Graziano Pascale
El cambio de estrategia para llegar y mantenerse en el gobierno ha llevado al Frente Amplio a una situación inédita, que entraña riesgos como nunca antes había enfrentado
Veamos las razones en esta columna.
Las tres victorias consecutivas del FA se basaron en la esperanza del cambio luego del colapso del año 2002, y en la promoción de un programa renovador, que incorporó a la legislación temas que hasta entonces estaban fuera del debate político u ocupaban un lugar marginal dentro del mismo, como el matrimonio de personas del mismo sexo, la despenalización del aborto o la parcial legalización del mercado de drogas hasta entonces prohibidas.
Aunque varios de esas leyes dividieron a la sociedad, su aprobación por parte de un Parlamento democrático o el fracaso de plebiscitos para derogarlas terminaron legitimando el cambio político que supuso la victoria electoral de la izquierda. Los 15 años ininterrumpidos del gobierno del FA llegaron a su fin en el 2019 con la victoria de la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou, como consecuencia -lo usual en las dinámicas de alternancia en el poder en sociedades democráticas- del desgaste en el ejercicio del poder, la falta de relevos a la altura del desafío electoral y el surgimiento de una opción de renovación y recambio generacional.
Hasta aquí nada que pueda considerarse como un apartamiento de los pilares sobre los cuales se construye el consenso y la armonía política en una sociedad democrática.
La gran novedad vino en la elección del año 2024. Agotados por imperio de la biología los liderazgos que cimentaron las victorias anteriores, el Frente Amplio se encontró con una inesperada victoria, en el epílogo de un quinquenio en el cual el liderazgo de Lacalle Pou no pudo sostenerse en el último tramo de su gobierno -respaldado por una mayoría social reflejada en todas las encuestas conocidas- como para llevar a la Coalición a un segundo mandato, lo cual parecía el desenlace lógico de su gestión..
El desconcierto ganó entonces a todo el sistema político. El oficialismo no pudo reponerse de la sorpresa del resultado, y se sumergió en una amarga cadena de reproches, algunos públicos y otros más reservados. El Frente Amplio, sin un liderazgo del tipo que había conocido hasta entonces, se organizó en torno de las fuerzas que lo habían llevado a la victoria: el poderoso MPP, dueño de la gran maquinaria político-electoral de la coalición, y el Partido Comunista, de menor caudal electoral, pero decisivo en el control del aparato sindical y de las llamadas «organizaciones sociales», minorías organizadas por fuera del Parlamento que ejercen poderosa influencia en el entramado político de la izquierda, y desde allí se desparrama al resto de la sociedad.
Huérfanos de la esperanza del cambio, y sin un programa renovador como el mostrado en los gobiernos anteriores, el Frente Amplio optó por lo que podríamos llamar una «estrategia de la discordia», consistente en oponerse a rajatabla a la gestión del gobierno saliente, confiando en que ese factor de irritación social ayudaría a mantener unida a una coalición que empezaba a mostrar prematuros signos de desgaste desde el inicio mismo de la gestión. Para no abundar, una prueba de esto último la encontramos en la resistencia generada en los sectores más radicales del FA ante la designación de Gabriel Oddone como ministro de Economía. El sucesor de Azucena Arbeleche entendió que esa estrategia de confrontación con el gobierno saliente sólo agregaba «ruido» innecesario a una tarea que ya se perfilaba difícil por las restricciones presupuestarias impuestas por el gasto, fuera de toda previsión posible, generado primero por la pandemia y luego por la prolongada sequía.
Un criterio distinto siguió el «triunvirato» encabezado por Orsi e integrado además por Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, que apostó a la confrontación sin tasa ni medida desde el primer día. Así quedó de manifiesto con el desconocimiento de la licitación para la planta potabilizadora en el Río de la Plata (proyecto Arazatí) en las primeras semanas de gobierno, el desmantelamiento de la reforma promovida en la educación, la revisión de varios capítulos de la LUC -pese a su ratificación plebiscitaria- y la denuncia penal por la compra de las patrulleras al astillero español Cardama.
Esta última operación, seguida por la rescisión del contrato, ha llevado al clímax a la estrategia de la discordia, piedra angular del cuarto gobierno del Frente Amplio. En este aspecto se advierte una diferencia notoria en el relacionamiento de los gobiernos de Vázquez y Mujica con la oposición, más allá de desencuentros puntuales o breves escaramuzas. Aquí estamos en presencia de un plan de vasto alcance, del que parece cabeza visible el Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y que es la continuación del concepto de «lucha de clases» llevado al terreno político. La paz política del país está en juego, y cualquiera sea el desenlace de este conflicto en pleno desarrollo la armonía de base del sistema democrático republicano quedará gravemente herida.
«Peor que un crimen. Un error»
Temiendo una amenaza monárquica a su gobierno, Napoleón Bonaparte ordenó en 1804 la ejecución del duque de Enghien, luego de un juicio sumario armado tras su secuestro en territorio extranjero. Su jefe de policía, el temible Joseph Fouché, dijo entonces que la decisión de Napoleón «es peor que un crimen, es un error». Con ello quiso decir que el fusilamiento no sólo era reprobable moramente, sino que había sido una decisión políticamente torpe, porque lejos de fortalecer a Napoleón, lo debilitaba frente a a opinión pública europea, dominada entonces por monarquías en distintos países.
Dos siglos después, aquella advertencia de Fouché sigue siendo una luz amarilla en el tablero de cualquier gobernante.