Hay una frase en Uruguay que funciona como una piña en la boca. No es un argumento. No es una razón. Es una guillotina: **»Es un derecho adquirido.»**
Cuando alguien la pronuncia en una mesa de negociación, se acabó. No se analiza si el contexto cambió, si la tecnología transformó el trabajo, si los números ya no cierran. Nada importa. El derecho está adquirido y punto.
Daniel Laborde, director de Conaprole, acaba de decirlo con una claridad que duele: “Es muy desgastante estar en conflictividad continua, cuando la contraparte te dice que si no le das lo que ellos quieren, te hacen un paro.” Nueve meses de conflicto. Cuatro propuestas del Ministerio de Trabajo aceptadas por la empresa. Las cuatro rechazadas por el sindicato. Resultado: cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera, leche derramada, 30 productos faltantes en góndolas, exportaciones comprometidas.
No hubo conversación. Hubo monólogo sindical.
Toda conversación genuina requiere una condición previa: la disposición emocional de aceptar al otro como legítimo otro en convivencia con uno y los demás. Cuando dos personas conversan, lo que hacen es coordinar coordinaciones de acciones en el lenguaje. Eso requiere que ambos estén dispuestos a dejarse transformar por el encuentro. Si uno llega con la decisión tomada, no hay conversación: hay imposición disfrazada de diálogo.
“Es un derecho adquirido” es exactamente eso: la declaración de que no habrá transformación mutua.
Cuando la cámara reemplazó al inspector pero la comisión no se movió
Esta semana Telemundo informó que la IMM no prevé cambios en la normativa que otorga a los inspectores un porcentaje de la recaudación por multas. La respuesta de la administración Bergara: “Son derechos adquiridos.”
En 2018 la IMM instaló cámaras electrónicas para fiscalizar el impago de patentes. Lo que antes hacía el inspector caminando calle por calle ahora lo hace un software. El esfuerzo humano se redujo a ser, en palabras del propio delegado sindical Cuevasanta, un “filtro humano” que valida lo que la cámara ya detectó.
Pero las comisiones se mantuvieron: 35% por cada multa de patente impaga, y hasta 40% en infracciones de tránsito como exceso de velocidad o alcoholemia. En 2024, según el senador Lema, los inspectores se repartieron US$ 4,2 millones solo en comisiones. Las cámaras multiplicaron la capacidad de multar, la recaudación explotó y quienes las pagamos también explotamos porque percibimos que nos explotan, y los funcionarios siguieron cobrando como si patrullaran a pie. ¿Abuso?
Sociedad Anónima: nadie da la cara y todos cobran.
La paradoja: el derecho que destruye derechos. Cuando un sistema deja de conversar, deja de adaptarse. Y un sistema que no se adapta se destruye. Tenemos una bomba atómica en nuestro querido Uruguay que entró en la fase pre-autoritaria. ¿Próxima parada? Camino a Venezuela o Cuba.
Conaprole lo demuestra en carne viva. Los mismos puestos que el sindicato AOEC decía defender ya no existen. El “derecho adquirido” a rechazar cualquier cambio terminó destruyendo el derecho más básico: tener trabajo. ¡¿Llamamos a la OIT!?
Todo sistema vivo sobrevive en la medida en que puede cambiar su estructura mientras conserva su organización. El sindicato confundió velocidad con tocino ¡una vez más!. Defender la organización del trabajo es legítimo. Petrificar la estructura —las mismas comisiones, las mismas dotaciones, los mismos procedimientos, sin importar que el mundo cambió— es autodestrucción.
Usan lo público para apoderarse de lo privado… grave es poco decir.
La lógica selectiva
Un tuit de @soyLabagual que circuló esta semana lo expuso con una claridad prístina: “Las jubilaciones profesionales también son derechos adquiridos y no les dolió nada rebajarlas. El Fonasa también. Son derechos adquiridos de los compañeros. Votos comprados y Montevideo sumergida.”
Las emociones definen qué argumentos se consideran válidos. “Derecho adquirido” no es un concepto jurídico que se aplica universalmente. Es una herramienta emocional que se activa selectivamente. Los derechos del sindicato municipal son sagrados, exclusivos de la ca$ta. Los de los profesionales jubilados eran ajustables. La diferencia no es jurídica: es de poder.
Y mientras tanto, en 13 meses del año 2018 se explotaron 67 cajeros automáticos sin que las cámaras de seguridad identificaran a los responsables. «¿Derecho adquirido?» Pero la Intendencia, con esas mismas cámaras, detectó y multó a más de 800 montevideanos en solo tres meses por tirar basura.
1,8 millones de certificados médicos
En 2025 se otorgaron más de 1,8 millones de certificaciones médicas. Las justificaciones por enfermedad crecieron 8,4% según el BPS. En un país de 3,4 millones de habitantes: más de un certificado por cada dos uruguayos.
¿Estamos tan enfermos? ¿O el certificado se convirtió en otro “derecho adquirido” tácito — el derecho a no estar donde no queremos estar? Hacer de cuenta que trabajamos y no trabajamos, hacer de cuenta que vivimos en democracia y no es cierto, hacer de cuenta que apoyo al gobierno y tampoco es cierto… el gobierno hace de cuenta que sabe solucionar y tampoco es cierto, que sabe negociar y tampoco es cierto -se acaban de entregar al imperio chino-, que sabe gestionar el tráfico y tampoco es cierto… este listado es casi infinito.
Todo humano opera desde su propia estructura. El ser humano se auto-norma, se auto-organiza NATURALMENTE. Cuando esa autonomía se niega sistemáticamente — ocho horas haciendo algo que no eligió, para alguien a quien no eligió, bajo reglas que no creó — el organismo busca salidas. El certificado médico es una de ellas.
Pero nadie conversa sobre esto pero los datos gritan. El sindicato defiende las condiciones. La empresa defiende la productividad. El BPS paga. Y el sistema sigue girando.
La conversación que falta
El problema no es que existan derechos laborales. El problema es que “derecho adquirido” se convirtió en el mecanismo perfecto para evitar la conversación sobre si lo que hacemos tiene sentido y ¿Cómo mejorarlo?
La salud de un sistema se mide por su capacidad de conversar sobre sí mismo. Una familia sana habla de sus problemas. Una empresa sana revisa sus procesos. Un país sano cuestiona sus estructuras.
El derecho más importante — el derecho a conversar sobre lo que no funciona — es el único que nadie en Uruguay parece estar dispuesto a adquirir. ¿Le avisamos a la OIT que se rompió el derecho al trabajo?
Fuentes:
Subrayado: Conaprole cierre Rivera (11/02/2026) · El Observador: comisiones inspectores IMM (2021/2022) · La Prensa / Uruguay Al Día: sistema de multas (02/2026) · Subrayado: 800 multas por basura (02/2018) · Montevideo Portal: 67 cajeros explotados (2018) · BPS: certificaciones médicas 2025 ·
