Graziano Pascale
Sin necesidad de recurrir a colaboradores para filtrar noticias a la prensa, ahora es Jorge Díaz quien se encarga personalmente de la tarea, que complementa con una cabalgata por los medios de comunicación acusando a la oposición de ser cómplices de una estafa y de un estafador, en perjuicio del país. Casi nada….
Lo hace desafiando a todas las encuestas, que coinciden en marcar la caída más notoria de la aprobación del gobierno a partir del mes de octubre, cuando -en un intento por apagar el incendio del pluriempleo inconstitucional del Dr. Danza- puso en marcha su «operación Cardama», que en los hechos fue una declaración de guerra al gobierno saliente.
Desde entonces la caída del gobierno no sólo no se detuvo -primer y obvio objetivo de la maniobra – sino que se acentuó.
El resultado de la estrategia no podría haber sido otro. La historia política del país está plagada de ejemplos que muestran que una actitud constructiva, de grandeza, que una en lugar de dividir, siempre termina siendo apoyada por los votantes. El caso paradigmático es el de la «gobernabilidad» de Wilson al primer gobierno de Sanguinetti. En lugar de apostar por una oposición a rajatabla, como respuesta al Pacto del Club Naval que lo marginó injustamente de las elecciones de 1984, Wilson actuó en forma constructiva, en una estrategia que aunque no lo benefició porque falleció antes de las elecciones siguientes, fue clave porque condujo con su «mano invisible», como escribió Enrique Beltrán en una memorable columna, al Partido Nacional y a Luis Lacalle Herrera a la victoria.
Jorge Díaz, heredero y discípulo de la ideología que entiende la política como la extensión de la «lucha de clases» del marxismo, impulsó al gobierno a una estrategia opuesta. Y ahora se empiezan a ver los resultados.
Su último y más reciente error es haber impulsado la rescisión del contrato de Cardama al amparo del artículo 70 del Tocaf. Esa estrategia coloca al astillero español en una mejor posición, ya que en lugar de demandar al Estado ahora actuará como demandado, obligando al gobierno a mostrar todas las cartas, una posición que los abogados expertos en litigio suelen preferir porque mejora sus posibilidades si tienen un «caso fuerte».
El placebo del titular de prensa «Cardama desiste de la demanda», como si fuera una gran victoria judicial del gobierno, dejará de surtir efecto en pocas semanas, cuando el astillero de Galicia despliegue su estrategia.
El artículo 70 del Tocaf
El gobierno se decantó por rescindir el contrato con Cardama utilizando el mecanismos previsto en el artículo 70 del Texto Ordenado de Contabilidad y Finanzas (TOCAF), en lugar de hacerle conforme a lo que establece el Código Civil en materia de rescisión.
La norma invocada por el gobierno establece lo siguiente:
«La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.»
Este es un caso excepcional, en el que el cumplimiento y la ejecución o no del contrato queda sujeto a la voluntad de una de las partes, sin intervención de un tercero, como podría ser un juez o un árbitro.
Increíblemente, esta movida del gobierno favorece a Cardama, al perder sentido el extenuante juicio de reclamación de daños y perjuicios por la vía civil. El desestimiento del juicio es una pésima noticia para el gobierno uruguayo.
El camino elegido tiene un flanco débil como marco general, que es la dudosa constitucionalidad de una norma que de hecho genera indefensión en una de las partes, violando el principio de igualdad y legítima defensa.
Pero a eso hay que agregar que el argumento invocado por el gobierno -un defecto en la garantía- no constituye un «incumplimiento grave», ya que la garantía es un contrato accesorio, y el contrato principal se venía cumpliendo sin mayores apartamientos de lo previsto en el contrato. Más aún, los problemas surgieron en octubre, cuando el gobierno anunció que iba a rescindir, lo cual impactó negativamente en los proveedores de Cardama, que veían peligrar el pago de sus suministros.
Más que dos patrulleras oceánicas, el gobierno del presidente Orsi, con el asesoramiento del Dr. Jorge Díaz, se ha comprado un problema gigantesco. El famoso «ahorro en los dineros del Estado» terminará en una sangría gigantesca de recursos, para financiar lo que en el fondo no es otra cosa que una operación política contra el gobierno de Lacalle Pou, que además terminará muy mal.