Graziano Pascale
La decisión de llamar al Ejército a operar en un ámbito estrechamente vinculados a la seguridad pública, revela, entre tantas cosas, la colosal crisis que el país vive en ese sector, y la necesidad de encarar alguna acción que pueda mostrar resultados concretos.
La idea de utilizar la infraestructura y el personal militar para inculcar disciplina, valores ciudadanos básicos, instrucción militar y enseñanza de oficios a menores delincuentes -llamados «infractores» en la jerga legal – no es nueva. Ya la había propuesto en el año 2016, sin éxito, el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos.
En el período pasado, bajo el conducción de Javier García, el Ministerio de Defensa había formalizado un acuerdo con el INISA por cupos para egresados de hogares del Instituto en Liceos Militares.
Una década después, la idea inicial vuelve al tapete , esta vez como propuesta del propio INISA, que impulsará un acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional en procura de los mismos objetivos que en su momento propuso Manini.
El fracaso del Estado en la resocialización de los delincuentes menores de 18 años es una realidad, que retroalimenta un circuito de violencia y muerte, destruye el entramado social, y desalienta a pequeñas empresas barriales, que son el medio de vida de miles de personas.
Aunque este acuerdo entre el Inisa y el Ministerio de Defensa consiste en un plan para 20 menores voluntarios «en conflicto con la ley», como se dice en el lenguaje políticamente correcto, a nadie escapa que se trata de un primer paso en procura de un objetivo más amplio, que consiste básicamente en incorporar al Ejército en tareas vinculadas a la seguridad pública. Ya se había hecho con las guardias perimetrales en las cárceles, que si bien contribuyeron a evitar las fugas clásicas, fueron un factor de irritación en los vínculos entre la Policía y el Ejército, porque el control de la entrada y salida de los establecimientos se mantuvo en manos policiales.
Bien visto por la población en general, este acuerdo ha sido motivo de críticas sobre todo en medios de izquierda. Y si bien esas críticas se alimentan de un viejo recelo, deben ser tomadas en consideración, especialmente por lo que no se dice.
Como institución subordinada al mando civil surgido de un gobierno democrático, el Ejército está obligado a cumplir con las misiones que le encomienda el mando superior. Pero los hechos del pasado reciente, y sus secuelas que se mantienen hasta hoy, hacen presumir que acciones de esta naturaleza deben tener un marco legal que evite zonas grises, y que asegure al mismo tiempo el éxito de la misión encomendada.
Todo lo anterior, con ser importante, no agota la lista de preocupaciones que el tema pone sobre la agenda. Como en el ajedrez, es necesario imaginar los siguientes movimientos, para analizar los distintos escenarios que se conformarán en el tablero. Y eso lleva a que el marco legal sea lo más preciso posible, porque es muy posible que el avance de la criminalidad obligue a usar a la fuerza militar no sólo para inculcar valores de disciplina, respeto a la autoridad y hábitos laborales.
Es sólo cuestion de tiempo. Y más vale estar preparados por si ese momento llega.