Cuando la ley deja de proteger y empieza a acostumbrar
En los últimos días, Uruguay volvió a ofrecer una escena que ya no sorprende, pero debería alarmar: una ley votada sin mayor debate público, con impactos concretos sobre la ciudadanía, y con una reacción social mínima, casi inexistente. El caso del SUCIVE no es un hecho aislado. Es un síntoma.
No se trata aquí de discutir únicamente un impuesto, una deuda, una multa o un mecanismo de cobro. Reducir el análisis a eso sería cómodo, pero insuficiente. El problema es otro: cómo se legisla, con qué límites, y qué tan naturalizado está que el Estado avance sin resistencia sobre derechos, garantías o principios básicos, siempre bajo una justificación aparentemente técnica o moral.
La ilusión de legalidad
Una ley puede ser votada y, aun así, ser injusta, desproporcionada o jurídicamente cuestionable. La historia del derecho está llena de ejemplos. El error contemporáneo —y peligrosamente extendido— es confundir legalidad formal con legitimidad democrática.
Cuando una norma se aprueba sin discusión pública real, se comunica de forma confusa, traslada costos o cargas sin evaluar impacto social y se acepta con resignación colectiva, no estamos frente a un problema técnico, sino cultural y político.
Un mecanismo que se repite
Lo que ocurre con el SUCIVE replica un patrón que ya vimos en otros ámbitos:
1.Se presenta la medida como inevitable (“ordenar”, “regularizar”, “corregir”).
2.Se desactiva el debate con lenguaje técnico o moralizante.
3.Se individualiza la culpa (“el que nada debe, nada teme”).
4.La ciudadanía se adapta, no porque esté de acuerdo, sino porque siente que oponerse no tiene sentido.
Este mecanismo no genera ciudadanos responsables; genera ciudadanos cansados.
Cuando el Estado avanza y la sociedad calla
La democracia no se erosiona de un día para otro. Se desgasta lentamente cuando la gente deja de preguntar, los límites dejan de discutirse y el disenso se vuelve incómodo.
El problema no es que “la gente esté dormida”.
El problema es que aprendió que reaccionar tiene costo y que, muchas veces, no reaccionar parece más seguro.
No es ideología, es Estado de Derecho
Defender límites al poder del Estado no es una postura ideológica, es una condición básica de cualquier república democrática.
Las garantías no existen para proteger a los “buenos ciudadanos”, sino para prevenir abusos, errores y arbitrariedades, incluso cuando se actúa “con buenas intenciones”.
Cada vez que aceptamos una ley sin preguntarnos si es proporcional, si es razonable o si respeta principios básicos cedemos un poco más de ese control que define a una democracia madura.
El verdadero riesgo
Hoy es el SUCIVE.
Ayer fue otra causa presentada como incuestionable.
Mañana puede ser cualquier otra medida “necesaria”.
Cuando el poder se acostumbra a avanzar sin resistencia, no se detiene solo.
Una pregunta incómoda, pero necesaria
¿En qué momento dejamos de discutir las reglas y empezamos solo a adaptarnos a ellas?
Porque cuando la ciudadanía renuncia al pensamiento crítico, el problema ya no es una ley puntual.
El problema es qué tipo de sociedad estamos aceptando ser.
Desde la clínica y el peritaje forense, puedo afirmar que una sociedad que naturaliza el miedo y castiga el disenso no solo vulnera garantías jurídicas: deteriora gravemente la salud mental colectiva.
El sufrimiento que generan las leyes injustas no siempre deja huella en los expedientes, pero sí en los cuerpos, en la psiquis y en el silencio de quienes aprenden que hablar tiene costo.