llegar al poder es
cada vez más evidente, cada vez menos disimulado y cada vez más absurdo. Tenemos
unos cuantos ejemplos de eso. Empecemos por Brasil. Fue el Supremo Tribunal Federal el
que “descondenó” a Lula, lo puso en carrera por la presidencia en las elecciones de 2022 y,
vía Superior Tribunal Electoral (el equivalente a nuestra Corte Electoral) inclinó la balanza
durante el proceso eleccionario, actuando con toda premura cuando era Bolsonaro y su
equipo que cometía un desliz en publicidad o cualquier otra cosa de poca importancia, y
haciendo la vista gorda cuando era Lula o la izquierda en general la que cometía sendas
maniobras ilícitas desde todo punto de vista.
Hubo prohibiciones de decir en publicidad (y hasta en declaraciones públicas) que Lula era amigo de Maduro o de Daniel Ortega. Se constató que no se cumplió con las cantidades de minutos de publicidad electoral
obligatoria, pro Bolsonaro, en buena parte de las radios del nordeste de Brasil, donde Lula
tiene su mayor “corral electoral” y donde hubiera sido fatal que perdiera votos. Todo eso
orquestado por el presidente del STE en ese momento, ni más ni menos que el Ministro
Alexandre de Moraes, archi enemigo de la derecha en general y de Bolsonaro en particular.
Juez que hace pocos días atrás admitió como válida la acusación presentada por la fiscalía
federal (Procuraduria Geral da República) en el que se lo acusa de intento de golpe de
estado. Con cero pruebas reales, pocas imaginarias y hasta algún testimonio sacado por las
malas (tortura sicológica, amenas, etc) a un ex edecán de Bolsonaro. Ahora Moraes y sus
super amigos de capa negra tienen el camino pronto para juzgar a Bolsonaro y hasta
meterlo preso. Recordemos que así que asumió Lula, en 2023, Bolsonaro fué acusado de:
– Ataques sin pruebas al sistema electoral. En julio de 2022, Bolsonaro se reunió con embajadores en el Palacio de la Alvorada y difundió acusaciones infundadas sobre el fraude en las elecciones y la
fiabilidad de las urnas electrónicas.
– Abuso de poder político y uso indebido de medios de comunicación El TSE determinó que Bolsonaro utilizó su cargo como presidente para
difundir desinformación con el objetivo de influir en los votantes.
– Intento de socavar la democracia La decisión del TSE consideró que su conducta ponía en riesgo la estabilidad del proceso democrático en Brasil.
Con lo que se hizo acreedor, a una velocidad absurda, a quedar en calidad de culpable e
inelegible por 8 años.
Vemos a Brasil siendo ejemplo para Francia.
Pero eso no lo inventaron en Brasil. Hay maestros en ese tipo de acción. Tenemos el caso
caribeño en dosis doble. Tanto Daniel Ortega como Nicolás Maduro han hecho escuela en
la utilización de sus respectivos poderes judiciales para despejar sus caminos hacia las
dictaduras que cada uno protagoniza en su país. Por tener un ejemplo muy claro de ese tipo
de maniobra vamos a ver lo que hizo Maduro en Venezuela.
1. Aumento y reorganización de magistrados
En 2015, justo antes de que la oposición tomara el control de la Asamblea Nacional, el
chavismo designó apresuradamente 13 magistrados principales y 21 suplentes afines al
gobierno.
En 2022, Maduro impulsó una reforma que redujo el número de magistrados de 32 a 20,
pero mantuvo el control sobre sus designaciones.
2. Control sobre el proceso de selección
La Asamblea Nacional de mayoría chavista ha sido la encargada de nombrar magistrados
leales al gobierno.
Se han eliminado procesos de evaluación independientes, permitiendo que los jueces sean
elegidos sin transparencia.
3. Eliminación de la independencia judicial
El TSJ ha sido usado para anular leyes aprobadas por la oposición en la Asamblea
Nacional.
Ha permitido la criminalización de líderes opositores y la persecución de jueces que fallan
en contra del gobierno.
4. Disolución de la Asamblea Nacional en 2017
En 2017, el TSJ emitió sentencias que anularon las funciones del Parlamento, dominado por
la oposición, otorgando poderes legislativos a Maduro.
Esto generó una crisis institucional y llevó a la creación de la Asamblea Nacional
Constituyente, controlada por el chavismo.
Como vemos la izquierda da clases en este tipo de maniobra. Ortega en Nicaragua ha
hecho más o menos lo mismo. Y no olvidemos que Putin en Rusia también ha sido de los
que ha ido eliminando todo tipo de oposición. Aunque en su caso además de usar el poder
judicial ha dado con personas alérgicas a las caídas desde edificios altos o que mueren al
ser golpeadas con un té de plutonio. ¿O era al revés?
¿Y por casa cómo andamos?
En Uruguay el poder judicial propiamente dicho no parece estar tan radicalizado como en
Brasil o Venezuela. Pero aquí la izquierda se ha encargado de poner su granito de arena, o
mejor dicho, su roca de granito, en la puerta de los juzgados. Porque desde la puesta en
vigencia del NCPP nos hemos cansado de ver que la fiscalía, con Díaz y sus colegas al
frente, se ha encargado de que determinados casos duerman el sueño de los jus… no,
cualquier cosa menos justos. Decía que duerman el sueño de los injustos en los cajones de
algún que otro fiscal. Se llegó a decir que no había mérito para que se juzgase el tema del
Antel Arena poco antes de las elecciones pasadas. Hay casos de corrupción que no se
mueven o si se mueven lo hacen a paso de tortuga con reuma. No se ha llegado a
inhabilitar a ningún candidato por parte de la Corte Electoral. Pero no sé si eso no pasará en
algún momento. Por ahora la casta que gobierna el Uruguay, el Partido del Estado, no ve a
nadie que le haga pensar que pueden perder sus privilegios. El viernes pasado la
Plataforma Por la Libertad se presentó en sociedad. Podría ser que Fernando Doti llegue a
ser una piedra en el zapato de la casta que precise ser tirada lejos con la ayuda de la Corte
Electoral o de algún fiscal que se encargue de buscar motivos para conseguir eso. Por
ahora no lo sabemos. Veremos en los próximos años.
A la izquierda se le acaban los votantes. La información descentralizada y distribuída
permite que las personas hablen entre sí y no vivan convencidas de que lo que dice la
prensa tradicional es la verdad absoluta. El estado puede seguir pagando a los medios
convencionales. Pero eso cada vez va a tener menos relevancia. Lo que digan la tía y la
madrina en el grupo de Whatsapp de la familia va a tener más importancia. El dato de
cuánto fue gastado en una administración municipal que apareció en CONTRAVIENTO se va a hacer más conocido que lo que digan en una radio los responsables políticos de turno.
La sociedad está cambiando. Se está girando a la derecha.
La izquierda lo ve y no va a morir sin dar pelea. Ya le está quedando solo el aparato judicial.
Y eso tampoco va a durar mucho.