En 1902, Hanoi tenía un problema de ratas y una administración colonial francesa convencida de la ingeniería social. La solución parecía elegante: pagar una recompensa por cada rata muerta, a cobrar contra entrega de la cola. Las colas empezaron a llover y los funcionarios celebraron, hasta que alguien notó que la ciudad estaba llena de ratas vivas sin cola: los cazadores las soltaban después de cortarles el apéndice cobrable, para que siguieran criando materia prima. Poco después se descubrieron los criaderos: en los suburbios de Hanoi había granjas de ratas, montadas por emprendedores que habían entendido el programa mejor que sus diseñadores. La administración canceló las recompensas, indignada con la inmoralidad de los vietnamitas. No se le ocurrió indignarse con el precio.
La historia tiene hermanas en todos los siglos, y todas terminan igual: con el diseñador del premio escandalizado por la moral ajena. La Unión Soviética pagaba a las fábricas de clavos por tonelada producida, y las fábricas entregaron clavos gigantes, pocos y pesados, inútiles para clavar nada; cuando la cuota se cambió a cantidad de unidades, produjeron millones de clavitos de alfiler, igual de inútiles; la propia revista satírica del régimen inmortalizó el clavo único de una tonelada colgando del techo de la fábrica. Cuando aparecieron los Rollos del Mar Muerto, los anticuarios pagaban a los beduinos por fragmento, y los beduinos, que no eran filólogos pero entendían aritmética, rompieron rollos enteros en pedacitos: más fragmentos, más plata, menos Biblia. Y la Inglaterra de 1696 gravó las ventanas de las casas, convencida de que las ventanas eran un buen indicador de riqueza: el país respondió tapiando ventanas a ladrillo, y todavía hoy se ven las cicatrices en las fachadas georgianas. El impuesto a la luz produjo oscuridad, que es lo que los impuestos hacen con casi todo lo que tocan.
El espejo positivo de la serie es el mejor argumento, porque muestra el mecanismo funcionando al revés. A fines del siglo dieciocho, la corona británica pagaba a los capitanes por cada convicto embarcado hacia Australia, y los barcos llegaban con hasta un muerto de cada tres: el prisionero, una vez cobrado, era carga que consumía comida. Los sermones de los reformistas no movieron un decimal. Entonces alguien cambió, en esencia, una sola palabra del contrato: se pagaría por convicto desembarcado vivo. La mortalidad se derrumbó a casi nada en el primer viaje. Los capitanes eran los mismos hombres, con las mismas almas, la misma codicia y la misma época; nadie se convirtió en el puerto. Lo único que había cambiado de moral era el contrato.
La ley que atraviesa los cuatro siglos es una sola y es incómoda por lo simple: la gente responde a incentivos, y la moral de una población es la constante mientras el premio es la variable. Los vietnamitas de 1902 no eran más tramposos que los parisinos; los beduinos no eran más codiciosos que los anticuarios que les ponían el precio; los capitanes no se volvieron buenos: se volvieron bien pagados por la bondad. Cada época diagnostica decadencia moral cuando lo que tiene delante es una lista de precios mal escrita. El moralista denuncia al ratero. El economista pregunta quién le puso precio a la cola.
Todo esto viene a cuento de un artículo reciente de Karina Mariani que documenta, con datos excelentes recogidos de un reportaje de The Atlantic, la epidemia de diagnósticos en las universidades de élite americanas: 38 por ciento de estudiantes con discapacidad certificada en Stanford, contra 3 o 4 por ciento en los colegios comunitarios donde estudian los pobres, que son precisamente los que peor salud tienen. Estudiantes que se declaran jainistas devotos, una religión que prohíbe dañar hasta a los vegetales de raíz, para cobrar el reembolso del comedor y gastarlo en el supermercado orgánico. El cuadro es exacto y el gradiente es la prueba: la discapacidad no sigue a la epidemiología, sigue a la tabla de premios. Pero el diagnóstico que organiza el artículo, lo que su título llama el «declive moral» de las élites y su primera línea describe como una metamorfosis del «tejido moral», es el mismo error de la administración de Hanoi. Y lo notable es que la propia Mariani roza la respuesta cuando señala el «incentivo perverso» de los psicólogos que venden certificados a medida: tiene la llave en la mano, puesta en la cerradura, y el artículo termina sin girarla. Esos estudiantes no son moralmente peores que sus abuelos: son sus abuelos, con otro catálogo. Donde el agravio certificado paga tiempo extra en un examen con curva, la oferta de agravios crece como crecían las granjas de ratas. Y la curva agrega la vuelta de tuerca darwiniana: como la nota es relativa, el fraude masivo castiga al honesto por serlo. La trampa expulsa al honesto, hasta que deja de serlo. Entonces lo recluta.
Conviene entender por qué el diagnóstico moral seduce tanto, en 1902 y ahora. Porque es barato. La indignación no exige tocar un solo formulario: se sermonea a la generación, se añora la fibra de los mayores, y el diseño del premio queda intacto, junto con sus diseñadores. El diagnóstico de incentivos, en cambio, es carísimo: obliga a admitir que el 38 por ciento de Stanford no lo produjo el carácter de los alumnos sino el reglamento de la universidad, que la industria de los certificados a medida existe porque alguien volvió rentable el certificado, y que la responsabilidad sube por el organigrama en vez de bajar por la pirámide de edad. El moralista siempre acusa hacia abajo. Los incentivos siempre apuntan hacia arriba.
Y ahí está, escondida, la única buena noticia del asunto. Si la generación del atajo fuera un declive moral, no habría arreglo: las almas no se legislan. Como es una respuesta a precios, el arreglo existe y es conocido: se reescribe el contrato y la moral mejora en un semestre, como mejoró en los barcos a Australia sin que ningún capitán pisara una iglesia. Que el diagnóstico requiera menos épica es, precisamente, su ventaja. En Hanoi nunca faltaron ratas ni sobraron santos. Faltó, como falta siempre, alguien que pensara dos veces antes de ponerle precio a una cola.