Por Silvana Giachero, Psicóloga Forense
Hace pocos días fue presentado un informe elaborado por la Universidad CLAEH en conjunto con ONU Mujeres, que pretende responder a la preocupación social y jurídica creciente sobre las denuncias falsas en el contexto de violencia basada en género. Bajo el título de “investigación académica”, el documento afirma que estas denuncias serían “excepcionales”, en base a la revisión de 89 expedientes judiciales entre 2021 y 2023.
Esto se produce en un contexto social donde se debate la necesidad de reformar la ley de violencia basada en género en Uruguay y en el que uno de los argumentos centrales es el aumento de denuncias falsas y su impacto procesal y humano.
En este marco, se publica el informe CLAEH–ONU Mujeres que intenta deslegitimar esa preocupación.
Pero, basta con una lectura atenta para advertir que no se trata de una investigación científica neutral, sino de una publicación activista que intenta blindar ideológicamente un modelo penal cuestionado por múltiples operadores jurídicos, profesionales forenses y víctimas indirectas del sistema.
Una muestra irrelevante y sesgada
El estudio revisa apenas 89 causas judiciales de todo el país en las que se investigaron delitos de simulación de delito y calumnia. Solo dos de ellas involucraban denuncias de violencia de género. A partir de ese dato, el informe concluye que el fenómeno de las denuncias falsas no tiene relevancia estadística.
Este razonamiento, sin embargo, incurre en una falacia metodológica grave. La muestra utilizada representa una fracción insignificante frente al universo real de más de 30.000 denuncias anuales por violencia doméstica en Uruguay. Además, el recorte se limita exclusivamente a las denuncias que llegaron a tipificarse penalmente como falsas, lo cual excluye una amplia gama de situaciones que en la práctica judicial —y especialmente en el ámbito familiar— no se formalizan ni se sancionan, pero que igualmente generan un daño irreparable.
Los casos archivados por falta de pruebas, las absoluciones por falsedad del testimonio, las denuncias utilizadas como estrategia en disputas de tenencia, los sobreseimientos tras años de proceso, e incluso las retractaciones no espontáneas, quedan invisibilizados. El informe parte de un sesgo de selección incompatible con cualquier estándar de validez científica.
Activismo con disfraz académico
Más allá de su débil base empírica, el informe persigue un objetivo político: desacreditar el reclamo de revisar una ley de violencia de género que muchos juristas, operadores y ciudadanos consideran desbalanceada, inquisitiva y contraria a principios básicos del derecho penal moderno. Esta intencionalidad no se oculta: el texto se presenta como respuesta a quienes “difunden el mito de las denuncias falsas” y busca explícitamente desautorizar cualquier reforma.
Resulta particularmente preocupante que una universidad, financiada por un organismo internacional con posicionamiento ideológico explícito, utilice un lenguaje técnico para imponer una narrativa sin fundamento. No se trata de una investigación abierta a la evidencia, sino de una pieza de legitimación política. Lo que está en juego aquí no es la negación de la violencia real contra las mujeres —que existe y debe combatirse—, sino la imposición de una mirada única y dogmática, que niega por principio que pueda haber mujeres que mientan o instrumentalicen los recursos legales disponibles.
El daño que no se ve
Negar la existencia de denuncias falsas es tan grave como negar la violencia real. Ambas invisibilizaciones tienen víctimas. En este caso, los afectados suelen ser padres separados, varones absueltos tras años de proceso, profesionales cuya carrera se destruye por una denuncia sin pruebas, o incluso niños utilizados como instrumento de venganza en contextos de conflicto parental. También hay mujeres denunciadas falsamente, aunque en menor medida.
Las consecuencias van desde la prisión preventiva hasta la pérdida del vínculo filial, pasando por el descrédito social, la estigmatización institucional y el deterioro de la salud mental. La mayoría de estos casos jamás llegan a los delitos de calumnia o simulación, porque el sistema judicial raramente actúa de oficio cuando una denuncia se cae por falta de pruebas. En muchos expedientes no se persigue la falsedad, no por inexistencia, sino por desinterés, miedo o falta de pruebas sobre la intencionalidad.
Hacia una ciencia forense real
Lo que necesitamos no son informes que refuercen discursos preestablecidos, sino investigaciones rigurosas, interdisciplinarias y metodológicamente sólidas. Estudios que crucen datos de fiscalía, expedientes archivados, decisiones judiciales contradictorias, testimonios periciales desacreditados, y que incluyan la voz de los directamente afectados.
Cualquier política pública basada en evidencia debe partir de la realidad, no de la ideología. Y si hay algo que debería unirnos como sociedad, es el compromiso con el debido proceso, la verdad y la justicia, sin importar a quién incomode.
“Defender el debido proceso no significa negar la violencia. Significa proteger la verdad. Y sin verdad, no hay justicia para nadie. ”“No es ciencia, es activismo camuflado con tecnicismos: lo que se presenta como evidencia es apenas una pieza de lobby institucional.”“Una muestra sesgada no puede dar lugar a una conclusión general. Y mucho menos ser usada como fundamento para legitimar la inercia legislativa.”
“Una muestra sesgada no puede dar lugar a una conclusión general. Y mucho menos ser usada como fundamento para legitimar la inercia legislativa.”
“La justicia penal no puede operar en función de consignas ideológicas, sino de pruebas, garantías y metodología científica. Sin embargo, cuando se pretende anular el debate sobre las denuncias falsas con investigaciones de base ideológica, el daño es doble: para las víctimas reales y para los inocentes criminalizados.”