Cuando un fenómeno como TEMU irrumpe en el mercado, lo primero que aparece es fascinación: millones de consumidores descubren que, con un par de clics, pueden acceder a productos baratos, variados y entregados en la puerta de su casa.
Pero cuando la innovación choca con intereses establecidos, la política se apresura a “poner orden”. El Estado uruguayo ve amenazada su caja. Y, como todo aparato que vive de extraer recursos de los ciudadanos, reacciona con lo único que sabe: más impuestos, más controles, más burocracia.
En lugar de preguntarse cómo hacer para que el comercio local pueda competir, el Estado castiga al consumidor que encontró una alternativa. Un termo que aquí cuesta $2.000 puede llegar desde TEMU por $500 con envío incluido. Lo mismo sucede con ropa, juguetes o cargadores de celular. No importa el producto, la consecuencia es la misma: un aumento artificial en el costo de vida de los uruguayos.
Y la pregunta incómoda es: ¿qué sentido tiene gravar productos que en Uruguay no se producen? Lo que antes se llamaba “sustitución de importaciones”, hoy se disfraza bajo la bandera de la “defensa del comercio local”. Pero, ¿defensa de quién? No del comerciante de barrio. Lo que en realidad se protege son los intereses de los grandes importadores, socios privilegiados del Estado, que siempre resultan beneficiados con cada traba y cada impuesto.
El argumento de la “justicia tributaria” es otro engaño. El IVA no es justo: es regresivo, castiga al que menos tiene y hace que el pobre pague más caro aquello que, gracias a plataformas como TEMU, podía conseguir más barato.
No es la primera vez que pasa. Cuando surgió Spotify, también se habló de ponerle un impuesto adicional porque “afectaba” a las radios locales. El resultado hubiera sido el mismo: encarecer el servicio a los usuarios para proteger un modelo de negocios viejo, en vez de dejar que la competencia y la innovación hagan su trabajo. TEMU es simplemente la versión 2025 de ese mismo reflejo: cada vez que aparece una opción más barata, más moderna o más libre, el Estado corre a ponerle un candado.
En un sistema de mercado, el consumidor muestra que prefiere acceder al mundo sin intermediarios ni sobreprecios. Pero la política llega tarde, como siempre, para recordarnos que la libertad de elegir tiene un límite: la voracidad del Estado.
La historia es conocida: cada vez que la tecnología abre una puerta de mayor libertad y competencia, el monstruo estatal se encarga de cerrarla con un nuevo impuesto. TEMU es solo un capítulo más de esa pulseada eterna entre la creatividad humana y el parasitismo burocrático.
La modernidad no se detiene con decretos ni con impuestos. O la dejamos entrar, o seguiremos pagando caro por vivir en un país amurallado.