Graziano Pascale
El primer intento legal por dejar atrás la guerra interna declarada por el Parlamento en 1972 se vio frustrado porque los jefes militares de entonces, en la recién restaurada democracia, rechazaban la idea de una amnistía para los militares, en forma recíproca a la otorgada a los presos políticos, en el entendido de que no habían cometido delitos durante la guerra antisubversiva. Eso obligó a decretar la amnistía a través de dos leyes diferentes, una que beneficiaba a quienes estaban presos en ese momento, o habiendo cometido delitos no habían sido apresados hasta entonces; y otra que contemplaba a los militares -con algunas excepciones- , conocida como «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado». A través de esa ley, inspirada en un borrador del entonces joven diputado nacionalista Héctor Martín Sturla, se reconocía que el Pacto del Club Naval, firmado por las Fuerzas Armadas con representantes del Partido Colorado y del Frente Amplio, implicaba de hecho que el Estado renunciaba a perseguir penalmente a los autores de ciertos delitos, cuando los mismos se cometieron en cumplimiento de órdenes de sus mandos militares.
Ambas leyes, que las circunstancias políticas del momento impidieron reunir en un mismo texto (primer grave error de una larga serie iniciada entonces), no hacían más que recoger la tradición uruguaya en materia de amnistías luego de conflictos internos armados. De esto ha dejado amplia y documentada constancia el historiador Juan Pivel Devoto en su libro «La amnistía en la tradición nacional». El mismo recuerda que la amnistía ha sido el instrumento legítimo y recurrente en el proceso de restauración de la paz política, reintegrando en la vida nacional a vencedores y vencidos en las contiendas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esas leyes, sancionadas luego de guerras y revoluciones, apuntaban a la reconciliación nacional, como base del funcionamiento del sistema republicano. Su objetivo no era renegar de la justicia, sino la búsqueda de un equilibrio entre la legalidad y la gobernabilidad del país. Para Pivel Devoto, la amnistía era un acto de soberanía política del Estado, que buscaba apuntalar con ella la construcción histórica de la nación.
Así, la amnistía nunca fue una excepción sino la regla en el Uruguay, luego de los conflictos armados internos, al punto de convertirse en el mecanismo estructural para asegurar la paz política en el país, dejando atrás guerras civiles o movimientos revolucionarios.
Un pilar muy endeble
Lo que había sido una tradición incontestada en la historia del país, se convirtió en motivo de controversia tras la aprobación de la Ley de Caducidad. La negativa de los mandos militares de la época en hacer cumplir las citaciones judiciales generadas por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1984) -lo que hubiera constituido un desacato de tipo golpista en plena efervescencia de la restauración democrática- derivó en la rápida aprobación de la ley de amnistía a los militares.
Lejos de ser un «punto final», aquella ley se convirtió en un nuevo motivo de confrontación, al punto de que fue sometida dos veces a referéndum, y dos veces ratificada por la ciudadanía, caso único en la historia del país. Ello, sin embargo, no fue suficiente para dejar atrás el doloroso pasado de violencia política abierta por la insurrección del MLN, seguido de una dura represión por parte de las Fuerzas Armadas, que a partir del 27 de junio de 1973 careció de todo tipo de control del Parlamento y del Poder Judicial.
El segundo error del liderazgo político fue no advertir que, aún con dudas por la crueldad de algunos delitos, la ciudadanía se había inclinado por mantener en vigencia la ley, asumiendo que era el único mecanismo -como lo enseña la propia historia nacional- para reinstalar la armonía y la convivencia política. Así, se fue abriendo camino, al amparo de una especie de «justicia transnacional», la anulación de hecho de una ley que mantuvo latente el conflicto en el país durante los últimos 40 años.
El presidente Orsi recibió ese legado como una herida abierta en la sociedad, pero al dar los primeros pasos para cerrarla en forma definitiva, no hizo más que abrir un debate en su propia fuerza política, y, por tanto, en el propio gobierno.
El gesto de interesarse ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia por el estado de salud de los ancianos presos en la cárcel de Domingo Arena fue el disparador de este nuevo debate, del que la oposición en su gran mayoría se mantiene al margen.
En el plano político se da por hecho que este gesto del presidente Orsi es el reflejo de acuerdos no escritos con Cabildo Abierto, cuyos votos han sido decisivos en recientes episodios parlamentarios en los que el gobierno, pese a no contar con mayoría propia en la Cámara de Diputados, pudo sortear con éxito situaciones de riesgo, como por ejemplo la reciente interpelación a la ministra Lustemberg por el «caso Danza».
Si todo resulta como parece estar encaminado -el gobierno necesita asegurarse los dos votos de Cabildo en Diputados-, será muy extraño ver al Frente Amplio cerrando una herida que el gobierno de Lacalle Pou mantuvo abierta comprometiendo el apoyo del partido de Manini Ríos, y a los «militantes de los derechos humanos» obligados a no desbordar su protesta, por el riesgo de hacer perder esa inestable nueva mayoría del gobierno en el Parlamento.
La suma de errores acumulados en los últimos 40 años puede llegar a su final. Si el presidente Orsi asume su responsabilidad, puede asegurarse un lugar en la historia del país por la razón que está más lejos de sus votantes incondicionales, pero muy cerca de la voluntad que el ex presidente Mujica había expresado en más de una ocasión.